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La pasada semana tuve oportunidad de visitar nuevamente la capital de China. Una vez más he quedado impactado con el desarrollo económico de Beijing, del movimiento demográfico que no parece detenerse a pesar del enfriamiento de la economía. También cabe decir que he visto los peores niveles de polución, con días sin sol y con una visibilidad de unos pocos cientos de metros. Esta realidad pudo reflejarse en la reciente Cumbre de Clima de París (COP21), donde el presidente Chino Xi Jinping impulsó un acuerdo en la búsqueda de soluciones a sus graves problemas medioambientales. Y no dudo que el nuevo presidente chino (desde marzo de 2013) impulsará cambios que irán en detrimento de la contaminación de acuerdo con los compromisos asumidos a escala internacional, ya que a la vista está que cumple con sus objetivos, incluso con aquellos donde debe pelear con grandes poderes dentro de su país, como lo ha sido desde el comienzo de su mandato la lucha anticorrupción.
Desde la sentencia más emblemática que fue el procesamiento del exjefe de seguridad del Partido Comunista de China, condenado a cadena perpetua en junio de este año por sobornos y abuso de poder, hasta la reciente detención (la semana pasada) de uno de los empresarios más ricos de China (Guo Guangchang), dueño del conglomerado Fosun International, con la finalidad de investigarlo por sospechas de corrupción.
Xi Jinping no pasará inadvertido y está generando grandes cambios en las empresas privadas y estatales, cambios que directa o indirectamente también afectarán la forma de operar de este mercado.
El papel de las empresas paraestatales ha cobrado notoria fuerza en los últimos años en la demanda de alimentos en China. La concesión de licencias de importación, así como otros tipos de estímulos al comercio, ha dado ventajas a este tipo de empresas con respecto a las que operan en el ámbito netamente privado, y es por ello que las mismas son en la actualidad las principales responsables de la demanda de commodities de Sudamérica. Pero también a este tipo de empresas el nuevo gobierno le pone el foco de la anticorrupción y apunta la lupa hacia los resultados económicos y financieros de las mismas, reformando aquellas con mal desempeño. Esto está generando mucha cautela de las empresas a la hora de hacer nuevos negocios, ya que la presión por mejorar los resultados es notoria. De acuerdo con lo comentado por una importante firma estatal que importa carne de Uruguay: “Ahora debemos focalizarnos en generar ganancias a las empresas y no en cumplir con objetivos que implicaban generar volumen de negocios. El modelo de negocios cambió, y ello implicará un cambio en el modus operandi de nuestras empresas”.
¿Cuánto de ello puede impactar en la demanda de commodities? Seguramente poco, porque China necesita de alimentos y de una forma u otra se verá obligada a adquirirlos, ya que sus recursos naturales son limitados para acompañar el crecimiento de su consumo. Lo que sí creo, es que estamos frente a un cambio positivo en la dinámica del mercado que puede darle una mayor estabilidad y transparencia al negocio. Las empresas públicas en China competirán entre ellas con los mismos mercados y productos buscando el mejor resultado económico. Y si el desempeño no es el esperado, podrán ser investigadas por la Justicia, siendo removidos sus cargos gerenciales si el mal resultado se debe a una mala administración, o pudiendo ser procesados si se debe a abusos de poder o corrupción… un ejemplo a ser aplicado en las empresas públicas de Uruguay.
China está lejos de ser una economía de mercado, pero desde su ingreso a la OMC a fines de 2001, y en especial desde la nueva administración del gobierno de Xi Jinping, viene dando pasos fuertes para despejar asimetrías que afectan la racionalidad comercial de este importante mercado para los commodities agropecuarios.
(*) El autor es ingeniero agrónomo, especialista en el mercado cárnico y docente de la Universidad ORT
