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Lozano reclama soluciones a problemas constructivos “graves” en dos cooperativas sindicales
El ministro entiende que el instituto de asistencia técnica del plan de vivienda sindical debe hacerse cargo de los costos de reparación; esa empresa dice que la cartera no debió renovar la habilitación de un sistema constructivo que ya había fallado
Ministro de Vivienda, Raúl Lozano. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
Dos semanas atrás, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, visitó la cooperativa de vivienda Covisin 6, en Fray Bentos. Su visita no obedecía a motivos alentadores. Esa cooperativa, perteneciente al plan de vivienda sindical, presenta problemas constructivos “graves” en cerca de la mitad de sus 40 casas y problemas menores en todas. Desde 2019, estas situaciones son centro de noticias para los medios locales y, de hecho, según publicó El País a mediados de julio de este año, la asamblea de cooperativistas resolvió avanzar por el camino judicial.
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En Paysandú, la cooperativa Covioc, también del plan de vivienda sindical y de unas 40 viviendas, tuvo problemas similares y peores. En ese caso, sus integrantes entendieron que las casas eran inhabitables y decidieron empezar a recorrer más de un año antes el camino judicial.
Los dos proyectos se hicieron con un sistema constructivo no tradicional llamado Crupe, que emplea acero galvanizado. Justamente la corrosión de ese material es la que provocó problemas estructurales.
Lozano dijo a Búsqueda estar “muy preocupado” por estos dos casos. Principalmente por el de Fray Bentos, porque allí hay familias viviendo y teme que “pueda ocurrir algún accidente”. Además de su visita reciente a Covisin 6, en las últimas semanas se reunió con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y con Pablo Antonaz, responsable del Instituto de Asistencia Técnica (IAT) CET-PVS, que está a cargo de casi la totalidad de las cooperativas del plan de vivienda sindical.
El ministro tiene un diagnóstico claro: en su opinión, el principal responsable es el IAT. Los intercambios que tuvo hasta ahora con Antonaz no lo dejaron conforme.
El sistema cooperativo, resumió el jerarca, tiene tres actores principales: los cooperativistas, el ministerio y los institutos de asistencia técnica. Acorde a su lectura, los primeros dos actores son “víctimas”: los cooperativistas porque se organizan para acceder a financiación de viviendas de calidad y el ministerio porque paga por esas obras.
“Toda la parte técnica es responsabilidad del IAT y por eso entiendo que ellos se tienen que hacer responsables. Fundamentalmente porque ganan mucho dinero: un 8% del valor de la obra. Todas estas cooperativas, en promedio, podríamos decir que tienen un costo de US$ 3 millones cada una. Este IAT es el mismo para todas las cooperativas del movimiento sindical, que son como 142. Si uno se pone a sacar cálculos, son decenas de millones que ganó el IAT. Entonces, señores, algo salió mal acá, se tienen que hacer responsables”, afirmó.
El pasado martes 3, el ministro tuvo una nueva reunión con Antonaz y Abdala en la sede del PIT-CNT.
La versión del IAT es bastante distinta a la de Lozano. Antonaz señaló, consultado por Búsqueda, que el ministerio tuvo responsabilidad en las fallas que se dieron. En particular, recordó que en 2017 la cartera renovó el Documento de Aptitud Técnica (DAT) del método de construcción no tradicional Crupe, algo que a su juicio no debió suceder. Para ese año el sistema había ocasionado problemas similares en un complejo de viviendas en Paso Carrasco, y también en obras en cárceles para el Ministerio del Interior.
A partir de los problemas que se dieron en 2019 en Covisin 6 y en Covioc, Antonaz dijo que el IAT primero intentó que la empresa Crupe System se hiciera responsable y ante la falta de respuestas denunció la situación ante el Ministerio de Vivienda. En ese marco, encargó estudios a la Facultad de Química, que determinaron que el uso de yeso como uno de los compuestos de un producto llamado “protect” con el que se rellenaban los perfiles de acero galvanizado era lo que terminaba provocando la corrosión. Además, señaló que en ese momento el IAT les aconsejó a otras seis cooperativas que trabajaban con ese mismo sistema que cambiaran.
Ya en este período de gobierno, el Ministerio rechazó la renovación del DAT a Crupe System.
Por todos esos argumentos, Antonaz considera que el IAT no tuvo responsabilidad en los problemas generados. Además de sus cuestionamientos al ministerio por haber renovado el DAT, el responsable del CET-PVS señaló que los certificadores de la cartera tampoco hicieron observaciones a las obras que después tuvieron problemas.
“El ministerio tendría que poner su parte porque tuvo responsabilidad”, dijo y reclamó una postura “más abierta” de parte de Lozano. Según dijo, la posición del actual ministro marcó un cambio respecto a la de su antecesora, Irene Moreira, quien se había mostrado abierta a discutir un acuerdo.
Antonaz afirmó que el IAT hizo una evaluación de todas las casas de Covisin 6 y que tienen estimados los costos de una solución, que prefirió no detallarlos.
La Ley 18.407 establece que el cometido de los IAT es dar a las cooperativas “servicios arquitectónicos, que incluyen proyecto y dirección de obra, servicios jurídico-notariales, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales”. El costo máximo de ese trabajo no puede superar en ningún caso el 10% más IVA del valor total de las obras.
Esa misma ley determina que el Ministerio de Vivienda tiene facultades para investigar y sancionar a los IAT que incurren en incumplimientos o irregularidades. Puede, por ejemplo, inhabilitarlos, multarlos o retirarles la personería jurídica.
Desde 2019 el IAT CET-PVS tiene una sanción vigente del Ministerio de Vivienda. Ante la constatación de diversas irregularidades, la cartera dispuso la “inhabilitación del Instituto de Asistencia Técnica CET-PVS para la suscripción de nuevos contratos” con cooperativas “hasta que haya rescindido o cumplido el 70%” de los que tiene registrados.
Eduardo Burgos, uno de los integrantes de la directiva del Plan de Vivienda Sindical, dijo a Búsqueda que su principal objetivo es que se encuentre una solución al tema. Al igual que Antonaz, cree que la principal responsable de los problemas generados es la empresa Crupe System, a la que en última instancia se le debería iniciar un reclamo judicial. Mientras tanto, consideró que el mejor camino es que el IAT CET-PVS se encargue de proponer una solución y asuma “parte” de sus costos, no la totalidad porque no le corresponde.
“Lo que le planteamos el martes al IAT fue que asuman una parte de la reparación y que el ministerio pueda asumir el resto. Hay que reparar esas casas cuanto antes”, dijo.
El dirigente destacó que por el Plan de Vivienda Sindical se conformaron cerca de 290 cooperativas y se entregaron unas 3.100 viviendas.
