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Esta semana el gobierno anunció nuevas medidas para promover la inversión en el muy corto plazo, en el marco de los esfuerzos oficiales para contrarrestar una desaceleración de la economía cada vez más notoria.
Mediante un decreto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió otorgar incentivos adicionales a los que ya están contemplados en las normas vigentes para proyectos de inversión que se presenten entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 y que, al menos, ejecuten un 75% de la inversión antes del 31/12/17, así como para las iniciativas que efectivamente se realicen entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31/12/16.
Pablo Ferreri, ministro interino de Economía, dijo que el gobierno procura atraer inversión que “quizás no se realizaría de no contar con los incentivos fiscales” para mantener el “círculo virtuoso entre altos niveles de inversión local e internacional de sesgo productivo y crecimiento económico”.
El número y monto de los proyectos que recibieron exoneraciones impositivas creció en los primeros nueve meses de 2015 (28% en número y 18% en monto en relación con enero-setiembre de 2014), pero la presentación de nuevas iniciativas ha mostrado una retracción de 23% en número y de 13% en monto si se comparan los primeros semestres de este año y del pasado.
Para maximizar el eventual efecto “acelerador” sobre las inversiones, el gobierno definió que las medidas tendrán carácter transitorio. Ante la perspectiva de un deterioro mayor de la economía para 2016, buscó hacer coincidir la vigencia de los estímulos con el momento en que previsiblemente la influencia negativa de la región será mayor.
Hay quienes creen que las exoneraciones fiscales son “determinantes” para aumentar las inversiones y el crecimiento económico. Pero la evidencia es menos concluyente. Ninguna inversión se va a realizar si no hay rentabilidad. Para hacer uso de los mecanismos de promoción, como mínimo hay que generar renta fiscal durante el período en que estén vigentes. O sea: si la inversión no resulta rentable antes de considerar los aspectos tributarios y o de promoción, difícilmente se concrete.
Lo que está generando un freno en el ánimo inversor es la percepción de que a futuro va a ser mucho más difícil generar rentabilidad, si se mantienen los costos internos, si no cambia la estructura de precios relativos, si no baja el gasto público, si no mejora la eficiencia en su ejecución, si se preserva la presión tributaria y si el contexto regional e internacional sigue deteriorándose. La bonanza externa que tapaba todos las dificultades se acabó y el cambio en la coyuntura está comenzando a exponer todos los problemas que no se encararon en lo que supuestamente fue, para algunos, una “década ganada”; en realidad, ya se verá que fue una “década desaprovechada”.
Peor será si se pretende seguir como si no hubiera pasado nada, prometiendo más aumento del gasto público como está previsto en la ley de Presupuesto, intentando mantener los niveles de salario real a como dé lugar, conteniendo la suba del dólar, quedándonos atrapados en un Mercosur que no funciona y manteniendo la ineficiencia en la gestión de las empresas públicas.
En otras palabras: se necesita mucho más que nuevos incentivos para la inversión a efectos de amortiguar el cambio desfavorable en la dinámica económica.
