Mides y el Tribunal de Cuentas elaboran un sistema de contratación “especial” de organizaciones sociales para evitar observaciones

El Mides se creó en 2005 cuando se instaló el gobierno de Tabaré Vázquez. Con una estructura de funcionarios relativamente pequeña (hoy tiene poco más de 300 presupuestados), muchos de los programas que se comenzaron a aplicar fueron realizados a través de OSC. Desde la puesta en funcionamiento de los refugios hasta atender la violencia de género o los proyectos de trabajo transitorio a través del programa Uruguay Trabaja, fueron parte de la tarea de las organizaciones que reciben dinero para implementar los trabajos.

En ese comunicado la Secretaría de Estado explicaba que la “contratación de personal, fundamentalmente técnicos, a través de organizaciones de la sociedad civil, por parte del Mides, es un hecho que ha sido expresamente reconocido” por el Ministerio “en el marco de la transparencia que caracteriza su accionar”.

“La modalidad de ‘tercerización’ ha sido impuesta por la necesidad de afrontar el déficit en materia de recursos humanos, en virtud de contar con una plantilla mínima para la implementación de las numerosas políticas sociales impulsadas con el objeto de reducir la pobreza y eliminar la indigencia, así como lograr una mejor distribución de la riqueza. En modo alguno dicha modalidad es una práctica destinada a transgredir las normas constitucionales, legales o reglamentarias”, se explicó en ese momento.

“Nos preocupan las observaciones del Tribunal de Cuentas”, dijo a Búsqueda la directora general de Secretaría, Alicia Díaz. “Por ejemplo, si tengo un refugio hago un llamado a licitación y lo tengo que declarar desierto porque ninguno cumplía con las condiciones del pliego. Hago un llamado a una compra directa por excepción y eso tiene que ir al Tribunal de Cuentas, pero llega un momento en el que se me vence el contrato y no podemos discontinuar el servicio, por lo que la organización sigue en el refugio. Ese período que una organización siguió trabajando y no tenía un nuevo contrato, el Tribunal de Cuentas lo observa. Desde el punto de vista de la norma tiene razón”, explicó.

Díaz agregó que los procedimientos de las licitaciones son muy “engorrosos” y cuando se manejan con proveedores, empresas con una estructura administrativa, “las cosas demoran pero salen bien”. “Pero cuando se contrata organizaciones sin fines de lucro que pueden tener organizaciones más endebles, todo el proceso se vuelve bastante complicado. Hay períodos prologados donde no podría cubrir un servicio porque está en vuelta todo el proceso”, dijo.

La jerarca indicó que “la mayoría” de las licitaciones que realiza el Mides “no son para comprar cosas sino para contratar organizaciones de la sociedad civil que gestionen los diferentes servicios” del Ministerio.

Díaz explicó que están trabajando con el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado en un “mecanismo de contratación diferente” cuando sea necesario.

Dijo que este trabajo se realiza con dos premisas que se deben cumplir: que se asegure la libre concurrencia de proveedores y que se dé la mayor transparencia a la convocatoria.

La directora informó que hoy el Mides trabaja con unas 30 organizaciones sociales y algunas de ellas tienen más de un servicio o programa a su cargo.

Dentro de los “desafíos” que el Mides colocó en la Rendición de Cuentas, también figura la “generación de un sistema de monitoreo y evaluación” de las organizaciones sociales junto a la Dirección de Evaluación y Monitoreo y la Dirección Nacional de Desarrollo del Mides.

Díaz dijo que la idea es dar “garantías de controles” a la tarea de las organizaciones y establecer “indicadores claros” de medición.

“Cada programa social tiene un equipo propio de supervisión que está monitoreando lo que hacen las organizaciones contratadas, y ven que cumplan con su cometido. Hacen informes, ven que todo funcione. Pero esta es una evaluación que tiene un toque subjetivo y por eso queremos tener una evaluación sobre la base de indicadores que complemente lo otro. Esos indicadores permiten hacer una evaluación y descalificar a alguna organización que no cumpla con el objetivo y además posibilitarán tener un mejor nivel en cuanto a calidad”, afirmó.