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Por sí misma la descentralización —entendida como un mayor margen de autonomía fiscal de los departamentos— favorece la reducción de disparidades entre las regiones. Al constatar eso, Leonel Muinelo-Gallo y Adrián Fernández, investigadores del Instituto de Economía de la estatal Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, sostienen que parecería adecuado pensar en las posibilidades que ofrece la reforma constitucional de 1996 para aumentar las fuentes propias de recursos de los gobiernos departamentales.
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Plantean que si bien resultaría importante avanzar en la descentralización financiera, es necesario también considerar “ciertas precauciones”. Las regiones que se encuentran “equipadas” con instituciones de buena calidad serán más capaces de aprovechar los beneficios potenciales en favor de su desarrollo. Sin embargo, si existen regiones con claros problemas de gestión, otorgarles a sus gobiernos una mayor autonomía podría ampliar las diferencias de ingresos con el resto, conduciendo a una mayor divergencia territorial, añaden en un análisis publicado este mes en la revista “Estudios de Economía” de la Universidad de Chile.
En ese sentido, un indicador elaborado por ellos —que tiene en cuenta el resultado fiscal municipal respecto al Producto Bruto departamental, el porcentaje de funcionarios presupuestados con relación a la plantilla total y el salario medio pagado— asigna mayor calidad de gobierno a, por ejemplo, San José, Paysandú, Maldonado, Soriano y Canelones (aunque todos están lejos del puntaje máximo); en el otro extremo figuran Treinta y Tres, Tacuarembó, Rocha y Rivera, entre otros (muy cerca del puntaje mínimo).
Señalan que una mayor calidad de gestión de gobierno será exitosa cuando el nivel subnacional sea capaz de recaudar recursos igual o mejor que cuando estos estaban a cargo del gobierno central, y no sean producto de transferencias que dependen de la “coparticipación tributaria nacional” que si bien pueden estar reduciendo la disparidad regional no necesariamente están incrementando la calidad de gestión.
Los autores recuerdan que desde la reforma constitucional de 1996 y la ley de descentralización política y participación ciudadana de 2010, se viene impulsando en Uruguay —un país que definen como “centralista”— un proceso que busca avanzar hacia una mayor descentralización. Si bien los gobiernos departamentales han ido asumiendo mayores responsabilidades vinculadas a aspectos de desarrollo económico y social, el esquema de transferencias desde el gobierno central “no está diseñado para la reducción de asimetrías regionales”, observan. Según señalan, dicho esquema define la alícuota de cada departamento en cada quinquenio en la ley de Presupuesto Nacional resultando en porcentajes que “reflejan las capacidades de negociación política y las trayectorias históricas”, pero no “criterios de cohesión territorial”.
En un foro ante empresarios realizado el jueves 11, el director de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, destacó que el monto transferido por el gobierno central a los departamentos en 2013 fue 137% mayor que en 2004, por encima del crecimiento de la economía del país en ese período (64%). En el caso de las comunas del interior, dichas transferencias representaron el año pasado 37,3% de sus ingresos, en promedio.
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