“Busquen un dedo”, ordenó el profesor Guido Manini Ríos a un grupo de alumnos durante una “clase de granada” al promediar el año 1982 en la Escuela Militar. Acababa de explotarle una granada en las manos mientras explicaba a unos 40 soldados veinteañeros cómo accionar un proyectil de fragmentación. Si no hubiera separado el dispositivo de la espoleta que lo acciona, habría impulsado esquirlas para todos lados y “matado a varios” de sus estudiantes que lo escuchaban a poca distancia. “Por suerte, por algo... —pienso que no era mi hora, nada más— separé la espoleta, lo di con la espoleta, y con eso me destrozó las manos”, cuenta el candidato presidencial de Cabildo Abierto (CA), que aun hoy, 37 años después de aquel accidente, muestra “puntos negros” en la palma de su mano izquierda como “salpicaduras de aquella pólvora”. Es que con las manos destrozadas —“era como tener una brasa adentro”—, Manini Ríos recorrió los 200 metros que separaban el salón de clase de la enfermería, mientras sus alumnos aún en shock buscaban su dedo meñique derecho. Recuperarse de aquello llevó más de un mes, pero ya a la semana siguiente estaba con sus manos vendadas dando clase otra vez.
“¡Oh casualidad!”
En su resolución, el fiscal Morosoli archivó la investigación sobre el presidente Tabaré Vázquez y el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma; el exsubsecretario de Defensa Daniel Montiel; los generales que integraron el Tribunal de Honor del Ejército que juzgó la conducta de Gavazzo —Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún—; los que integraron el Tribunal de Alzada que analizó los descargos de Gavazzo; y los asesores del Ministerio de Defensa Josefina Nogueira y Alfredo Maeso, quienes tramitaron el expediente del caso.
De esta forma, el único indagado que queda en el caso es Manini Ríos, cuyo argumento de defensa siempre fue que interpretó la confesión de Gavazzo como una maniobra o “chicana” para dilatar el trabajo del tribunal y que, por ese motivo, decidió seguir adelante el trabajo sin informar a la Justicia (Búsqueda Nº 2.015).
Tras conocerse el dictamen, Manini Ríos dijo a Subrayado que hizo lo que tenía que hacer. “Lo tengo bien claro. Las responsabilidades están a otro nivel. Si se quiere eludir eso, ignorar eso, es otro problema”. Y agregó: “Era evidente que esa iba a ser la actitud del fiscal. Estará mandatado para hacer lo que está haciendo”.
El general retirado aseguró a El País el miércoles 25 que existe una “verdadera intencionalidad política” para perjudicarlo ante el crecimiento de su partido. “Está clarísimo que Presidencia no hizo lo que tenía que hacer”, insistió. Horas después, CA tuiteó en su cuenta oficial: “Hay desesperación en el gobierno del FA. La poca creatividad que demuestran es asombrosa!!! Ahora pretenden proscribir a Manini”.
Desde el oficialismo hubo reacciones variadas sobre el dictamen de la Fiscalía y la eventual imputación del exmilitar. Mientras el ministro Ernesto Murro (Trabajo) dijo a Radio Carve que Manini Ríos debería “presentar la renuncia a su candidatura”, el senador frenteamplista Rafael Michelini comentó en el programa radial Fácil desviarse: “¡Oh casualidad que la Fiscalía solo encuentra a uno (responsable) y es candidato a la presidencia”. Mientras, el expresidente José Mujica consideró “un error político” la posible acusación a Manini Ríos, porque “lo coloca en el papel de víctima” y “lo infla”.
Es que al tiempo que el general retirado devenido en político enfrenta este “escollo” judicial, su partido crece en los sondeos. Según Opción Consultores, Cabildo Abierto empata en el tercer lugar con el Partido Colorado, ambos con 12% de las preferencias, por detrás del Frente Amplio (30%) y del Partido Nacional (23%), a casi un mes de las elecciones generales del 27 de octubre.
La “novedad” se debe al descenso de tres puntos en la intención de voto de los colorados respecto a agosto, mientras CA se mantiene estable en las mediciones de esa consultora. Otras encuestas también marcan un crecimiento, aunque más modesto, del partido liderado por Manini Ríos.
Versiones
En el dictamen con el que exoneró a la amplia mayoría de los involucrados, el fiscal Morosoli detalló las distintas versiones sobre las piezas que se movieron después de que el 10 de abril del 2018, ante el tribunal de honor que juzgaba su conducta y la del exmilitar Jorge Silveira, Gavazzo admitió un caso de desaparición forzada.
