Michele y los tiburones

Seguramente, los libretistas se inspiraron en casos reales y en diversas bromas que circulan desde hace décadas: “Los abogados son como rinocerontes: gruesos de piel, cortos de vista y siempre preparados para cargar”. Otra dice: “Es mejor ser un ratón en la boca de un gato que un hombre en las manos de un abogado”. Una de las más duras pertenece a Mario Puzo, el novelista autor de El Padrino: “Un abogado con su portafolio puede robar más que 100 hombres armados”.

La amplia mayoría de los abogados son artistas honestos, estudiosos, responsables y que manejan con dignidad las normas y pelean para que sus clientes tengan el mejor asesoramiento y un trato justo. Algunos son ineptos, pero no delincuentes.

Pero cuando surgen casos como los de la abogada Michele Suárez es muy difícil desterrar la creencia popular. Su nombre y apellido se incorporarán como una marca a la historia negra de la profesión y será objeto de bromas e ironías sobre la falsificación de firmas que incluyó que le hiciera trampas a la Suprema Corte de Justicia.

El juez Marcos Seijas y la fiscal Silvia Mascaró procesaron a Suárez, con prisión domiciliaria por razones de salud, y le imputaron cuatro delitos de falsificación y un delito de estafa. Es un caso emblemático pero no el único. La infiel admitió que puede haber otros casos en los que delinquió.

Conozco varios abogados que fueron procesados y condenados. Sin embargo, transcurrido un tiempo, es posible verlos haciendo consultas en los juzgados e incluso dialogando con fiscales, jueces y ministros como si nada hubiera pasado. Algo parecido ocurrirá con Súarez.

Este caso ha tenido un particular destaque porque la amparó un partido político. El Partido Comunista utilizó la condición de transgénero de la abogada para ubicarla en el Senado como suplente de un histórico comunista como Marcos Carámbula. La cuestión era utilizarla como imán para atraer votos de los militantes LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales). Cuando en octubre de 2017 asumió en lugar de Carámbula, ese día fue considerado como “histórico para la política y la sociedad”. La culpa no es solo del chancho; sin conocerla la vistieron con un ropaje de honorabilidad con exclusivos fines electorales.

Volvamos al centro de la cuestión. Todo abogado procesado es suspendido por la Corte al tenor del artículo 140 de la ley 15.750: “Decretado el procesamiento de un abogado por delito doloso o ultraintencional, el juez de la causa dará sucinta cuenta de lo actuado a la Suprema Corte de Justicia. Esta, previa audiencia del inculpado, apreciará la incompatibilidad con el ejercicio de la profesión y podrá decretar la suspensión del procesado en dicho ejercicio si el acto ilícito, por su naturaleza, es incompatible con la dignidad y el decoro de la misma. La Suprema Corte de Justicia podrá levantar la suspensión en cualquier momento”. Eso siempre y cuando los jueces lo comuniquen a la Corte, lo que no siempre ocurre.

Una suspensión severa de la Corte difícilmente supere los tres años y cuando termina el abogado vuelve a ejercer. Una rápida revisión de las suspensiones desde 2010 permite comprobar que la mayoría de las sanciones fueron a mujeres.

El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó el accionar de Súarez porque su conducta “afecta seriamente la dignidad del ejercicio” de la abogacía y el derecho de los justiciables involucrados en los hechos.

Lo que el CAU puede hacer para erradicar a esos abogados infieles es poco, especialmente si no integran el colegio. Uno de los aspectos en los que insiste el organismo para poder juzgar a esos tiburones es que no existe la colegiación pública obligatoria por la que el colegio viene bregando infructuosamente desde hace años.

Una colegiación permite el control de la matrícula y al mismo tiempo otorga una potestad disciplinaria independiente de los pares de los profesionales involucrados.

La colegiación pública de la abogacía obligaría a los profesionales a afiliarse al CAU y consecuentemente, como en el caso de Suárez y de otros abogados procesados, pueden ser juzgados éticamente. Una sanción de esas características puede tener mayor impacto que las que hoy decide la Corte, el único organismo en el que deben estar inscriptos todos los abogados.