Medidas para “mejorar el clima de negocios” entusiasman poco

Desde el sector privado, se recibieron con cautela los anuncios.

El consultor económico Aldo Lema entiende que los efectos de las medidas pueden darse en el corto plazo y “marginalmente. En definitiva, inversión y empleo seguirán determinados por sus fundamentos de largo plazo y el propio ciclo” económico, dijo el sábado 24 en Twitter.

Mientras, el Instituto Cuesta-Duarte del PIT- CNT estimó en un informe que, con estas medidas, “es de esperar un mayor flujo de inversiones”, de actividad económica y mejora en el nivel de empleo, si bien al mismo tiempo se incrementará la “renuncia fiscal, la cual se debe ponderar”.

Inversión.

Algunas disposiciones anunciadas serán de aplicación inmediata por vía administrativa y otras requerirán de cambios legales.

Según lo informado, entre otras medidas, se modificará el régimen de promoción de la inversión productiva vigente, dándole mayor importancia en la matriz de evaluación de proyectos a la creación de empleos, así como a los indicadores de investigación, desarrollo e innovación, y la producción más ecológica. Bajo dicho régimen, en enero su Comisión de Aplicación recomendó darle beneficios fiscales a 37 proyectos, con una inversión asociada de US$ 36,6 millones, más del doble en cantidad y monto que en el mismo mes de 2017, según cifras del MEF.

Como beneficios adicionales con vigor en 2018, se anunció que las inversiones realizadas entre este mes y febrero de 2019 se computarán por el 120% a los efectos de determinar el monto de exoneración del IRAE. Además, habrá un aumento de 10% en el porcentaje de exoneración tributaria que surja de la matriz de indicadores para los proyectos de inversión que se presenten en ese mismo lapso y se ejecuten al menos en un 75% antes de diciembre del próximo año.

A través de un proyecto de ley, se propondrá aumentar los porcentajes de deducciones y el tope de las inversiones realizadas por micro y pequeñas empresas.

Asimismo, el Poder Ejecutivo prorrogará por un año, hasta fin de 2018, los beneficios impositivos para las megaobras inmobiliarias.

Para fomentar la producción local de maquinarias y equipos agrícolas, se prevé exonerar de todo cargo la importación de insumos, partes y piezas. Fabricantes del rubro elogiaron la medida en el diario oficialista La República.

DGI.

Otro capítulo del paquete contempla medidas de “mejora para los contribuyentes” y de “fortalecimiento de derechos” de los contribuyentes de la DGI. Algunas tienen un grado de especificidad tal que su impacto es difícil de percibir para los no entendidos y en ciertos casos apuntan a zanjar discusiones doctrinarias. El director general de Rentas, Joaquín Serra, dijo a Búsqueda que la relevancia de varias disposiciones es que se dará mayor “certeza” y un “adecuado equilibrio” entre el uso de las facultades de la DGI y los derechos de los contribuyentes.

Se anunció que se limitará la capitalización de los recargos por mora, a los efectos de reducir el costo de las deudas tributarias. La actual capitalización cuatrimestral se hace “realmente impagable” y “casi imposible de recuperar” para la DGI deudas que algunas veces tienen muchos años de atraso, afirmó el jerarca.

También se abatirán los costos para los contribuyentes mediante una rebaja del arancel que cobra la DGI para estimar los honorarios profesionales en juicios de cobro coactivo. En lugar de tomar el arancel del Colegio de Abogados, fijado como porcentaje de la deuda, el organismo adoptará una tarifa fija en unidades indexadas a la inflación según franjas acordes al monto reclamado. Se estima que esto ayudará a facilitar la regularización de pagos.

Otras medidas fueron presentadas por las autoridades como un “fortalecimiento de derechos” de los contribuyentes.

Por ejemplo, se eliminará la facultad que tiene la DGI para clausurar establecimientos comerciales sin que exista una resolución judicial. Si bien en los hechos desde hace más de una década que el organismo no ejerce tal potestad y “siempre” espera una decisión judicial, “continuamente se señalaba que había un desequilibrio y un exceso en las potestades de la administración. Nos parece conveniente dar más certezas” quitando la facultad, subrayó Serra.

La posibilidad para la DGI de suspender el certificado de vigencia anual pasados 90 días desde la adopción de medidas cautelares ha sido otro punto criticado por la doctrina. El Poder Ejecutivo anunció que se derogará tal facultad, si bien era aplicado parcialmente por la Impositiva. “La objeción que se hacía era que obligábamos al contribuyente a pagar la deuda y después reclamaba; de esta forma estamos dando certezas y garantías en cuanto a que pueda realizar los reclamos que corresponda sin ninguna acción coactiva por parte de la DGI”, dijo su titular.

Otra de las medidas anunciadas es la derogación de una disposición según la cual no es posible recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un acto de denuncia penal por el delito de defraudación tributaria presentado por la DGI. Con ese proyecto de ley, se evitarán las acciones de inconstitucionalidad contra la disposición en cuestión y se acompasa con la nueva posición de dicho órgano de control respecto al asunto. Según Serra, también dará “certeza jurídica, sobre todo a las pequeñas empresas, que están menos asesoradas y son más proclives a cometer errores”, la disposición que dejará en claro que, una vez consumada la prescripción de los créditos, no será posible renunciar a ello.

?? “¡No digan mentiras, no somos tarados!”