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    Más de 420 magistrados respaldan una acción de inconstitucionalidad

    Cerca del 90% de los jueces que integran el sistema judicial uruguayo apoyan la acción de inconstitucionalidad que los magistrados presentaron la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia contra una ley interpretativa que les quitó un aumento salarial presuntamente otorgado por la ley de presupuesto.

    Al momento de presentar la acción de inconstitucionalidad 426 magistrados, de un total de 480, habían firmado el recurso. “Como señal, esto tiene una fuerza arrolladora porque casi el 90% de los jueces está diciendo que esto es contrario a la Constitución”, comentó uno de los encargados de recolectar las firmas.

    “Es algo que puede rechinar a la población pero lo cierto es que el sistema no prevé otra salida. Nosotros también somos trabajadores y tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos laborales”, expresó otro juez.

    Para evitar ese conflicto de intereses los ministros de la Suprema Corte de Justicia anunciaron que van a abstenerse de fallar en este caso.

    Frente a esa situación, la Corte deberá ser integrada por los ministros de los tribunales de apelaciones que no hayan firmado la acción de inconstitucionalidad. Según supo Búsqueda, de los 48 ministros de tribunales de apelaciones 26 firmaron la demanda y 22 no lo hicieron.

    El conflicto se originó luego de que la última ley de presupuesto equiparara las retribuciones de ministros de Estado con la de los legisladores.

    El artículo 85 de la Ley Orgánica de los Tribunales establece que “la dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a lo que en cada caso se establezca para los ministros secretarios de Estado”.

    A su vez, el inciso segundo de esa norma establece una escala para las retribuciones de los jueces de los demás grados, cuya base se fijó en el 100% de la dotación de los miembros de la Corte.

    Cuando advirtió el costo que esta indexación generaba en las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley interpretativa que excluía del aumento a los magistrados. La norma fue sancionada por el Parlamento y ahora es objeto de cuestionamientos por parte de los jueces.

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