Medicamentos caros y actos médicos más caros

Antes que nada, creo que el asunto tiene dos aspectos bien distintos. Por un lado, puede verse estrictamente cómo aquello que plantea el gobierno de Tabaré Vázquez —la judicialización del acceso a los medicamentos caros— ha provocado que se dé un número mucho mayor de estos en los últimos años, y eso podría provocar un serio desequilibrio en la financiación del Fondo Nacional de Recursos, hasta el punto en que este ya no pueda cumplir con su función. Para que esta propuesta pueda comprenderse en su justa dimensión hace falta ver los números, cuánto entra, cuánto sale, qué se dedica a qué cosa, por qué la asignación de recursos es la que es, etc. Es decir, si no hay cifras ciertas (llevo días buscándolas en prensa y declaraciones) es imposible tasar lo que propone el gobierno.

Por eso me interesa concentrarme en el segundo aspecto. En ambos casos hacen falta números, pero en este hace falta, además, pensar qué clase de números se quieren. Por ejemplo, discutir si el Estado debería priorizar estas situaciones y darle más recursos al MSP y, en particular, al FNR. Esto en el entendido de que las actuales asignaciones presupuestarias no son obra de Dios, sino construcciones temporales que deben verse modificadas y revisadas en torno a las cambiantes ideas que tenemos de lo que es relevante o no en nuestra sociedad. Por ejemplo, algunos podemos pensar que exonerar de impuestos ciertas bebidas alcohólicas es un contrasentido cuando decís que te falta dinero para salud. La exoneración impositiva a la industria cervecera, por ejemplo, rondó los 16 millones de dólares en 2016.

Sin dudar de las buenas intenciones de la propuesta de Vázquez, me gustaría mirar algunos números que sí están disponibles, aunque no sean todos de este año que recién terminó. Se trata de los que aparecen en el borrador del presupuesto del FNR para el ejercicio 2017/2018. Allí se puede leer que dentro del total de gastos del FNR, “los rubros de mayor impacto son los actos médicos y los tratamientos con medicamentos, representando un 96,6% del gasto total. Se estima que en el ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2017, así como para el ejercicio que se está presupuestando, los actos médicos representarán el 83,4% y los medicamentos el 16,6% del total del gasto en tratamientos (promedio de ambos ejercicios)”.

El informe agrega que “respecto al precio de los actos médicos, el costo individual se basa en los nuevos precios y condiciones negociados entre los referidos prestadores y el Poder Ejecutivo”, mientras que en el caso de los medicamentos se señala que con “la mayoría de los laboratorios existen acuerdos en pesos, habiéndose alcanzado en algunos casos, acuerdos por plazos de uno o dos años, con mantenimiento del precio. Los medicamentos que se compran en dólares, muestran la consecuente variación del gasto en pesos, tomando valores proyectados del dólar”.

De aquí salen un par de cosas interesantes. La primera, que el costo de los medicamentos no llega al 17% de los gastos totales del FNR, con algo menos de 40 millones de dólares anuales. Sabemos además que dentro de ese total, el costo de los medicamentos de alto precio entregados como resultado de los litigios perdidos fue en 2019 de 3.5 millones de dólares. La segunda cosa que emerge es que la parte del león de los gastos del FNR no son los medicamentos sino los actos médicos, que según dice el informe, rondan los 200 millones de dólares cada año. Y justamente estos actos médicos fueron negociados con las organizaciones prestadoras de servicios de salud en plaza, no con multinacionales.

En resumen, que esos actos médicos le cuestan al FNR cinco veces la cifra que le cuestan los medicamentos, incluidos los de alto coste. El remache a la duda que estos números plantean frente a la propuesta de Vázquez es esta frase que aparece en el mismo informe: “Se prevé un mayor nivel de gastos totales explicado básicamente por un incremento en el volumen de los gastos asociados a la medicación de alto costo, así como también por la evolución ascendente (volumen y precio) del costo de actos médicos”.

La pregunta es inevitable y pertinente: ¿por qué se propone limitar o bloquear una parte pequeña dentro de la que ya es la parte más pequeña del gasto del FNR, y en cambio no se dice una palabra sobre la parte más grande del costo, esto es, los actos médicos cuyos precios fueron pactados por el Poder Ejecutivo con organizaciones locales? La relación entre un monto y otro es casi de cinco a uno, por lo que cualquier limitación o reducción de los costos de esos actos médicos tendría una incidencia muchísimo más alta en la economía del FNR que cualquier recorte en el acceso a medicamentos. Con la ventaja de que no se deja a nadie desprotegido en nombre de mantener la protección.

Este es solo un aspecto de un debate que nos debemos los uruguayos en tanto ciudadanos y que de ninguna manera puede resolverse con el simple peloteo estanco entre una administración entrante y una saliente. Esta no es una decisión puramente médica o legal, es social y colectiva, que no pueden tomar solamente los gobiernos en nuestro nombre. Democracia no es solo votar cada X número de años, es discutir entre todos, día a día, qué clase de país queremos.