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    Los superávits municipales

    Sr. Director:

    Días pasados el intendente de Montevideo anunció que después de muchos años de sucesivos déficits, la Rendición de Cuentas 2016 había arrojado superávit. Y se paseó por todo el dial AM y FM y todos los diarios capitalinos, exhibiendo su gran logro y anunciando, con bombos y platillos su aplicación a obras.

    En el medio de esa gira promocional, el diputado Penadas salió al cruce y le recordó que en materia de aplicación de superávits departamentales, rige el art 302 de la Constitución que establece claramente que deben aplicarse primero al pago de deudas extraordinarias y el sobrante a obras, por resolución de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas.

    De inmediato voceros municipales, con el intendente a la cabeza, secundado por otros actores oficialistas se encargaron de interpretar la disposición constitucional alegando que no dice lo que dice. Buscándole la vuelta para “saltearla” con el propósito de hacer las obras que la población reclama. Días después se sumaron a esta tesis intendentes de otras tiendas y la culminación de todo ese proceso se dio el miércoles 24 de mayo en un desayuno de trabajo de ADM. Allí los intendentes de Canelones, Maldonado y Colonia, palabra más, palabra menos, justificaron la tesis contraria a la Constitución, esgrimiendo que esta no se refiere a deudas a vencer, contrariando de ese modo la opinión de calificados constitucionalistas como el Dr. Martín Risso y el claro tenor literario de la norma.

    Olvidaron expresar los intendentes que las deudas a vencer en puridad no existen, o no deberían existir. Las deudas a vencer son hijas directas de deudas vencidas que no se pudieron pagar porque en uno o varios ejercicios pasados el gasto total (pagado y a pagar) superó a los recursos efectivamente recaudados. Presupuestalmente hablando, no hay otra posibilidad de generar deuda. Esta se acumula y como no se puede pagar por causa de déficits permanentes, termina siendo refinanciada y transformándose en uno de los orígenes de la deuda a vencer.

    Otro posible origen es la deuda por fideicomisos por la anticipación de recursos a recaudar en futuros ejercicios. Se fideicomisan recursos futuros y en contrapartida se genera deuda a vencer.

    La última fuente de deuda a vencer, mucho más grave que las dos anteriores, pero no por ello menos frecuente, es la deuda originada en la no versión en tiempo y forma de recaudaciones para terceros. Dentro de estos recursos, los más significativos son los montepíos, pero no los únicos. También hay otras retenciones como las judiciales, préstamos sociales al BROU, otros préstamos, alquileres, etc., que las Intendencias descuentan de los sueldos y que muchas veces no vierten y gastan. Eso luego también vía refinanciaciones termina en las famosas “deudas a vencer”.

    En resumen, las deudas a vencer que los intendentes alegan, no deben pagarse porque no son exigibles, en esencia son frutos de desaguisados de gestión del pasado, algunos originados en grandes zafarranchos y otros directamente en ilegalidades groseras, punibles penalmente como lo es la apropiación indebida.

    Un particular cualquiera de este país hace eso en su empresa y el BPS le cae con todo el peso de la ley, aplicándole pesadas multas, que en muchas ocasiones pueden llevarlo a la quiebra. Inclusive en algunas oportunidades son además denunciados penalmente y pueden pagarlo con cárcel.

    Los intendentes casi nunca han sido denunciados penalmente por estas inconductas y además suelen recibir “generosas” condiciones en la refinanciación de esas deudas.

    Todas esas actitudes administrativas “sendiquescas” son las que en el pasado originaron deudas que hoy no se pueden pagar y terminan pateándose para adelante engrosando el monto de deudas a vencer.

    En ese contexto no veo una solución más sensata, sabia y justa que la consagrada por el 302, según la cual el superávit primero se debe destinar a cancelar deudas y si sobra algo, aplicarlo a obras. A los intendentes no les gusta esto, porque en la cuenta corriente de déficits y superávits pasados, generalmente el saldo es altamente favorable a los primeros y nunca va a haber superávit que alcance.

    Además, la norma que pretenden violar tiene rango constitucional y por ese solo hecho todos debieran tener extremo cuidado en respetarla y cumplirla.

    Es fácil cumplir la Constitución cuando estamos de acuerdo con ella. Lo realmente difícil es cumplirla cuando sus disposiciones no nos gustan o nos incomodan. Es aquí donde se ve el apego de los gobernantes a la misma.

    Los intendentes todos, independientemente del partido del que sean, deberían tener presente que no existen deudas a vencer si en el pasado se gestionó bien, que todas ellas son fruto de desarreglos de gestión continuados y que pagarlas en forma adelantada mediante el correspondiente descuento financiero lo único que hace es “aliviar” parte del peso futuro a los bolsillos de los contribuyente de sus departamentos.

    Deberían por tanto evitar comentarios simplistas según los cuales si no hacen obras, los vecinos los “cuelgan de la plaza” y deberían hacerlo al menos por un doble motivo. Porque cuando sostienen eso, no dicen toda la verdad, y además, porque hacer lo que pretenden es claramente inconstitucional.

    Salvo que hayan decidido en masa adherir a la teoría del inefable filósofo de Rincón del Cerro según la cual, “lo político está por encima de lo jurídico”.

    Si así fuera, ¡¡qué mal que vamos!!

    Cr. Ricardo Díaz Nadal

    CI 1.414.548-2

    Cartas al director
    2017-06-01T00:00:00