Javier Miranda. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
A la baja
Según los datos de la Rendición de Cuentas de 2020 presentadas por el Frente Amplio a la Corte, el partido obtuvo ingresos ordinarios ese año por $ 42.818.022, la cifra más baja de los últimos años.
Estos ingresos incluyen los aportes de quienes ocupan cargos políticos y de los adherentes. En 2020, los primeros fueron de $ 39.191.305, lo que implicó una caída de 37,85%; el año anterior habían ascendido a $ 63.068.826 (con el peso a valores de 2020). Respecto de la recaudación producida por los aportes de los adherentes, la caída fue de 43,24%: en 2020 llegó a $ 3.626.717, mientras que en 2019 había sido de $ 6.389.348.
La baja en los aportes de quienes ocupan cargos políticos se debe a que después de 15 años el Frente Amplio no se encuentra en el gobierno y, por tanto, el partido cuenta con menos personas en esos espacios. A su vez, según dijo a Búsqueda el administrador del Frente Amplio, Jorge Gotta, el descenso en los aportes de los adherentes se explica por la pandemia: “Teníamos un sistema de cobradores que, por ejemplo, iban hasta los comités de base. Ahora, con la pandemia, no podés hacer ni siquiera un puerta a puerta, pero no es que se borran por una razón política”.
Los problemas financieros en la coalición de izquierdas provocados en parte por la baja en los ingresos y los costos de la campaña electoral desembocaron en ásperos debates internos a lo largo del año pasado. En marzo el Frente Amplio creó una comisión para que propusiera recortes de gastos para mitigar un déficit mensual de US$ 35.000. Una de las medidas adoptadas fue una rebaja del sueldo de su presidente Javier Miranda (Búsqueda Nº 2.062).
Corte Electoral. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
En ascenso
Producto de sus votos y de que el presidente es Lacalle Pou, el Partido Nacional se quedó con la mayor parte de los cargos asignados a la coalición multicolor. El impacto en su caja fue inmediato.
Los ingresos del Partido Nacional alcanzaron en 2020 $ 34.776.354, la cifra más alta desde 2013. En esta colectividad se incluye en esta cifra los aportes públicos realizados anualmente en función del artículo 39 de la Ley de Funcionamiento de Partidos Políticos (4 unidades indexadas —UI— por cada voto obtenido en la última elección nacional), además de las donaciones.
Fruto de haber accedido al gobierno nacional, los aportes por los cargos políticos casi que se duplicaron: $12.166.356 en 2020, 97,4% más que en 2019.
Pero también los de los adherentes aumentaron a niveles similares en los últimos años: pasaron de $ 4.933.431 en 2018 a $ 9.605.535 en 2020 (aumentaron 94,7% en dos años). La explicación, dijeron a Búsqueda fuentes del partido, radica en que tanto quienes fueron electos convencionales tras las elecciones internas como los candidatos a las listas tenían la “obligatoriedad” de estar al día con sus aportes.
Senadores de Cabildo Abierto. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Cabildo vs. colorados
Si bien el Partido Colorado sacó 31.000 votos más que Cabildo Abierto en las elecciones nacionales, las rendiciones de cuentas de ambas colectividades políticas muestran que los ingresos del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos fueron más de cuatro veces mayores en 2020.
Cabildo Abierto declaró ingresos por $ 25.794.238, lo que incluye $ 6.534.389 por aportes de cargos y $ 11.724.975 de “cesiones de partidas de legisladores”. Según dijo a Búsqueda el senador Raúl Lozano, al no existir sectores dentro de esta colectividad política, las partidas de bancada van a parar a las arcas del partido. También las partidas de secretaría tienen un destino similar, aunque Cabildo Abierto termina haciéndose cargo de este pago: en 2020 gastó $ 10.768.536 en sueldos de secretarios de parlamentarios, según consta en el documento entregado a la Corte Electoral.
También el Partido Independiente presentó ingresos mayores en 2020 al Partido Colorado, por $ 7.623.337. Su único diputado, Iván Posadas, explicó que vuelca directamente a la cuenta bancaria de su colectividad política las partidas de secretaría y de bancada. En la rendición presentada, dichas partidas sumadas a la de los “representantes partidarios” suman 76,7% de los ingresos.
