N° 1841 - 12 al 18 de Noviembre de 2015
N° 1841 - 12 al 18 de Noviembre de 2015
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) —el gremio de los jueces del Poder Judicial— se ha caracterizado en los últimos años por su laxitud y mínima incidencia sobre las decisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Ha acentuado en cambio actitudes corporativas contrarias a la esencia de la función y, en algún caso —como en el legítimo reclamo al Poder Ejecutivo por el pago del aumento del 26%—, ha exhibido falta de cintura para negociar. Se ha dejado arrastrar por el impulso fedayínico de algunos, lo cual terminará por afectar a todos.
Ahora, ese gremio deshilachado que preside el juez penal Ricardo Míguez sacó de un viejo arcón las imágenes de los tres monos sabios chinos, los que se tapan la boca, los ojos y las orejas. Una interpretación es que representan la filosofía de no hablar del mal, no ver el mal y no oír el mal.
Es lo que la AMU pretende. Que el ciudadano, el que soporta con sus impuestos la estructura judicial, no hable del mal, no vea el mal y no oiga el mal. ¿Qué camino decidió transitar? El de la censura, la restricción y el ocultamiento, contrarios a una sociedad democrática en la que la transparencia —tantas veces reivindicada por la Suprema Corte de Justicia— es fundamental y esencial.
En función de ese derrotero, la AMU le planteó a la Corte que gestione ante los medios que no divulguen los nombres de los jueces implicados en investigaciones judiciales, según informó el sábado 7 “El Observador”. ¿Qué pasó? ¿Perdieron el sentido común? ¿Fumaron algo? ¿O actúan bajo el impulso de brutal ferocidad? ¿Creen realmente que la Corte puede ocultar o darles directivas a los periodistas o a los medios sobre cómo o cuándo publicar una noticia de interés público? Es al revés: si no se publican se presta a especulaciones sobre el resto de los jueces, la mayoría probos. Ninguna ley limita informar. Por el contrario.
El vicepresidente del gremio, el juez de Atlántida Marcos Seijas, declaró —imagino que en representación de los restantes directivos— que “difundir los nombres de los colegas (investigados y/o sumariados) de Treinta y Tres, Paysandú o Salto es como condenarlos públicamente antes del proceso”. ¡Catón vive!
Para completar esa insólita declaración, sostuvo que él no advierte que haya un aumento de las denuncias contra magistrados (si las sabe, sería bueno que diera cifras) pero señaló que en los últimos tiempos aumentó la difusión pública de esos casos, lo que “antes no pasaba”. Como si existiera una conspiración periodística. Es falso. Puedo entender que Seijas y los directivos de la AMU estén distraídos, lo que suele suceder salvo cuando se trata de ascensos, aumento de salarios o de inventar normas (partida de perfeccionamiento académico) sin pagar impuestos, ni rendir cuentas y así incorporar ese dinero al sueldo. ¡Claro que había difusión pública! Recuerdo, en los últimos 25 años, cantidad de casos en los que se publicaban esas denuncias y nunca a nadie en su sano juicio se le ocurrió cuestionarlo.
Lo que no dice Seijas ni nadie de la Directiva de la AMU (ni de esta ni de las anteriores) es que voluntariamente el gremio ha omitido censurar a los jueces corruptos procesados o sancionados que se desvían de sus funciones, afectan a los ciudadanos y abonan la desconfianza en la administración de justicia. Jueces cuyas desviaciones han sido no solo delictivas, sino morales, éticas o administrativas. Tampoco dice que los jueces sumariados de Paysandú, Gerardo Azarola, y de Treinta y Tres, Mariela Tejera, son suplentes en las comisiones fiscal y electoral de la AMU. En la misa y en la procesión.
¿Se puede suponer además que con esto la AMU pretende influir en la decisión que debe tomar su anterior presidente, Rolando Vomero, sumariante de las juezas de Treinta y Tres, Tejera y Virginia Bajac? ¡Claro que se puede suponer! Solo suponer.
La cuestión, como de costumbre, es barrer debajo de la alfombra o abonar el silencio cómplice. Basta con una revisión histórica de la página web de la AMU: las críticas a magistrados corruptos de cualquier tipo brillan por su ausencia. No es casualidad.
Para el filósofo lituano Emanuel Lévinas (1906-1995), la moral se apoya en cuatro palabras: “Usted primero, por favor”. En una sociedad democrática basada en el respeto por las instituciones, en la que se tenga claro el papel de los periodistas y de los medios de comunicación, quien debe estar “primero, por favor”, es el ciudadano, su derecho a estar informado y la libertad de prensa. Sin esta, totalitarismo.
El código modelo de Ética Judicial que la Corte ha asumido como propio establece que la transparencia de las actuaciones del juez (todas las actuaciones) es una garantía de la justicia sobre sus decisiones. Ese mismo código dice que la honestidad de la conducta (no solo la delictiva, insisto) del juez es necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia y que esto contribuye al prestigio de la misma.
El 12 de octubre, durante una entrevista en el programa “Dosmil 30” de Radio El Espectador, un periodista imaginó que podía aportar algo y me preguntó cómo valoraba la justicia. Respondí que ofrece garantías de imparcialidad y que me sentaría tranquilo frente a cualquier juez de cualquier materia.
Después de esto, ahora no estoy tan seguro.