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Calosur Industrial, Nedamar, Oderbil y Parnel fueron las primeras sociedades anónimas en identificar a sus dueños en el nuevo registro creado en la órbita del Banco Central (BCU), y hasta fines del mes pasado totalizaron 71 las empresas inscriptas.
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Las primeras declaraciones juradas las hicieron esas cuatro firmas el 19 de setiembre. El listado de sociedades que cumplieron con la exigencia de proporcionar datos identificatorios de sus accionistas hasta el 31 de dicho mes que hizo público el BCU indica el nombre de las mismas, su número del Registro Único del Contribuyente —RUC—, la fecha en que enviaron la información, el porcentaje accionario declarado sobre el valor nominal total (100% en todos los casos) y el tipo societario (anónimas emisoras de acciones al portador para las 71). Entre éstas figuran empresas relativamente poco conocidas por su denominación y que sugieren giros diversos, como Afenur Trading, Agreste, Excelencia Comercial, Media Office, Panamar Sociedad Comercial e Industrial, Siera Regional Export, Wickhost Corporation, Wilkes Port.
Esta modificación en el régimen de sociedades anónimas fue impulsada por el gobierno del Frente Amplio a raíz de un cuestionamiento efectuado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio en Materia Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por la misma razón, la administración tomó distancia de la histórica negativa a ceder datos fiscales de argentinos con inversiones en el país y en abril pasado firmó un acuerdo que fija pautas para ese intercambio que aún tiene a estudio el Parlamento. Esas y otras medidas exigidas por la OCDE le permitieron a Uruguay avanzar a la siguiente fase de revisión en materia de cooperación internacional contra la evasión tributaria, y evitar eventuales represalias económicas (ver Búsqueda Nº 1.676).
Según estimaciones que manejó el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, durante el polémico tratamiento parlamentario de esta ley —que fue objetada por legisladores de los partidos tradicionales—, en Urugauy existen entre 50.000 y 55.000 sociedades activas.
Procedimiento.
La ley Nº 18.930, promulgada en julio, obligó a toda entidad residente en el país a presentar datos que permitan la identificación de los titulares de las acciones, títulos y demás participaciones patrimoniales al portador. También les exigió detallar el valor nominal de las acciones y demás títulos al portador de los que se sea el propietario.
El requisito de identificar a sus accionistas se aplica también para las empresas no residentes, si actúan en el territorio nacional a través de un establecimiento permanente o radiquen en el país su sede de dirección efectiva.
El decreto que reglamentó la ley de creación del nuevo registro dio plazo hasta el próximo miércoles 24 para presentar la declaración jurada —con el formato del denominado “Formulario A” preparado por el BCU— de los titulares de las acciones ante la propia empresa emisora. Eso son 60 días hábiles contados desde que entró en vigor esa norma (1º de agosto).
Luego, antes del 21 de enero de 2013 las sociedades anónimas deberán comunicar la información recibida a ese organismo, también mediante declaración jurada (“Formulario B”). Ese plazo es de 120 días hábiles desde la vigencia de la ley.
La información sobre los accionistas de empresas, proporcionada mediante declaraciones juradas, deberá ser inscripta en el Registro de titulares de participaciones patrimoniales que custodia y administra el BCU. Deben indicar, en el caso de las personas físicas, su nombre, estado civil con identificación del cónyugue, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados, domicilio real y, en su caso, fiscal constituido ante la Dirección General Impositiva (DGI), nacionalidad, número de cédula, número del RUC y de Identificación Extranjero expedido por esa dependencia. A las personas jurídicas u otras entidades se les exige indicar la razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUC, y otros datos similares a los pedidos a las personas titulares de acciones.
También deben ser informados los cambios de titularidad en las participaciones patrimoniales al portador.
A los datos sólo podrá acceder la DGI, siempre que previamente haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a empresas determinadas, o para el cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de las administraciones tributarias de otros países en el marco de convenios de intercambio de información. El registro también será de acceso para la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en el desarrollo de sus tareas, para la Justicia si estuviera en juego una obligación alimentaria y para la Junta de Transparencia y Etica Pública.
Transformación.
La norma exime de la obligación de comunicar los datos identificatorios de los accionistas a las sociedades anónimas constituidas en el país que modifiquen su contrato social, sustituyendo totalmente las acciones al portador por las de tipo nominativo o escritural, que identifican a su titular. Eso si cumplieron con las publicaciones legales que informan dicha transformación antes del próximo miércoles 24.
Las empresas que modifiquen totalmente las participaciones patrimoniales en nominativas o escriturales, y culminen la modificación después de esa fecha, podrán solicitar al BCU la baja del registro.
Asesores de varias consultoras jurídicas y tributarias consultadas por Búsqueda señalaron que una cantidad significativa de sociedades están optando por su transformación.
