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Los delitos violentos se concentran en los contextos periféricos pero “son amplificados” cuando alcanzan los barrios de clase alta
Un informe del Ministerio del Interior afirma que la violencia ejercida sobre las personas, que es la que genera “el sentimiento de inseguridad”, se ubica en zonas con hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas
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Ni el del ministro Eduardo Bonomi, ni el del subsecretario Jorge Vázquez, ni siquiera el suyo; si le dan a elegir entre todos los artículos incluidos en el libro sobre seguridad que publicó el gobierno en diciembre, el director Nacional de Policía, Mario Layera, recomienda el de François Jacottet, sociólogo y subcomisario de la Dirección de Información e Inteligencia. Lo recomienda porque comparte su análisis y también sus conclusiones.
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El crecimiento sostenido de la delincuencia en los últimos años no tuvo una distribución homogénea, sino que los delitos violentos aumentaron más en las zonas de mayor pobreza y exclusión. Y sin embargo, cuando ese tipo de violencia alcanza los sectores de mayores ingresos, los episodios se magnifican en los medios y aumentan los reclamos de mayor represión por parte de sectores “conservadores”, dice Jacottet en su artículo, en el que analizó más del 90% de los delitos ocurridos entre 2013 y 2015 en Montevideo.
El estudio, incluido en el libro ¿Cómo evitar el delito urbano? El programa de alta dedicación operativa en la nueva Policía uruguaya, editado por el Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo, recomienda quitarle “centralidad” a las medidas represivas en el combate a la delincuencia “a favor de aquellas que buscan limitar los factores precursores de la violencia”.
Las diferencias.
Layera dijo a Búsqueda que el estudio es valioso porque pone foco en el “escenario” donde se cometen los delitos, “uno de los factores que influyen en la ecuación de seguridad”. Para el director de la Policía, el análisis de la delincuencia y el plan para combatirla debe incluir las “características del despliegue policial”, los “perfiles delictivos”, las “características urbanísticas” y los “perfiles de las víctimas”.
Jacottet detectó casi una tormenta perfecta al cruzar los datos de delitos en Montevideo con el de necesidades básicas insatisfechas en los hogares, nivel educativo de sus integrantes, su inserción laboral, y las tasas de fecundidad. Hay una correlación entre el aumento de los delitos violentos contra las personas y las peores condiciones de vida en la capital: amenazas, ataques sexuales, homicidios, lesiones, problemas vecinales, rapiñas, suicidios y casos de violencia doméstica tienen más incidencia en la periferia.
El autor afirma que el aumento de las conductas “reñidas con la ley penal”, particularmente aquellas que presentan mayores niveles de violencia y una exposición mediática que amplifica y difunde los detalles más atroces y el dolor de las víctimas, ha provocado un sentimiento de inseguridad en la población. Por eso cree necesario “tomar distancia de la hiperrealidad construida mediáticamente y de los miedos que alimentan la sociedad”, para buscar respuestas más objetivas acerca de la naturaleza de estos delitos y cómo se distribuyen sobre Montevideo.
El aumento de las conductas “reñidas con la ley penal”, particularmente aquellas que presentan mayores niveles de violencia y una exposición mediática que amplifica y difunde los detalles más atroces y el dolor de las víctimas.
El análisis de Jacottet forma parte del cuarto capítulo del documento e identifica dos tipos de conductas para dividir los delitos. Por un lado, se encuentran las que afectan la integridad física o psicológica de las personas, como las amenazas, los delitos sexuales, los homicidios, las lesiones, los problemas vecinales, las rapiñas, los suicidios y la violencia doméstica; se trata de aquellas que son la “fuente de mayor preocupación para la población y generador por excelencia del sentimiento de inseguridad”. Por otro, las que afectan estrictamente a los bienes materiales, que son básicamente delitos relacionados al daño y al hurto.
El estudio determinó que en aquellos espacios urbanos de Montevideo donde existe un elevado ejercicio de violencia y delitos sobre las personas residen 173.210 personas. Se trata de contextos de alta vulnerabilidad, donde el 38,83% de los hogares poseen al menos una necesidad básica insatisfecha, el 43,19% de la población alcanzó como nivel máximo la formación primaria y el 70,71% de las mujeres en edad reproductiva tienen al menos un hijo.
En esas zonas, “por cada delito contra la persona, se registran 0,41 delitos y violencias contra bienes materiales”. Si bien el hurto es el crimen más denunciado (36,2%), también tienen un peso relativo importante sobre el total de delitos las rapiñas (20,8%), la violencia doméstica (16,2%) y las amenazas (10,2%)
Por el contrario, en los contextos con prevalencia alta de delitos ejercidos sobre bienes materiales residen 558.849 personas, el 42,36% de la población. En general, estos contextos son los que poseen mayor nivel de bienestar de la ciudad. De hecho, solamente el 14% de los hogares que allí se encuentran presentan al menos una necesidad básica insatisfecha, el 39,32% de las personas alcanzó el nivel terciario y el 41,81% de las mujeres en edad reproductiva no tiene hijos.
Allí, por cada delito contra la persona, se registran 2,59 casos de ataques contra bienes materiales. En este caso, el peso de los hurtos sobre el total de delitos es muy pronunciado, ya que representa el 63,9% del total, mientras que las rapiñas, el 12%.
A partir de sus resultados, Jacottet sostiene que “es correcto” lo señalado por distintas investigaciones realizadas en las últimas décadas en cuanto al aumento de los delitos violentos en Montevideo, pero aclara que estos no afectan de igual forma a todos los espacios urbanos de la ciudad, sino que son mucho más intensos en los sectores más vulnerables.
En aquellos espacios urbanos de Montevideo donde existe un elevado ejercicio de violencia y delitos sobre las personas residen 173.210 personas.
“Los desbordes de estas violencias y delitos, padecidos cotidianamente por estos sectores de la población, cuando alcanzan los espacios más favorecidos de la ciudad son vistos y amplificados como el avance de una alteridad que perturba la convivencia pacífica. Esto provoca una creciente demanda de seguridad y de medidas represivas que apuntan a reforzar la contención de estas expresiones de mundos de vida paralelos que coexisten en el espacio urbano”, señala.
De acuerdo al autor, esas demandas de seguridad son “promovidas fundamentalmente por los sectores más conservadores de la sociedad”.
Como posible solución, propone que la inseguridad se aborde desde una perspectiva integral, desarrollando acciones que sí mitiguen los factores más estructurales de la vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. “Es necesario pensar y discutir la seguridad pública como una dimensión más del bienestar social, particularmente, relativizando la centralidad de las medidas punitivas a favor de aquellas que buscan limitar los factores precursores de la violencia”, concluye.