Por su parte, el Partido Colorado apenas presentó ingresos por $ 6.127.952, de los cuales casi $ 4 millones son por aportes de cargos políticos.
El balance de Cabildo Abierto es negativo en casi $ 3,5 millones e incluye gastos en “apoyos a agrupaciones” de Montevideo y el interior por $ 7,3 millones, mientras que la rendición del Partido Colorado presenta un superávit de $ 535.149.
Gustavo Penadés. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Cambios al financiamiento
Más allá de que el recambio de elencos en el Estado tuvo ganadores y perdedores, todos los partidos con representación parlamentaria concuerdan en la necesidad de cambiar la ley que regula su financiamiento, en particular de las campañas electorales.
En la Cámara de Diputados funciona una comisión especial creada para “estudiar el financiamiento de la democracia” y, si llega a algún tipo de acuerdo, proponer una nueva norma.
Los legisladores trabajan con base en el mismo proyecto de ley que el Frente Amplio impulsó en la legislatura pasada y que naufragó en la Cámara de Diputados tras haber sido votado por unanimidad en el Senado. En aquella ocasión el representante por Maldonado Darío Pérez se negó a dar su voto y la propuesta fracasó.
Cuando el Frente Amplio intentó reflotar el proyecto al final de la legislatura, pasado el balotaje de noviembre, el entonces diputado nacionalista Gustavo Penadés le advirtió al entonces oficialismo que, de aprobarse, la nueva mayoría derogaría la ley aprobada, y a cambio se comprometió a analizar el tema en este período.
Ahora los partidos fundacionales presentarán en estos días modificaciones al proyecto inicial del Frente Amplio.
En un documento interno del Partido Nacional sobre el proyecto al que accedió Búsqueda, se cuestiona que la actual redacción “apenas” introduce “modificaciones parciales a la normativa vigente, contribuyendo a complejizar el sistema, sin que ello permita prever un mayor grado de transparencia”.
La principal crítica al proyecto es que prohíbe a personas jurídicas realizar donaciones. Según el documento, la “experiencia internacional indica que no es la mejor solución” para obtener una “mayor transparencia” e incluso podría operar “en dirección contraria a la esperada”. También se critica que se eliminen las donaciones anónimas de bajo monto.
A su vez, se cuestiona que en el proyecto la Corte Electoral actúe como “agencia de medios”. La referencia es a que la actual redacción establece que el organismo podrá adquirir minutos para emitir publicidad electoral en horarios no centrales en televisión y radio a solicitud de los partidos, pero siempre a un mismo precio. “Si el objetivo es asegurar que los medios de comunicación no apliquen tarifas diferenciales, se los debería controlar a través de las facturas y de los tiempos de emisión”, dice el documento.
Además, se sostiene que el proyecto debería incluir expresamente un “régimen sancionatorio gradual”, dado que lo que se busca es “encauzar el comportamiento de los partidos políticos para que actúen de acuerdo a la normativa”.
En el Partido Colorado hay coincidencias con algunas críticas. Por ejemplo, su bancada también está dispuesta a habilitar la contribución de personas jurídicas que no reciban subvenciones ni subsidios del Estado ni que sean concesionarias o contratantes con el Estado.
A su vez, los colorados proponen aumentar los montos habilitados para las donaciones en valores muy superiores a los que marca el proyecto del Frente Amplio (por ejemplo, el valor para las fórmulas presidenciales se eleva de 400.000 UI a 3.000.000 UI). También quieren que durante los tres meses previos a la elección quede prohibida, “sin excepción alguna”, la publicidad por parte del Estado.
Por último, establece que la Corte Electoral podrá solicitar la colaboración del Tribunal de Cuentas para realizar auditorías de las rendiciones de cuentas que presentan los partidos.
Por su parte, Cabildo Abierto expresó en voz de su diputado en la comisión, Álvaro Perrone, que su partido no apoyará el tratamiento del proyecto hasta que no se resuelva la nueva integración de la Corte Electoral, en la que contarán con un ministro.