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    Los proyectos de inversión pública se evaluarán calculando el ahorro de tiempo y otros beneficios que generen a la sociedad

    La rehabilitación de una ruta que conecta dos ciudades del interior del país genera para quienes circulan por allí un ahorro total de tiempo de 300.000 horas al año, lo que en unidades monetarias se traduce en beneficios para la sociedad cuantificables en casi $ 14 millones. Este tipo de criterios se aplicarán para la evaluación socioeconómica de los proyectos que se ejecuten bajo la planificación centralizada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

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    Se trata de modelos innovadores para Uruguay en cuanto al análisis de las inversiones hechas con dineros públicos surgidos de la mano del SNIP, que está dando sus primeros pasos. En 2013, a través de unos 750 proyectos, la inversión con recursos del Presupuesto Nacional —que engloba a los tres Poderes, a los organismos de contralor, a la Administración Nacional de Educación Pública, a la Universidad de la República, el Instituto del Menor y a la Administración de Servicios de Salud del Estado— rondó los U$S 1.000 millones, en un gasto global de U$S 14.372 millones.

    El SNIP, creado en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por una ley de 2011, busca que los proyectos de inversión seleccionados sean los de mayor rentabilidad socioeconómica y evitar la “discrecionalidad en el uso de los recursos públicos” aplicando a los mismos criterios únicos para su análisis, explica en su sitio web. La función que le fue asignada es evaluar de forma previa, concomitante o posterior los proyectos de inversión realizados por instituciones comprendidas por el Presupuesto, pero también de los entes autónomos y servicios descentralizados comerciales e industriales, los gobiernos departamentales (siempre que no vulnere su autonomía), las personas de Derecho Público no estatales, las entidades privadas de propiedad estatal, y las sociedades de economía mixta.

    “En todos lados precisamos infraestructura, pero debemos priorizar, ya que los recursos son escasos. Esto nos permite que, más allá de la decisión política, se cuente con elementos de evaluación y diversos mecanismos para que cuando se quieran desarrollar determinadas zonas, cubrir determinadas brechas, haya instrumentos válidos”, destacó, refiriéndose al SNIP, el director de la OPP, Gabriel Frugoni, en el marco de un seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe efectuado en julio en Montevideo. “Para el próximo presupuesto quinquenal los incisos deben presentar desagregadas aquellas inversiones que antes venían como en bolsones que uno no podía identificar bien. Eso hace a la transparencia, a la calidad y al seguimiento”, agregó.

    Evaluación

    El ciclo de vida de un proyecto se compone de una fase de preinversión, la inversión, y la operación o puesta en funcionamiento. El SNIP estableció como referencia distintos horizontes de evaluación según el tipo de proyecto, como por ejemplo cuatro años para los relacionados con tecnologías de la información, 10 para vehículos, proyectos viales urbanos y carreteras asfaltadas, 15 para las carreteras con tratamiento superficial bicapa, 20 para aeropuertos, puertos, cárceles, hospitales o centros educativos, 25 para saneamiento y alcantarillado, y 30 años para defensas fluviales y riego o la electrificación rural.

    El SNIP elaboró criterios para evaluar los proyectos de inversión a partir de consultorías desarrolladas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esas pautas tienen un enfoque económico o socioeconómico que pretenden determinar si al país o a una región le conviene o no que se ejecute un proyecto, considerando sus beneficios y costos (que pueden ser distintos de los contemplados en la evaluación financiera de cada inversión).

    Al realizar la evaluación desde la óptica socioeconómica se deben tener en cuenta los costos que implica para la sociedad el uso de la mano de obra, el capital, la tierra y la tecnología para la realización del proyecto, y eliminar las distorsiones típicas que incorporan los precios de mercado tales como impuestos, subsidios o precios monopólicos. Así surgen los llamados “precios de cuenta” o “precios sociales”.

    El SNIP definió los principales precios relevantes para evaluar los proyectos con esta perspectiva: la tasa social de descuento, de la mano de obra y la divisa, y el valor social de tiempo. Y calculó la razón de precios de cuenta, definida como el cociente entre el precio social y el precio de mercado de un bien o un servicio.

    La tasa social de descuento mide el sacrificio que el país debe hacer en un determinado período de tiempo por cada unidad monetaria requerida para financiar una nueva inversión. La estimación para Uruguay es que dicha tasa es de 7,5% real anual, según documentos del SNIP.

    El precio social de la mano de obra refleja el costo de oportunidad para la sociedad por emplear un trabajador adicional de cierta calificación en un proyecto o en la producción de sus insumos. Así, por ejemplo, para una inversión que utilice 95 horas de mano de obra no calificada y semicalificada de Montevideo, el interior urbano y rural a un precio de mercado de $ 8.200, el costo a “precios sociales” sería de $ 4.878.

    El precio social del dólar o tipo de cambio social es el valor que tiene para la sociedad cada unidad de esa divisa. Según el SNIP, la razón de precio de cuenta es de 1,21.

    Por ejemplo, para un proyecto de inversión que incluye la compra de una maquinaria en el exterior con un precio de mercado de U$S 1.500.000, los dólares a precios de cuenta serían U$S 1.815.000.

    Tiempo.

    Hay proyectos —como las mejoras en los procedimientos en una oficina o en la infraestructura vial— cuyos beneficios económicos se pueden asociar al ahorro en los tiempos de las personas. En general, la forma de evaluarlos consiste en cuantificar los tiempos ahorrados y luego determinar un valor monetario para dicho ahorro de tiempos generado por la inversión (considerando el tránsito promedio a partir de conteos vehiculares o de encuestas).

    El SNIP calculó el ahorro de tiempo a precios sociales en unidades indexadas —UI— a la inflación por hora para cada departamento (con un mínimo de 12,69 UI para Cerro Largo y un máximo de 25,14 en Montevideo) y el total del país (19,59 UI).

    Por ejemplo, una mejora en un tramo de 70 kilómetros de ruta entre Tacuarembó y Rivera podría generar un ahorro de 67.000 horas al año a los automovilistas, 50.000 a quienes viajen en camionetas, 51.500 a los pasajeros de ómnibus y 11.500 a los camiones (180.000 en total). Teniendo en cuenta eso, el valor del ahorro en pesos a precios sociales sería de $ 6.045.480 anuales.