Los integrantes del Tribunal de Honor coincidieron en que las confesiones de Gavazzo eran “graves”, “novedosas” y “sorprendentes”, y se las comunicaron —en dos ocasiones— a su superior, Manini Ríos, para que fueran “puestas en conocimiento” de la Justicia penal. El entonces comandante en jefe acusó recibo de la información y, en ambas reuniones, ordenó suspender las actuaciones del tribunal, diciendo que se haría cargo del tema. También en ambos casos ordenó, días después, que retomaran el trabajo, argumentando que a su juicio se trataba de una “chicana” de Gavazzo para retrasar al tribunal. Esas conversaciones no quedaron plasmadas en el expediente. Según el dictamen del fiscal, no consta “que se haya efectuado denuncia penal alguna en ese momento por parte del comandante en jefe del Ejército, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de Gavazzo a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa”.
Recién el 14 de febrero de este año Manini Ríos concurrió al despacho del entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez con el expediente que incluía las actas con las confesiones de Gavazzo. La reunión, según la reconstrucción de Morosoli, duró 10 minutos y no hubo testigos. El fiscal no encontró indicios de que en esa instancia Manini Ríos se hubiera referido a las declaraciones de Gavazzo y su “relevancia penal”.
Después de meses de investigación, Morosoli concluyó que el contenido de las actas “debió ser puesto en conocimiento” de la Justicia penal. Sin embargo, consideró que casi todos los involucrados cumplieron con su deber de informar a sus superiores sobre las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
Al día siguiente un asesor del ministro elevó un informe a su jefe en el que cuestionaba que el tribunal “llamativamente” había pasado por alto “muy graves hechos relatados por los enjuiciados en sus declaraciones”. Entonces Menéndez tomó conocimiento de la “gravedad” del asunto y decidió informar al presidente Vázquez.
El ministro aprovechó la reunión del Consejo de Ministros del lunes 18 de febrero para alertar al mandatario. Vázquez declaró ante el fiscal que tras conocer la información le ordenó a Menéndez que pusiera “en conocimiento del sistema de Justicia penal los hechos plasmados en el expediente”. Para ello, le dijo que gestionara una reunión con Toma.
Vázquez sostuvo que Manini Ríos “no comunicó nada” relacionado con las declaraciones de Gavazzo y Silveira a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa. Lo mismo dijeron los asesores legales de Menéndez y el subsecretario Montiel.
El secretario de la Presidencia, quien declaró el 29 de mayo de 2019 como indagado, señaló que el trámite del expediente en Presidencia se cursó en tiempo “récord”, porque se homologaron los fallos de los tribunales de honor en menos de un mes. Y agregó que Vázquez ordenó a Defensa que realizara la denuncia penal y que la cartera no la había hecho porque quería presentar un informe ordenado a la Fiscalía.
Las declaraciones de Toma en la Justicia se contradicen con lo que había dicho meses antes en una entrevista con El País, cuando negó que Menéndez le hubiera informado sobre el tema. Incluso negó la existencia de una reunión con el ministro y dos de sus asesores, algo que confirmaría después ante Morosoli.
En su dictamen, Morosoli da por válida la versión de la Presidencia. La resolución presidencial que devolvió el expediente al Ministerio de Defensa incluía el concepto “a sus efectos”, lo que a criterio del fiscal era un “giro gramatical” que implicaba, entre otras cosas, “el cumplimiento de la decisión de remitir testimonio de las actuaciones del Tribunal de Honor a los Juzgados Letrados Penales y/o Fiscalías Penales competentes”.
“Así lo entendieron los funcionarios de Presidencia y así interpretaron la resolución los funcionarios del Ministerio de Defensa”, evaluó el fiscal. No obstante, detalló, “el ministerio optó por desagregar y cruzar los datos que surgían de las declaraciones de Gavazzo y Silveira con la base de datos que poseía el Ministerio de Defensa para facilitar la tarea de los órganos de investigación criminal”.
En cuanto a los jerarcas de Presidencia, el fiscal entendió que no estaban obligados a denunciar la comisión de un delito, porque las confesiones de los exmilitares ocurrieron en la órbita de Defensa.
La publicación del contenido de las actas en una nota publicada el 30 de marzo en El Observador pareció acelerar las cosas. El 1º de abril, Vázquez le dio 45 minutos a Defensa para que le enviara el expediente con una nota del ministro explicando qué pasos se habían dado hasta ese momento. Ese mismo día Presidencia envió una copia del expediente a la Justicia.
Después de meses de investigación, Morosoli concluyó que el contenido de las actas “debió ser puesto en conocimiento” de la Justicia penal. Sin embargo, consideró que casi todos los involucrados cumplieron con su deber de informar a sus superiores sobre las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
En cuanto a los jerarcas de Presidencia, el fiscal entendió que no estaban obligados a denunciar la comisión de un delito, porque las confesiones de los exmilitares ocurrieron en la órbita de Defensa. “Sostener lo contrario llevaría al absurdo de afirmar que cualquier delito cometido en la esfera de cualquiera de los ministerios que integran el Poder Ejecutivo deben ser denunciados por los funcionarios de la Presidencia de la República”, argumentó.
A su juicio, la actitud asumida por los funcionarios de Presidencia “tendió en todo momento a cumplir el mandato presidencial sobre el asunto”.
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