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El próximo lunes 15, durante la reunión que suele tener la cúpula del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se discutirá el impacto de la inflación en los lineamientos de los Consejos de Salarios. La propuesta fue elevada por el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, quien dijo en entrevista con Búsqueda que hay un “debate” instalado sobre si el aumento de precios que se proyecta para este año supone una “pérdida de salario en el transcurso del gobierno”.
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“El problema de hoy, el debate que está instalado, la demanda del movimiento sindical y la discusión que tenemos que dar, es si con estos valores de inflación y con esta proyección para 2016 no hay una pérdida de salario en el transcurso del gobierno. Y ahí habrá lecturas distintas, si hay o no que corregir y si hay margen para corregir (las pautas). Creo que es válido afirmar que estamos en un contexto en que hay que revisarlo”, dijo el jerarca.
“Elaboramos los lineamientos con los datos puestos en 2015, no con el resultado a diciembre (de inflación) y menos con la proyección a 2016. Pero mantenemos que al final del período no se va a perder poder adquisitivo porque no hay que olvidar que todos (los convenios) tienen un correctivo al final”, agregó.
En enero el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2,45%, llevando la inflación de los últimos doce meses a 9,68%. Algunos analistas estiman que existe una posibilidad de que supere el 10% en algún momento del año, aunque lo cerraría algo por debajo de ese umbral.
Las pautas que el Ejecutivo presentó para la negociación salarial suponen convenios a tres años con distintos ajustes: para los sectores “dinámicos” serán de 10% el primer año, 9% el segundo y 8% el tercero; los intermedios serán de 8,5%, 7,5% y 7% respectivamente; las empresas en problemas darán aumentos de 8%, 6,5% y 6%. Los correctivos por inflación pueden darse a los 18 o 24 meses.
“Si quiero hacer declaraciones demagógicas, ojalá que se corrija (la pauta) y coloquemos un par de puntos más de aumento para los trabajadores en cada columna. Tengo ese sentimiento y no lo oculto. Pero hoy los instrumentos que tenemos son los lineamientos que hicimos públicos. Y cualquier cosa que de aquí en adelante ocurra tiene que ser materia de análisis y discusión en el gobierno”, apuntó Castillo.
“El Ejecutivo tuvo la clara visión de que no se perdiera el poder adquisitivo al final de este Consejo de Salarios. Y de que lo que no pudiera ser contemplado en aumentos lo fuera en derechos”, agregó.
En la suba de enero del IPC impactó el aumento de las tarifas públicas que se decidió a mediados de ese mes, en algunos casos para contribuir a bajar el déficit fiscal. También se anunció una modificación en la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales (IRAE). Esto llevó a ciertos empresarios y figuras de la oposición a hablar de un “tarifazo” o “ajuste fiscal encubierto”. Castillo, comunista y reconocido dirigente del PIT-CNT, no concuerda con ese adjetivo pero sí reconoce que hubo un “ajuste de gran impacto”.
“Los ajustes de las tarifas públicas fueron de un gran impacto en la población y en algunos sectores de menores ingresos seguramente debe haber sido uno más grande. Son cosas que no se resuelven acá (en el MTSS), pero no se puede tapar el sol con los dedos. Hubo un aumento que impactó fuerte, aunque habrá argumentos de parte del Ejecutivo”, estimó.
Ronda “compleja”.
Según datos brindados por el MTSS, la sexta ronda de negociación salarial arrojó para fines de enero 32 acuerdos tripartitos, siete convenios bipartitos, nueve votaciones del Ejecutivo (en todas junto con los empresarios) y dos decretos. Esto implica una menor cantidad de convenios entre gobierno, trabajadores y empresarios que durante la ronda pasada. En estas semanas alcanzaron acuerdos los sectores de curtiembres, textiles y gráficos; resta aún la negociación en hotelería y gastronomía así como en la enseñanza privada.
“Fue una negociación compleja acompañada de mucha movilización de los trabajadores. Nosotros, amparados en los lineamientos, logramos manejar señales de flexibilidad (correctivo a 18 meses) que nos permitieron la firma de algunos convenios trancados. El sector trabajador generó mucha movilización para presionar por el cambio (de las pautas) con desigual suerte. Y los empleadores, que veían excesivos los lineamientos, trabajaron moviendo muy poco. La realidad es que ante el no acuerdo, el sector empleador prefirió ajustarse a las pautas. Este combo de posiciones llevó a complejizar un poco esta primera fase”, analizó Castillo.
Según el jerarca, “la mayoría” de las empresas se autoclasificó dentro del sector intermedio. En los próximos meses vencerán los convenios de rubros con un fuerte peso en la economía y sindicatos poderosos como industria láctea, transporte de carga y construcción. Sin embargo Castillo espera que la conflictividad laboral disminuya.
“La perspectiva en la rama de la construcción para 2016 es mejor pero en otros sectores no tanto, como la industria láctea. En el sector de textiles y vestimenta esperan que en función de los cambios que están ocurriendo en Argentina haya mejores condiciones para negociar. (La negociación) va a ser más o menos igual de complicada y difícil y va a generar movilizaciones pero no creo que se llegue a un nivel de paralización de la actividad como en 2015”, estimó.
“No preciso ser futurólogo: no van a haber picos de conflictividad tan altos en el resto del gobierno como el que hubo en el primero, porque (entonces) se discutía el Presupuesto”, agregó.
El director de Trabajo criticó al sector empleador por ser “conservador” y oponerse a crear una bolsa de trabajo en rubros como la industria láctea, que el año pasado vivió el cierre de las empresas Ecolat y Schreiber.
“No debería ser imposible tener un registro que permita que si mañana la situación se revierte, otra industria se instala en el país o alguna de las que se queda se va a ampliar, haya trabajadores de la industria ya formados y capacitados a los que acudir rápidamente. El sector empleador es reacio a salidas de este tipo aunque no le cuesta un peso. No lo ha firmado la industria láctea cuando el mismo mes nos cierran dos empresas. No es poner un revólver en el pecho, es una bolsa de trabajo y tendría que ser aceptado como normal”, dijo.
