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El actual gobierno tiene entre sus objetivos mejorar de a poco las cuentas públicas, reduciendo un déficit que no considera sostenible hacia el futuro. Ha dicho que no subirá impuestos, aunque desde la oposición política señalan que en los hechos ya adoptó un ajuste fiscal al incrementar las tarifas de algunos servicios públicos, entre otras medidas.
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La carga impositiva que soporta la economía se mantuvo durante los últimos años y en 2014 llegó a representar 30,6% del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos de Búsqueda. Ese indicador, conocido como presión fiscal, relaciona todos los tributos —impuestos nacionales y departamentales, tasas y contribuciones a la seguridad social— con los bienes y servicios producidos en el país en un año, es decir el “tamaño” de la economía.
A fines de la década de 1990 la presión tributaria era algo menor, ya que estaba por debajo de 29%, de acuerdo con las cifras disponibles de la Dirección General Impositiva (DGI) de 1997 a 2011.
Actualmente, la necesidad de reducir el déficit de las cuentas públicas (cercano a 3,6% del PBI en los 12 meses a octubre) es un aspecto en el que hay consenso tanto entre analistas económicos como entre políticos. Dicho desequilibrio es, precisamente, la diferencia entre la recaudación total y el gasto público; esto implica que para reducirlo se debe cobrar más tributos o bien gastar menos.
En contra de la postura de no elevar los tributos declarada por el ministro de Economía, Danilo Astori, en setiembre el PIT-CNT presentó un análisis del proyecto de ley de Presupuesto en el que propuso subir el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los sueldos más altos y revisar el Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE) que pagan las empresas. Uno de sus autores fue el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, y el planteo fue criticado por el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, calificándolo de “irresponsable”.
Algunos cambios recientes en la legislación traerán más carga de tributos a los contribuyentes de todas formas. Este año comenzaron a pagar el Impuesto de Primaria los propietarios de campos agropecuarios, que antes estaban exonerados; a su vez, se eliminó la rebaja de 18% que tenían las contribuciones rurales desde principios de la década pasada. También entró en vigor una modificación en la liquidación del IRPF —prometida por Tabaré Vázquez en la última campaña electoral— computando el salario vacacional y el aguinaldo de forma separada de los otros ingresos laborales, lo que alivia la carga del tributo para algunos trabajadores.
Igualmente, la presión fiscal suele tener pocas variaciones año a año. De hecho, tampoco las tuvo luego de la implementación de la última reforma tributaria que entró en vigor en 2007.
Sin embargo, hoy la economía soporta una presión fiscal mayor a la de fines de la década de los 90, cuando estaba entre 28% y 29% según la DGI. En esos guarismos se mantuvieron hasta 2003, cuando se incrementó a 33% en el contexto de una recesión y problemas en la economía. En esos años ocurrió que los impuestos no bajaron, mientras sí se dio una caída del PBI.
Luego la carga tributaria se mantuvo entre 30% y 31%, salvo en 2011, cuando superó apenas esa cifra. En 2012 fue 30,2% y alcanzó a 30,6% en 2013 y en 2014, de acuerdo con los cálculos propios.
La presión fiscal cambia mucho de acuerdo con los países y tiene que ver, entre otras cosas, con la provisión de servicios públicos a la ciudadanía. Los llamados “Estados de bienestar” de los países nórdicos tienen cargas tributarias superiores a 40% de su PBI. Otros buscan beneficiar a la población y el crecimiento de los negocios cobrando la menor cantidad de tributos posible, y tienen zonas libres de impuestos, como por ejemplo Dubai, en los Emiratos Árabes. En Estados Unidos la carga tributaria es cercana al 25%, mientras que supera el 35% en Argentina y Brasil.
Tributos.
En 2014 los contribuyentes en Uruguay —individuos y empresas— pagaron impuestos, tasas y contribuciones por el equivalente a U$S 17.636 millones, mientras que el PBI fue U$S 57.572 millones. Eso significa que de cada $ 100 que se produjeron en bienes y servicios, $ 30,6 fueron cobrados por el Estado.
Unos $ 12 fueron por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el gravamen indirecto principal y más amplio, ya que recae sobre la gran mayoría de las compraventas que se hacen en la economía. Hubo $ 6 que correspondieron a impuestos sobre la renta (IRAE e IRPF principalmente). Otros $ 2 fueron tributos sobre la propiedad (Patrimonio, Contribución Inmobiliaria, Primaria, entre otros).
Las contribuciones a la seguridad social que los trabajadores y empresas hacen al Banco de Previsión Social, las administradoras de fondos previsionales o las cajas especiales (profesionales universitarios, bancarios, policías, etc.) representaron algo menos de $ 10.
También hubo $ 1 que fue la carga que recayó sobre las operaciones de comercio exterior y otro que correspondió a las tasas que recaudan el gobierno central y las intendencias.
Por último, la devolución de impuestos por distintas exoneraciones que tienen los contribuyentes fue de cerca de $ 1,6 de cada $ 100 del Producto.
