Proyecto de ley del ministerio de justicia del gobierno plantea un “escenario de mínima” para su creación

El senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani expresó en Radio Carve que la eventual creación de la cartera no le “gusta mucho”, pero que no puede “rehuir a discutirlo” porque se incluyó en el programa. En la misma línea, la referente del sector y exvicepresidenta, Lucía Topolansky, dijo a El País que la iniciativa no le “entusiasma” y “no es una prioridad”.

Funciones a debatir

Si bien todavía no se conoce el articulado del proyecto de ley que será enviado para la consideración del Parlamento, las fuentes adelantaron que la propuesta es un “escenario de mínima” en cuanto a las dependencias o los servicios descentralizados que podría incluir y cuáles serían las funciones del eventual ministerio. Se trata de responsabilidades que en la actualidad están “dispersas” en distintos organismos del Estado.

Una de las responsabilidades que el gobierno ha planteado en diversas instancias que le asignaría a la nueva secretaría de Estado sería la de elaborar las políticas públicas en temas de justicia y derechos humanos sin afectar las competencias del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, para mejorar el acceso a la Justicia. El documento de las prioridades para gobernar que había elaborado el Frente Amplio también planteaba la posibilidad de implementar un área especializada en abogacía del Estado, para trabajar en las demandas nacionales de gran complejidad y en los arbitrajes internacionales e incorporar los registros públicos. Por otro lado, también se ha planteado que la Fiscalía General de la Nación se traslade como servicio descentralizado al ministerio de justicia. En la actualidad está jerarquizada al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura.

Otra de las dependencias que podrían pasar a la nueva cartera es la Defensoría Pública, que hoy funciona dentro del Poder Judicial. El año pasado el Senado aprobó un proyecto de ley para transformarla en un servicio descentralizado, pero su votación en Diputados se postergó para este 2026.

También se ha manejado que el nuevo ministerio incluya la responsabilidad del funcionamiento del sistema penitenciario, tanto de las cárceles como de las medidas alternativas, es decir, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se trata de un punto que ha estado sobre la mesa en las últimas administraciones y había sido planteado tanto por el exministro del Interior Eduardo Bonomi como por esa misma cartera durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que primero lideró Jorge Larrañaga, luego Luis Alberto Heber y finalmente Nicolás Martinelli.

“Yo no sé quién metió” el ministerio de justicia en el programa del Partido Nacional, dijo el senador nacionalista Sergio Botana al periodista Leonardo Sarro, este martes 3.

En el prólogo del Libro blanco de reforma penitenciaria en Uruguay, que fue presentado sobre el final de la gestión de Lacalle Pou en diciembre de 2024, el entonces ministro Martinelli dejó por escrito la necesidad de crear un ministerio de justicia como parte de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que había trazado el gobierno.

“La creación de un ministerio de justicia y derechos humanos, en el entendido de que las carencias estructurales del sistema penitenciario no podrán superarse mientras continúe supeditado orgánicamente al Ministerio del Interior, cuya lógica de trabajo está predominantemente enfocada en el control y la represión del delito”, señalaba el documento. En ese marco, agregaba que las políticas de prevención deberían organizarse “en un ministerio específico o en un servicio descentralizado, libre de lógicas opuestas y con el principal objetivo de reinsertar a los penados y reducir la reincidencia delictiva”.

Contar con un ministerio de justicia fue planteado por Martinelli como una de las dos “medidas de largo alcance” para enfrentar el desafío de las carencias en el sistema penitenciario uruguayo, que “siguen siendo notorias e impostergables” y generan una “situación de agotamiento estructural con carencias crónicas en materia de recursos humanos y materiales que impiden que se cumpla satisfactoriamente” con las exigencias constitucionales. La segunda medida era la formulación de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario.

Uno de los argumentos que se han utilizado desde la oposición para oponerse a la creación del nuevo ministerio es el costo que implicaría. “Crear ministerios y más burocracia y gasto público es el camino equivocado que pagará otra vez más el contribuyente”, publicó el senador blanco Javier García en X. Sobre este punto, el programa del Partido Colorado planteaba que las funciones que se proponían para el ministerio de justicia “hoy son cumplidas en dependencias dispersas del Estado uruguayo”, por lo cual “la mayor porción de la competencia (…) no implica la creación de nuevas funciones” y, “por ende, no acarrea grandes nuevas erogaciones”.

La propuesta de crear el ministerio había alcanzado un acuerdo durante la mesa de discusión interpartidaria de seguridad, que trabajó durante siete meses de 2023 y fue una de las 15 iniciativas que se establecieron como parte de una estrategia integral y preventiva. En esa instancia también participaron Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente.