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En un país donde jactarse del éxito económico suele ser mal visto, Daniel Martínez es una rara avis. El candidato presidencial por el Frente Amplio no tiene problema en decir que tiene la vida resuelta. Él, su esposa y sus hijos. “No puedo negarlo, me fue muy bien” en la actividad privada, dijo en marzo a Búsqueda. En su entorno político a veces queda la duda de cuán beneficioso resulta ese discurso, pero el presidenciable responde que prefiere ser honesto.
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Martínez es, entre los candidatos que aceptaron brindar información sobre sus bienes ante una solicitud de Búsqueda, el que declaró que junto a su esposa tienen mayor patrimonio. Así, mientras el candidato oficialista dijo tener el equivalente a casi US$ 1,5 millones entre propiedades y ahorros, su principal contendiente según las encuestas, el blanco Luis Lacalle Pou, informó que en su caso esa cifra supera los US$ 500.000.
En momentos que los partidos políticos declaran que la transparencia es un pilar fundamental de la gestión de cualquier gobierno, seis de los 11 competidores por la presidencia de la República entregaron información sobre sus bienes. Pablo Mieres (Partido Independiente) fue el primero en enviar la declaración de bienes que como senador debió presentar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Lacalle Pou también facilitó una copia del documento oficial, mientras que Martínez proporcionó una cifra global y otros datos desglosados. De manera más imprecisa respondieron Gustavo Salle (Partido Verde Animalista), Gonzalo Abella (Asamblea Popular) y Daniel Goldman (Partido Digital). Otros cinco no brindaron información.
La vida resuelta
Cada vez que acumula ahorros, Martínez opta por invertirlos “en vivienda”. Eso respondió a un cuestionario de Búsqueda la semana pasada y así se refleja en la información patrimonial que brindó el miércoles 18. El candidato, que no tiene separación de bienes con su esposa Laura Motta, declaró que ambos poseen US$ 1.448.391 (al convertir su patrimonio a un dólar a $ 36,642), de los que solo el 3,5% son ahorros (US$ 50.694). El resto se divide en inmuebles y en dos vehículos.
En la entrevista que brindó en marzo, Martínez dijo que cuando pasó de la actividad privada —como ingeniero industrial mecánico— a la pública empezó a ganar “cinco veces menos”, pero que para entonces “ya había podido solucionar varios aspectos de la vida” de sus hijos.
A diferencia de lo que sucede en el actual ciclo electoral, los candidatos que compitan por la presidencia de la República en 2024 estarán obligados a presentar una declaración jurada de bienes ante la Jutep.
El patrimonio de Lacalle Pou y de su esposa, Lorena Ponce de León, ronda los US$ 560.000, la amplia mayoría —más de US$ 400.000— responde al precio de la casa en la que viven, ubicada en el barrio privado La Tahona. La pareja tiene también un terreno en el departamento de Rocha.
Respecto a sus ahorros, el candidato blanco respondió que estaban en su casa en La Paloma, pero que la vendió y compró “un terreno pegado”.
El resto
La declaración jurada enviada por Mieres indica que posee un patrimonio de US$ 404.833. En este caso el cálculo en dólares lo hizo el propio candidato por el Partido Independiente con un dólar a $ 32,615.
Abella afirmó que percibe una jubilación de $ 22.000 del Banco de Previsión Social. También informó que posee un “pequeño apartamento” que su esposa compró para los hijos de su primer matrimonio, que “puede ser considerado un bien ganancial” porque vivían juntos cuando lo adquirió. “Ahora voy a tener que averiguarlo”, dijo.
Goldman aseguró que cobra ingresos de entre $ 75.000 y $ 100.000 por mes y tiene un automóvil Renault Kwid 2019 adquirido en cuotas a pagarse hasta 2024.
Salle afirmó que es propietario del 50% de una casa heredada de sus padres, ubicada en el barrio Sayago y cuya otra mitad pertenece a sus dos sobrinos. “No tengo más nada que eso”, aseguró el abogado. En otra respuesta, había dicho que le resulta imposible acumular ahorros porque cada vez que comienza “inmediatamente” lo gasta en un viaje.
Poco útil
A diferencia de lo que sucede en el actual ciclo electoral, los candidatos que compitan por la presidencia de la República en 2024 estarán obligados a presentar una declaración jurada de bienes ante la Jutep. Ese fue uno de los principales cambios incluidos en la normativa gracias a una ley aprobada dos semanas atrás, por unanimidad, en el Parlamento.
La iniciativa fue presentada en 2016, cuando la corrupción se instaló de lleno como una preocupación en la región, y avanzó lentamente en el Palacio Legislativo. Las modificaciones aumentan la cantidad de personas obligadas a presentar declaraciones juradas y permiten que la Jutep abra el 5% al azar para analizarlas.
El presidente de esa “junta anticorrupción”, Ricardo Gil Iribarne, advirtió en mayo que la nueva normativa no cumplirá el objetivo de desalentar prácticas irregulares, ya que la Jutep está limitada por secreto bancario y tributario. “Si no se levantan las barreras que impiden acceder a la información clave, la apertura de una declaración solo va a servir para saber si el declarante se equivocó bastante, si metió mucho la pata”, dijo.
Con las modificaciones aprobadas, la declaración jurada contendrá dos partes. Una primera detallada y reservada y una segunda sintetizada, abierta a la Jutep y a la población. En mayo, invitado a debatir la propuesta en la comisión de Constitución y Legislación del Senado, Gil Iribarne cuestionó que si “se publican resúmenes de bienes, derechos y obligaciones –no detalles–, se aporta a la transparencia, pero el control no existe”.
