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Haciendo uso de la facultad prevista en la ley de Presupuesto quinquenal votada en 2015, el Poder Ejecutivo decretó el lunes 19 la exoneración del Impuesto al Patrimonio a los activos de las administradoras de crédito afectados a microcréditos productivos. El impacto de la medida no está, hoy, claramente dimensionado: será algún punto menos de tasa de interés.
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República Microfinanzas, una subsidiaria del Banco República, es de las mayores en este mercado. Su gerente general, Luis Murias, dijo a Búsqueda que la empresa paga una “cifra importante” por Impuesto al Patrimonio y que la exoneración permitirá un “abaratamiento de las condiciones” de financiamiento. Por los microcréditos a menos de un año de plazo hoy cobra una tasa que ronda el 35% anual, y que es algunos puntos más baja cuando son para beneficiarios de convenios con el Ministerio de Ganadería, centros comerciales del interior o la asociación de feriantes, por ejemplo. Cuánto bajará el costo por la exoneración del impuesto todavía está siendo analizado, indicó el ejecutivo.
Murias aclaró que la medida operará desde el ejercicio anual de la administradora que se inicia en octubre.
El decreto remite al artículo 723º de la ley de Presupuesto, según el cual los beneficios de la exoneración rigen exclusivamente para aquellos ejercicios en que la cartera de microfinanzas corresponda al menos a 60% del financiamiento a microempresas (hasta cuatro empleados con ingresos anuales que no superen los dos millones de unidades indexadas a la inflación, así como productores agropecuarios familiares que hayan optado por tributar el Imeba).
Al anunciar tras el Consejo de Ministros del lunes la firma del decreto, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó en rueda de prensa que la exoneración “colabora con el acceso al crédito” a las microempresas y se espera que se refleje en una rebaja en las tasas de interés que se les cobra. Esto colaborará a “dinamizar la economía”, añadió el jerarca.
Acotó que el costo fiscal de la exoneración no es elevado.
Esto “ayuda” a que el “crédito fluya”, comentó el martes 20, por su parte, el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Las microfinanzas son “una política pública”, añadió en rueda de prensa.
Menos de una decena de entidades ofrecen microcréditos productivos —IPRU, Fundasol, Fucac, Microfin, ACAC, República Microfinanzas, Comac y Cintepa—, aunque también financian el consumo u otros gastos que en algunos casos conforman una parte significativa de sus carteras comerciales. Las que son organizaciones no gubernamentales ya gozaban de exoneraciones tributarias.
En el sistema bancario las microempresas tomaron créditos en julio a tasas efectivas anuales de 22,1% en pesos y 5,8% en dólares, según la información que releva el Banco Central.