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El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió intervenir el Círculo Policial del Uruguay, una asociación civil de oficiales de la Policía, según informaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. La decisión de la cartera obedece a que la institución lleva años sin cumplir con la intimación de sustituir a algunos de sus directivos que fueron electos pese a no estar habilitados para ocupar esos cargos.
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El 30 de abril del año 2013 el Círculo Policial celebró la elección de las autoridades que ocuparán sus cargos hasta el 2016. Apenas unos días después, un grupo de oficiales asociados a la institución denunciaron presuntas irregularidades ante el MEC, de las que antes ya habían dado cuenta en la interna de la asociación civil.
Como resultado de la denuncia, a fines del 2013 el MEC intimó al Círculo Policial a dar de baja a los directivos, Ernesto Carreras y Freddy Kuster y al suplente Ricardo De León y convocar a los suplentes siguiendo el orden preferencial. Pero la organización no cumplió la orden.
El comisario inspector Kuster es un oficial retirado de la Policía. Desde hace años se desempeña como secretario, chofer y seguridad personal del ex presidente Luis Alberto Lacalle.
Carreras, en tanto, se desempeñó como subjefe de Policía de Soriano hasta que un comentario que publicó en su cuenta de Facebook provocó su remoción. Días después de que el Congreso paraguayo destituyera al presidente Fernando Lugo, el comisario inspector escribió: “Copiemos a los paraguayos. ¡Chau Pepe!”.
En las elecciones nacionales de 2014, Carreras integró la lista 71 del Partido Nacional y por eso es suplente de la diputada Gloria Rodríguez. En su actividad parlamentaria ha elevado varios pedidos de informe al Ministerio del Interior.
Denuncia.
El reclamo principal de los oficiales que denunciaron las irregularidades en el Círculo Policial era que al menos seis de los directivos que resultaron electos por la lista oficialista 2013, estaban inhabilitados para hacerlo porque ya habían sido electos para esos cargos en períodos anteriores. Kuster, Carreras, Juan Aguerre, Walter Montero, Juan Navarro, Juan Cipollini y De León eran los oficiales señalados y a los que se acusaba de tener una “clara intención de perpetuarse en los cargos”.
El estatuto del Círculo Policial permitía una única reelección de sus autoridades. En 2008 fue modificado por Asamblea de socios y extendió la posibilidad de la reelección por un período más. Esos cambios estatutarios no fueron aprobados por el MEC que formuló una serie de recomendaciones, entre ellas la reelección por un único periodo.
Kuster, Carreras y De León habían sido electos como directivos en 2004 y luego fueron reelectos en 2007, 2010 y 2013. Montero, Aguerre y Navarro habían sido suplentes en 2004, electos como titulares en 2007 y reelectos en 2010 y 2013.
En los expedientes de la Dirección General de Registros del MEC, a los que accedió Búsqueda, no se hace referencia a la situación de Cipollini.
A más de dos años de la intimación, Kuster y Carreras siguen ocupando en el Círculo Policial sus cargos de presidente y secretario general respectivamente.
Si bien durante el 2010 las autoridades del Círculo Policial elogiaron al Ministerio del Interior, después se volvieron muy críticos de la gestión del ministro Eduardo Bonomi y lo acusaron de aplicar una “mordaza” a la Policía.
Intervención.
El Círculo Policial es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por oficiales de la Policía. Entre sus objetivos está el “mejoramiento intelectual de sus asociados”, la realización de una revista que aborde temas “profesionales” y “altruistas”, fomentar la camaradería y crear servicios para sus socios y para el público.
El Ministerio de Educación y Cultura es el organismo estatal encargado de ejercer “la policía administrativa de las asociaciones civiles y fundaciones” y, en consecuencia, a controlar “su creación, su funcionamiento y su disolución y liquidación”. La cartera tiene facultades para aplicar sanciones que van de la observación a la cancelación de la personería jurídica a aquellas que “incurran en infracciones a las normas legales, reglamentarias o estatutarias”.
El Ministerio también puede disponer la intervención de las asociaciones civiles y fundaciones en los casos en que compruebe que hubo “violaciones graves” a las normas, esté en juego el interés público, o sea necesario “salvaguardar” el patrimonio material o moral a su cargo. El interventor designado debe “restituir a la institución a su cauce normal de actividad” y para eso tendrá un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis.
Según informaron a Búsqueda las fuentes del Poder Ejecutivo, ya está elegido el interventor que se destinará al Círculo Policial. Las demoras en su designación obedecieron en parte a las dificultades que tuvieron para encontrar a un candidato idóneo.
