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El modus operandi se veía en las películas: dos personas viajan en moto, le cierran el paso a un auto y acribillan a sus ocupantes antes de que puedan reaccionar. Ese método, desde hace tiempo, dejó de ser ficción y es moneda corriente en Uruguay.
Las autoridades dicen que los “ajustes de cuentas” son la explicación detrás del crecimiento de los asesinatos en los últimos años. El 2017 cerró con un aumento del 5,6% de los homicidios en comparación con el año anterior. Según datos oficiales, 45% de los 283 asesinatos perpetrados el año pasado se produjeron como consecuencia de los “conflictos entre grupos criminales”. Las estadísticas del Ministerio del Interior ubican como segundo motivo más frecuente los “altercados espontáneos” (16%), seguidos de los asesinatos durante robos (13%) y la violencia doméstica (13%). El presente año comenzó incluso peor en ese rubro: en enero hubo 38 homicidios —10 más que en el mismo mes del año pasado—, mientras que en los primeros seis días de febrero la Policía contabilizaba ocho.
Es bastante obvio que la sociedad uruguaya es más violenta que antes. El fenómeno que mejor evidencia este problema es la enorme cantidad de denuncias de violencia doméstica, a razón de un caso cada 14 minutos. Esto implica que miles de personas —la abrumadora mayoría mujeres y niños— sufren allí donde deberían encontrar cobijo.
Pero mientras la opinión pública y las autoridades parecen más conscientes de la gravedad de la violencia de género, en buena medida por el trabajo que realizan diversos actores sociales, en el caso de los homicidios cometidos por bandas organizadas sucede lo contrario. Es una mecánica perversa: ocurre un asesinato violento, el Ministerio del Interior lo califica como “ajuste de cuentas”, promete investigar y mientras lo hace, que pase el que sigue. El término “ajuste de cuentas” actúa como una anestesia. Incluso, hay quienes caen en la estupidez de decir que no hay problema “mientras se maten entre ellos”.
Ese razonamiento es inaceptable desde cualquier punto de vista. El valor de la vida debe estar por encima de las diferencias sociales y de la ética personal. Pero además, quien quiera ver esto desde un punto de vista del “ellos” o “nosotros”, debe tener claro que este espiral de violencia no entiende de geografías ni clases sociales, ocupación, edad ni sexo. ¿Por qué pensar que una persona que mata sin piedad a un rival no recurrirá a ese nivel máximo de violencia cuando cometa un robo? Cuando se cruzan ciertas barreras, la vuelta atrás es muy difícil.
El proceso de violencia y la guerra entre bandas criminales es un fenómeno que está en el radar de las autoridades desde hace años. El 25 de octubre del 2012, Búsqueda tituló un artículo: Comenzó “guerra” entre las “principales organizaciones” de narcos. La nota indicaba que el Poder Ejecutivo, entonces dirigido por José Mujica, estaba preocupado porque la información policial hablaba de enfrentamiento entre bandas.
Muchos muertos después, el conflicto se agudiza.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostiene una y otra vez que su gestión, que ya lleva siete años, ha sido exitosa. Dice que modernizó a la Policía, la dotó de las herramientas tecnológicas para combatir el delito y que los primeros resultados están a la vista: dos años seguidos con un descenso de las rapiñas.
Más allá de los méritos que se le puedan encontrar a la gestión de Bonomi, las cifras de homicidios y ajustes de cuentas de los últimos años indican que el gobierno no ha podido contrarrestar el fenómeno de la guerra entre bandas, algunas de las cuales buscan sustituir al Estado en los barrios, y en ocasiones lo logran.
En el discurso que brindó el 18 de diciembre del 2017 en el marco de un nuevo aniversario de la Policía Nacional, el ministro dijo que las respuestas policiales para construir seguridad por sí solas son insuficientes. Informó que “existen enclaves claramente localizados en el territorio, donde la exclusión persistente, la trama urbana fracturada y la subcultura criminal, se retroalimentan con infraestructuras urbanas de pésima calidad y viviendas precarias, con altos niveles de hacinamiento y necesidades insatisfechas”. Habló de una “fractura social en el área metropolitana” que es producto de “un proceso de larga duración que es necesario revertir en profundidad”. Por último, aseguró que hay que “generar un shock de ciudad y de inclusión social” para solucionar el problema. Búsqueda publicó semanas después que el presidente Tabaré Vázquez apoyaba por completo ese discurso y así se lo transmitió a su gabinete en el último Consejo de Ministros del año.
Es posible estar de acuerdo con Bonomi en cuanto a que solo las medidas policiales no son suficientes para revertir un fenómeno social complejo. También es compartible el reclamo de un “shock de políticas sociales y urbanas” en algunas zonas de la ciudad. Pero ese planteo surge de una persona que ya lleva más de 12 años ocupando cargos de relevancia en el Poder Ejecutivo, y en gobiernos que han gozado de mayoría parlamentaria. ¿Era necesario llegar a la situación actual de violencia para proponer semejante solución?
¿Se tomarán al menos algunas de las medidas imprescindibles o todo quedará otra vez en un discurso plagado de buenas intenciones?
Proteger la vida: esa es la tarea que se le está escapando de las manos al gobierno. Tan importante como eso.
