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    Ministerio de Trabajo ordenó al Inisa revocar sumarios que inició a funcionarios por participar en una huelga sindical

    Los trabajadores realizaron la medida de protesta luego de que el organismo los denunciara ante la Justicia a raíz de un video que mostraba agresiones contra los menores detenidos

    Desde que Gabriela Fulco asumió la presidencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el organismo que se ocupa de los menores que cometieron delitos, los cortocircuitos con el sindicato de trabajadores han sido permanentes. Los últimos roces públicos se dieron a través de los medios, donde ambas partes se responsabilizaban por las fugas de tres menores ocurridas en el hogar Ser de la Colonia Berro, dos de ellos aún prófugos.

    A pocas horas de que terminara el 2016 hubo un nuevo cruce, esta vez por la denuncia del gremio contra la administración, en la que la acusó de violar el derecho a huelga. Luego de estudiar la denuncia, el Ministerio de Trabajo decidió revocar varios sumarios que el Inisa había iniciado a 37 funcionarios por haber participado en una huelga en 2015.

    De acuerdo a la resolución del 28 de diciembre, a la que accedió Búsqueda, el Ministerio pide al Inisa que deshaga los sumarios abiertos y que “en su lugar dicte una nueva resolución cuya redacción despeje dudas acerca de su propósito, en el sentido de no vulnerar el ejercicio de la libertad sindical ni el derecho a huelga”.

    La razón por la cual la administración abrió sumarios se remonta a agosto de 2015, cuando se divulgó una golpiza de los funcionarios a tres menores en el Centro de Privación de Libertad, conocido como Ceprili. El caso pasó a la Justicia y culminó con 17 procesados con prisión y otros nueve sin prisión, entre ellos el presidente del sindicato José Lorenzo López, por el delito de tortura.

    En aquel entonces los trabajadores iniciaron una huelga instalando una carpa frente al Ceprili en respaldo a sus compañeros. Para ellos los funcionarios habían actuado en respuesta a un motín y era justificable el nivel de violencia que utilizaron, aunque sí condenaron el caso de uno de los procesados que había pateado en el suelo a un menor. La huelga resintió la cantidad de personal en los centros y la administración decidió declarar la esencialidad de los servicios.

    El 15 de diciembre el Tribunal de Apelaciones Penal de 3er Turno absolvió a 14 de los funcionarios y a otros 12 les cambió la tipificación del delito por abuso de autoridad en lugar de tortura. Días después la administración del Inisa comenzó a citar a los trabajadores implicados en los sumarios por haber participado de la huelga y como respuesta el sindicato ocupó las instalaciones del instituto el miércoles 21, ya que consideraba que la apertura de sumarios era “un acto represivo”.

    Para el Sindicato Único de Trabajadores del Inau (Suinau) la medida “afecta la libertad sindical y el derecho a huelga”.

    La administración asegura que inició los sumarios para indagar si quienes formaron parte de la huelga “incurrieron o no en faltas a sus deberes como funcionarios públicos” y si así fuera aplicar la sanción que les corresponda.

    Por su parte, la resolución del Ministerio pide al Inisa que presente el 1º de marzo un protocolo de actuación de los funcionarios en los que se asegure la cobertura a los menores presos tanto en situaciones cotidianas como de conflicto.

    El director de la oposición en el Inisa, el blanco Álvaro Viviano, dijo a Búsqueda que “aunque el proceso se dilate en el tiempo se volverán a abrir los sumarios” y que “en ningún momento del proceso hubo persecución sindical”. “Ahora, si el Ministerio considera que hubo visos antisindicales nos avenimos a lo planteado y vamos a reformular la resolución dándole máximas garantías”, agregó.

    El jerarca indicó que la decisión de iniciar los sumarios está respaldada por un informe jurídico que a través de una investigación administrativa concluyó que “hubo actitudes de los funcionarios que no se ajustan a las responsabilidades que tienen”. Principalmente, luego de que se declaró la esencialidad Viviano afirma que “hay indicios de servicios que no quedaron cubiertos” y por ello “es necesario ampliar la investigación y en todo caso deslindar las responsabilidades de los funcionarios de forma individual”.