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Con el objetivo de “fortalecer” y coordinar los servicios públicos de salud, el gobierno constituyó esta semana una red con todos los prestadores de salud del Estado, en la que se obliga a esos hospitales a comprar servicios entre ellos cada vez que lo necesiten, en lugar de comprarlos a las mutualistas privadas, salvo que la ecuación “costo/beneficio” sea desfavorable.
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En un decreto publicado esta semana y con fecha del 7 de diciembre, el Poder Ejecutivo creó la “Red Integrada de Efectores Públicos de Salud” (RIEPS), cuyo objetivo es “coordinar y facilitar los diferentes servicios a intercambiar” para “alcanzar los máximos niveles de accesibilidad, calidad y eficiencia” de los mismos.
El nuevo sistema está integrado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Banco de Previsión Social, el Hospital de Clínicas, las Direcciones de Sanidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas, el Banco de Seguros del Estado, y las divisiones de salud de todas las Intendencias.
Para ello, se creará un Consejo Directivo Honorario que será encabezado por el presidente de ASSE y en el que estarán representados todos los organismos. Además, se establecerá una Unidad de Coordinación para apoyar el trabajo del Consejo.
Intercambio.
“Los integrantes de la red (...) presentarán los servicios a ofertar a los demás integrantes de la misma. Cuando un organismo integrante necesite contratar alguno de los servicios, los ofrecidos por miembros de la RIEPS serán la primera opción frente a los ofertados por terceros, siempre que la ecuación costo/beneficio no sea desfavorable”, indica uno de los artículos del decreto.
Con frecuencia, los prestadores públicos —como por ejemplo ASSE— destinan un amplio presupuesto a comprar a mutualistas privadas algunos servicios que no pueden prestar por problemas de disponibilidad. En 2010, por ejemplo, ese organismo destinó U$S 35 millones en “derivaciones” a otras instituciones. En general, se trata de camas de CTI o estudios clínicos.
El decreto indica que la Unidad de Coordinación deberá “relevar costos actuales y proponer al Consejo Directivo un sistema de costos uniformes para los servicios a intercambiar”.
Metas.
A partir de la aprobación del decreto el gobierno compromete a los prestadores públicos a cumplir con los indicadores de metas que solicita la Junta Nacional de Salud. Estas son un grupo de exigencias de servicios que pone el Poder Ejecutivo para mejorar la calidad de la atención y cuya contrapartida es un estímulo económico.
Desde que se inició la reforma, ASSE no ha cumplido con esos indicadores y en algunos casos no ha enviado la información correspondiente al Ministerio de Salud Pública.
Uno de los cometidos de la nueva red será el de crear “sistemas de información vinculados a las metas prestacionales del Sistema Nacional Integrado de Salud, y acordar con el mismo modalidades de evaluación y presentación de resultados”.
El decreto también establece que la nueva red deberá fijar “formas de medición de la calidad de los servicios prestados”.
