Malestar en investigadores por problemas para acceder a información del Ministerio del Interior y cláusulas de confidencialidad “draconianas”

Las demoras de varios meses en entregar los datos, en algunos casos con errores o incompletos, y cláusulas “draconianas” sobre la divulgación de los resultados fueron algunos de los puntos que complicaron las tareas y preocuparon a los investigadores, explicaron los informantes.

El malestar por el gran retraso en acceder a la información y su entrega parcial no se limita a esos dos casos, según constató Búsqueda. La demora para recibir los datos complicó el trabajo de los investigadores, que vieron sus cronogramas arruinados, y se desbloqueó recién después de que los equipos debieran firmar un segundo contrato con el Ministerio del Interior con cláusulas de confidencialidad “draconianas”, dijeron dos de los consultados.

El segundo contrato, que varios firmaron a regañadientes, establece que la divulgación de los estudios en los que se use información confidencial deberá tener “previa autorización escrita” del ministerio.

Los académicos consultados dijeron que es lógico que la secretaría de Estado quiera proteger datos que afecten cuestiones sensibles como la seguridad pública, pero los acuerdos daban un paso más al condicionar la difusión. “Una cosa es que el ministerio contrate una consultoría y otra es una investigación académica dirigida por la ANII”, resumió una de las fuentes.

Semanas antes de la presentación oficial, el ministerio chocó con uno de los equipos de investigadores. Pérez participó en una actividad organizada por la Universidad Católica en la que comentó algunos de los hallazgos de su estudio, en el que no había datos reservados, y fue duramente cuestionada por el subsecretario Guillermo Maciel, dijeron fuentes universitarias y del gobierno.

Muy satisfechos

Acerca de las demoras en dar información a los investigadores, una fuente del gobierno en conocimiento de las discusiones internas explicó que “los cambios” en el Ministerio del Interior “cuestan mucho”. Añadió que “había algunas autoridades que no estaban de acuerdo con impulsar estos informes. Eso generó muchas trancas”.

En cuanto al control sobre la difusión de los informes, el jerarca consultado sostuvo que los datos del ministerio “son muy sensibles y es necesario conocer el 100% de las investigaciones antes de que se publiquen porque puede afectarse la seguridad de la Policía, las estrategias de seguridad contra grupos criminales y la propia seguridad de la ciudadanía”. Por lo tanto, afirmó, la “libertad absoluta” para los investigadores no corre en este caso.

Los primeros documentos resultados del convenio con la ANII fueron publicados sin cambios. En la puja interna del ministerio se ve que “ganaron los buenos”, bromeó un académico.

En la presentación de los datos, Martinelli, número tres del ministerio, dijo que el gobierno no le tenía miedo a que los resultados de los estudios pudieran ser negativos. “En aquellos casos en que las investigaciones y los trabajos de la academia no vayan en el mismo rumbo” que las políticas del gobierno “nos da la posibilidad de cambiar, nos da la posibilidad de discutir y, con la humildad que creo que todo servidor público tiene que tener, nos da la posibilidad de reencauzar el camino”, explicó. “Por eso es absolutamente bienvenida la academia y ojalá que esta sea la primera instancia de muchas otras por delante”.

Consultado por Búsqueda acerca de los problemas que enfrentaron los investigadores, el coordinador de Estrategias Focalizadas en Prevención del Delito, Diego Sanjurjo, respondió que estaba “muy satisfecho de que el ministerio está empezando a acercarse a la academia y que pueda hacer uso de datos más sofisticados”.

“El camino para llegar a eso a veces es difícil porque implica el trabajo conjunto de dos mundos distintos, por lo cual puede haber rispideces naturales entre científicos e integrantes de una institución abocada a la seguridad pública”, concluyó.