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Nombres como José López o Eduardo Cunha se han vuelto repetidos las últimas semanas. López, secretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas de Argentina, fue detenido mientras intentaba esconder más de U$S 8.000.000 en un monasterio; se negó a declarar a la Justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y está detenido. Cunha, suspendido como presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, se encuentra investigado por el Supremo Tribunal Federal por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos.
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Ambos representan posibles graves casos de corrupción pública en sus respectivos países, en una ola que parece no detenerse y golpea indirectamente en Uruguay: la envergadura de las figuras que son acusadas en Argentina y Brasil ha forzado a la comunidad política local a tomar medidas para demostrar su transparencia en la gestión pública.
Con excepción hasta el momento de la primera dama María Auxiliadora Delgado y del líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, las principales figuras políticas del país y sus esposas han divulgado su situación patrimonial, algo que legalmente solo están obligados a realizar el presidente y el vicepresidente de la República. Además, distintos legisladores han anunciado que preparan proyectos de ley para transparentar las declaraciones juradas de gobernantes, funcionarios y empresarios.
El lunes 20, en “El País”, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó que presentará un proyecto para que sean públicas las declaraciones juradas del presidente, vicepresidente, parlamentarios, ministros e intendentes, y de sus respectivas parejas. El martes 21 la bancada de diputados del Frente Amplio anunció que va a avanzar en una legislación “que permita transparentar al máximo toda la información referida a declaraciones juradas de legisladores y jerarcas”.
Ingresos, rentas, depósitos.
Actualmente y conforme a la ley, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tiene únicamente disponible al público las declaraciones juradas de los actuales presidente y vicepresidente de la República, y del presidente y vicepresidente del período anterior.
Según surge de los documentos accesibles en la web del organismo, al 1º de marzo de 2015 Tabaré Vázquez tenía un patrimonio neto de $ 29.809.946. La declaración de su esposa María Auxiliadora Delgado no se encuentra disponible al público pues se solicitó reserva de confidencialidad. Ante esa situación esta semana la Jutep emitió un comunicado aclarando confusiones surgidas respecto al patrimonio del presidente y su mujer. “En lo que se refiere a la entrega de las declaraciones juradas que está obligado a presentar, Vázquez ha actuado con estricto apego a la legislación vigente, con las aclaraciones pertinentes respecto a las declaraciones de su esposa”.
Con respecto al actual ministro de Economía, Danilo Astori, en el momento en que dejó la vicepresidencia en 2015 fue publicada su declaración en la Jutep: Astori declara un patrimonio neto de $ 10.253.280 pero no los ingresos de su pareja, en este caso porque está divorciado.
Distinta es la situación de los actuales senadores José Mujica y Lucía Topolansky. En la web de la Jutep se encuentra la declaración jurada de ambos, firmada en 2015 cuando Mujica abandonó la presidencia. La misma consta de un patrimonio neto de $ 8.077.063, con ingresos de $ 132.931 para Topolansky en su carácter de legisladora.
La legisladora afirmó a Búsqueda que su sector político, el Movimiento de Participación Popular (MPP), ya tomó medidas para profundizar la transparencia pública. “Todas las declaraciones juradas actualizadas de nuestros legisladores van a ser divulgadas públicamente en la web del MPP”, dijo. Además, el sector presentó al Frente Amplio un proyecto de ley que propone hacer públicas las declaraciones juradas de las personas físicas que manejan fondos públicos, como los empresarios que ganan una licitación, y de los concesionarios de ondas de radio y televisión pertenecientes al Estado.
Mirar con desconfianza.
La oposición también se apresuró a actuar ante el panorama regional. En un acto partidario el lunes 19 el senador nacionalista Luis Lacalle Pou argumentó que, ante lo sucedido en Argentina y Brasil, a los políticos se los “empieza a mirar con desconfianza” y deben dar una señal de transparencia. Lo hizo dos días después en su cuenta de Twitter, publicando su patrimonio neto en dólares (U$S 534.583), y el sueldo, un terreno y un vehículo de su mujer.
Ayer miércoles fue el otro líder blanco, Jorge Larrañaga, quien envió un comunicado mostrando solamente su patrimonio neto ($ 20.804.035) pues está divorciado.
En el Partido Colorado el senador Pedro Bordaberry se sumó al divulgar esta semana su declaración, con un patrimonio neto de $ 22.647.434 que incluye los $ 120.000 que gana su esposa como psicóloga. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también utilizó Twitter para mostrar su declaración jurada y la de su mujer ($ 9.142.779).
Búsqueda consultó al líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, si tenía intención de hacer pública su declaración de ingresos, pero no hubo respuesta.
