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La prisión domiciliaria. La Justicia es representada en nuestro país y en todos los países por una esbelta mujer con los ojos vendados y una antigua balanza en equilibrio a ambos lados.
Desde toda la vida, hemos sentido, nos han enseñado y defendemos por qué debe ser así: “Todos somos iguales ante la Ley”.
Hace algunos días a nivel social y periodístico, se produjo el tan mentado arribo del señor Amodio Pérez. Sobre él se tejieron cientos de historias, de todos aquellos actores camaradas de él y que ahora desempeñan cargos de gobierno.
Actores, ellos, de crueles enfrentamientos ante la ciudadanía en ese momento, las Fuerzas Armadas y policiales responsables de lograr la paz por ley del Poder Legislativo.
Este señor que nos ocupa fue un notorio integrante y jefe tupamaro en su época, que luego fugó a España.
Como corresponde fue detenido, se presentaron pruebas y testigos “reales” en su contra, de sus compañeros en la acción subversiva.
Como consecuencia, después de quince días de teatralización gráfica, televisiva, etc., fue encontrado inicialmente culpable y enviado a la Cárcel Central.
Rápidamente se operó, por parte del señor abogado defensor, señor juez y del señor fiscal y médico forense, “la prisión domiciliaria”, por padecer enfermedades no terminales pero que necesitaban una medicación permanente. Hecho que no valoro, pues no es mi especialidad ni médica, ni jurídica, pero destaco la rapidez y premura de cumplir con un artículo de nuestro Código del Proceso Penal.
En la otra vereda, aquellos que los enfrentaron y son mis camaradas, sus abogados en especial y organismos internacionales, han solicitado que se aplique el artículo del Código Penal “prisión domiciliaria” por más de “n” veces.
Ellos no son uno solo, sino varios que padecen enfermedades de carácter terminal, que gracias al apoyo de familiares y amigos soportan tratamientos y operaciones. Otros, con edades muy avanzadas.
Todos ellos no han tenido la misma suerte en sus causas por las críticas posiciones, peticiones de profesionales y ciudadanos que desean su muerte en prisión para lograr una satisfacción personal.
La Justicia ha tomado la decisión al negar sistemáticamente la detención domiciliaria a los que actuaron contra la acción subversiva, los mantienen separados de su familia y el hábitat de vida al que todo ser humano tiene derecho próximo a dejar este mundo cuando el destino lo establezca.
Mi intención es lograr que esa decisión de la Justicia se concrete para todos. Para aquellos que atacaron, mataron y torturaron a ciudadanos de nuestro querido país como muchos de mi generación y superiores que los enfrentaron y hoy pagan con prisión a veces no muy justas.
En Uruguay no existía la cadena perpetua ni la pena de muerte. Pero condenar a personas muy mayores, por convicción y no con pruebas, a 28 años de prisión por hechos prescriptos y desconociendo por dos veces la voluntad del pueblo, es imponer prácticamente “pena de muerte en prisión”.
Entiendo que existen ciudadanos que la desean y cuya satisfacción es que estos mueran en la cárcel sin la compañía de su familia.
El símbolo de la Justicia se ha modificado: la venda se corrió de un lado, como así también la balanza.
