Los irreductibles galos

Es una idea atractiva, además, porque ofrece una dicotomía simple y accesible a cualquiera que haya completado la escuela: o se es pueblo o se es de los otros. El problema arranca cuando se entra en la definición de pueblo. O mejor dicho, en la creencia en la posibilidad de definir al pueblo. Yo soy más bien refractario a tal idea y tiendo a inclinarme hacia lo que apunta Manuel Arias Maldonado: “El pueblo no existe, salvo porque creemos en él. La sociedad es demasiado plural y contiene intereses demasiado diversos para que algo parecido a un pueblo o a una voluntad popular pueda identificarse sin esfuerzo”.

Creo que esa mirada falla en dos niveles. Por un lado, en la foto que pinta de España y por otro, en la definición del oprimido pueblo catalán. En el primer rubro porque pese a su leyenda negra y su insistente identificación con el atraso y el oscurantismo, la España de hoy poco tiene que ver con la del franquismo. España pasó de ser una rancia dictadura nacional católica a ser el tercer país de Europa que reconoció el matrimonio homosexual. Pasó de la autarquía económica del franquismo a ser una de las economías líderes en el mundo, a pesar de la crisis. Y pasó a ser, según cada uno de los organismos encargados de medir el asunto, una de las democracias más consolidadas y desarrolladas del mundo. Docenas de elecciones se han celebrado desde la Constitución de 1978, a nivel local, autonómico, nacional, europeo, incluidos un par de referéndums, sin que jamás una sola de ellas haya sido cuestionada en su calidad por ningún observador electoral. Seguir apelando a Franco, a los garrotazos de Goya y al maniqueísmo mal intencionado son recursos que pueden funcionar en un intercambio de agresiones en Twitter, pero que no tienen el menor aval empírico. Así que, españoles, Franco lleva más tiempo muerto que el tiempo que fue dictador.

Por otro lado, la idea del pueblo catalán oprimido simplemente no se sostiene más allá del deseo y del victimismo. Gracias a la estabilidad y las garantías que le ha proporcionado esa misma Constitución, Cataluña controla desde hace tiempo su sanidad, la educación, las prisiones, buena parte de la seguridad y su agenda de inversiones públicas. El catalán, la herramienta predilecta del nacionalismo catalán para “fer país”, es la lengua vehicular y prácticamente exclusiva en la educación pública en todos los niveles. Cataluña debe ser además el único caso del mundo en donde el oprimido tiene una renta per cápita muy por encima de la renta per cápita de su opresor. Que, visto así, parece ser el opresor más lerdo y fofo del mundo. Bueno, eso o que en realidad se trata de que los ricos, con la coartada cultural, que se lleva más que la étnica y que asegura el vitoreo de los populistas de izquierda, se quieren sacar de arriba a los pobres.

La actual situación, con la Guardia Civil en Barcelona, investigando el uso de dineros públicos para una actividad ilegal por orden de un juez de Barcelona y no por orden del malvado Rajoy (se le llama separación de poderes), no es resultado de un exceso de celo gubernamental. Más bien al contrario, es resultado de una reacción tardía y por tanto llamativa del Estado ante la ruptura constitucional protagonizada por el Parlament de Catalunya hace unas semanas. En ese pleno de los días 6 y 7 de setiembre, el Parlament aprobó con trámite urgente, sin debate, sin la mayoría que le exige el propio Estatut de Catalunya, haciendo caso omiso a sus propios servicios jurídicos, una ley transitoria que “regula la celebración del referéndum de autodeterminación”. No hace falta ni siquiera esperar al referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, ya que esa ley dinamita la Constitución en Cataluña. Para usar un ejemplo extremo, es como si la Junta Departamental de Montevideo decidiera retirarles el derecho a voto a todos los no nacidos en Montevideo. El gobierno del país le diría: “Señor, usted simplemente no tiene competencias para hacer eso”. Y sería interesante saber qué haría el gobierno si la Junta insistiera en pasarse por el arco la legalidad, con el argumento de que muchos montevideanos están a favor de tal medida.

El problema de dicha ley es que aunque pueda parecer encantadora a los partidarios de la independencia, esos que según parece son el único pueblo definido, deja en la más absoluta indefensión legal a todos los catalanes que no son partidarios de la misma, esos que existen y que son, más o menos, uno de cada dos. Por no hablar de que mutila la ciudadanía de unos 43 millones de españoles. Según mi libretita, cualquier gesto tendiente a limitar los derechos de ciudadanía de la población en un país democrático, no califica como revolución de ningún tipo. Cuando encima es una parte del Estado la que hace eso contra el Estado, la cosa empieza a tener otro nombre con peor prensa: golpe.

La idea de la irreductible aldea gala seduce. Así que conviene recordar que en la aldea gala mandaba un gordo que era llevado sobre un escudo por dos desgraciados, todos eran educados por un druida y el bardo era amordazado antes de cada banquete. Visto el escaso respeto por la legalidad de quienes vienen empujando este proyecto desde el poder en Cataluña, no es raro que haya quien prefiera que el gordo se quede en casa (ya se ha visto cuán central es el papel del rey en todo este asunto), que los desgraciados puedan darle una patada en el culo cada cinco años al tipo que cargan en el escudo, que la educación ya no esté en manos de adoctrinadores y que el bardo pueda cantar lo que se le cante. Como viene ocurriendo en España desde 1978.

Democracia no es solo votar, es también el tiempo que transcurre entre el deseo y sus resultados, el tiempo que se toman la ley y el ciudadano para reflexionar, para asentar la decisión. Esos son los procedimientos, fríos y estables y por tanto más difíciles de vender en un momento caliente, que nos alejan de la tentación populista. No es poco lo que se juega en la partida catalana. Justamente porque la causa de la independencia es válida, es desastroso que en vez de explorar sus posibilidades legales, el secesionismo se haya metido de cabeza en esta exasperada espiral de ilegalidad e intolerancia.