Es un “problema grueso” para el Consejo de Educación Secundaria (CES) y motivo de preocupación para toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Un total de 98 profesores cumplen tareas en otras dependencias estatales —una tercera parte de ellos en el Parlamento— en régimen de pase en comisión. “Si a este número, que puede parecer insignificante en una plantilla de 21.000 docentes, lo multiplicamos por 40 horas semanales, resulta un agujero enorme: ¡4.000 horas de clase! Es un barbaridad”, dijo a Búsqueda la directora general de Secundaria, Celsa Puente.
, regenerado3
Y cada año la cifra aumenta. Por ese motivo, la ANEP planteó días atrás en el Parlamento agregar un artículo “sin costo” en la Rendición de Cuentas para “retener” la mayor cantidad de docentes en las aulas, dando clase.
Según la ANEP, la posibilidad de que funcionarios docentes pasen a cumplir tareas en otro organismo público redunda, por un lado, en un “menoscabo” de los recursos humanos que afecta los cometidos del sistema educativo, y por otro, en un “varapalo” económico, ya que la Administración debe hacerse cargo de los haberes del docente que pasa en comisión a otra oficina pública, además de pagarle al suplente que cubrirá las horas o cargos vacantes.
Otro problema es el de la cobertura, porque hecho el pase, “hay que salir a buscar profesores para suplir a los titulares —que además, suelen ser de los más capaces—, y eso hoy no es fácil”, señaló Puente. La jerarca explicó que la disponibilidad de profesores “depende mucho” de la tarea y de la asignatura.
Aparte, hay pases en comisión cuya concesión “no se puede negar”, porque son de carácter preceptivo. Por ejemplo, aquellos que solicitan los legisladores. Hoy el Parlamento cuenta con 26 docentes asignados en pase en comisión, de un total de 98 que trabajan en ese régimen en otras dependencias públicas. Cada legislador puede pedir un docente.
En total, más de 150 funcionarios de la ANEP cumplen tareas fuera del sistema educativo, en carácter preceptivo. En el caso de las intendencias, el número de pases en comisión asciende a 86, mientras que por convenio con ministerios llega a 40, y para otros organismos de carácter preceptivo a 29.
“Todo esto afecta obviamente la calidad de la enseñanza y guarda relación directa con la percepción social sobre la carrera docente”, indicó la directora de Secundaria.
El dueño del cargo.
El 19 de julio, las autoridades de la ANEP plantearon en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda del Parlamento que los pases en comisión se concedan “exclusivamente” por la unidad horaria docente, las 20 horas iniciales de clase, según establece el estatuto del funcionario docente. O sea, que el pase no sea con la totalidad del cargo.
La autoridad educativa pide, además, que en caso de que el docente desempeñe más de un cargo, tenga que optar solo por uno de ellos, a su elección: si pasa con el cargo o con las horas. Y si ocupa un puesto no docente, el pase en comisión se dará solo por este cargo.
“Nadie está pensando en fragmentar los cargos. Una vez que se dé la habilitación, podrá suceder que de pronto el pase en comisión fue de 30 horas y al año siguiente tiene 60 y está en comisión de igual manera, porque se toma en cuenta la persona y no la cantidad de horas que tiene asociada. Ese es el tema que queremos regular para dar más tranquilidad y transparencia”, dijo el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Wilson Netto.
Los cambios sugeridos por la ANEP no serán retroactivos, aclaró. “El grueso de pases ya se concedió, y el cambio no lo vamos a notar ya. Pero, por lo menos, con suerte, se aplicará para la próxima legislatura”, agregó Puente. El objetivo es que “no se vayan con todo el paquete en tiempos de falta de personal y más aún calificado”.
Puente reconoció el 15 de julio a El País que “hay docentes que ni siquiera tienen la mínima formación”.
El planteo de la ANEP encontró eco en varios legisladores, ya que los pases en comisión afectan a sus secretarios, algunos docentes.
También genera una “situación paradojal” entre Secundaria y el Parlamento, según sostiene Puente. “Porque yo tengo que explicar todo el tiempo resultados: coberturas de horas, vacantes, inasistencias; y los propios legisladores, que reclaman explicaciones, nos quitan personal”, dijo la consejera, cuya “obsesión” con el tema viene desde que asumió el cargo, en 2014.
Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional, dijo estar “totalmente de acuerdo” con las autoridades educativas. “Es más: estoy de acuerdo con que para todo pase en comisión se debería tener el consentimiento del jerarca” —como ocurría décadas atrás—, porque “entiendo que los pases en comisión en la educación son horribles”.
Pero “el dueño del cargo es el funcionario”, precisó Bianchi, y deslizó: “El error de base, y este sí es desde el 2005, es haber dado pases en comisión a cargos interinos, incluso, suplentes”.
Apetitosas.
Entrevistada semanas atrás en el programa Suena Tremendo, de radio El Espectador, la directora de Secundaria aseguró que los pases en comisión “vacían las aulas”.
“Es impresionante cómo los docentes son reclamados por otros organismos del Estado”, afirmó. “Yo suelo decir que los docentes somos figuras apetitosas”.
Puente, quien fue profesora de Literatura, directora e inspectora de institutos y liceos, explicó: “Los docentes solemos ser muy dúctiles, nos comunicamos muy bien y estamos acostumbrados a resolver en situaciones inesperadas. Si Presidencia, Parlamento y ministerios recurren a nuestros servicios es porque sabemos nadar en el mar de las vicisitudes”.
Los motivos por los cuales los docentes aceptan trabajar en otras dependencias del Estado no son “estrictamente” económicos. “Muchos se van para cumplir tareas que no son tan exigentes como la docencia. Porque, digamos la verdad —continuó Puente— la docencia es una profesión hermosa, pero también es muy estresante y desgastante”.
En cambio, en otra área estatal cumplirá “tareas de escritorio, sin grandes presiones, con horarios más flexibles”. Al docente “le reditúa unos años de calma”.
Para la titular de Secundaria, quienes los solicitan “no reparan en el agujero enorme que generan” sobre las instituciones educativas.