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Las demoras del Ministerio de Ambiente en dar su aval final a un proyecto con el que el gobierno pretende modificar la Ley de Ordenamiento Territorial, generan inquietud a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y a varios intendentes oficialistas.
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La Ley de Ordenamiento Territorial, vigente desde el año 2008, es la herramienta que establece el marco regulatorio general para la correcta planificación y desarrollo del territorio. La norma ha sido cuestionada en algunas ocasiones al considerarse algo anticuada, razón por la que el Ministerio de Vivienda decidió elaborar un proyecto de ley con el fin de modificar y sustituir algunos de sus artículos. Así lo informó en el Parlamento el director de Ordenamiento Territorial de la cartera, Norbertino Suárez, según consignó El Observador el pasado martes 22.
La iniciativa, a la que accedió Búsqueda, consta de 110 artículos y pretende impulsar “una modernización y actualización del sistema de ordenamiento territorial, tanto en sus instrumentos, normativa y marco de actuación”. El gobierno busca lograrlo “flexibilizando algunos aspectos, aclarando conceptos y derogando, modificando o sustituyendo normas que han caído en desuso”, expresa la exposición de motivos.
Entre las principales modificaciones, el proyecto de ley plantea un conjunto de cambios para flexibilizar el procedimiento por el que se transforma la categoría de uso de suelo. De esta forma, pretende dejar de exigir la aprobación de la “evaluación ambiental estratégica” en proyectos que se realicen en zonas que hayan sido definidas como “potencialmente transformables” por los departamentos, al entender que estos ya cuentan con el visto bueno de los instrumentos de planificación de cada intendencia.
El proyecto de ley propone reinstaurar la evaluación ambiental estratégica en las directrices establecidas en el ámbito nacional, algo que había quedado sin vigencia tras la creación del Ministerio de Ambiente. Y, por otro lado, el texto incorpora los artículos vigentes en la Ley de Centros Poblados, con el fin de unificar toda la normativa vinculada a la gestión de los territorios.
La redacción enviada a Torre Ejecutiva por Vivienda cuenta con el respaldo del Congreso de Intendentes, según dijo a Búsqueda su presidente, Guillermo López. “Estamos interesados en que avance la modificación de esta ley, que está en el Poder Ejecutivo. Estamos deseosos de que llegue al Parlamento para hacer nuestros aportes desde allí, y cuanto antes llegue, mejor”, expresó. Subrayó al respecto que el tema había generado especial interés en algunos intendentes.
Dentro de este grupo se encuentran Omar Lafluf, de Río Negro, y Alejo Umpiérrez, de Rocha. Ambos se vieron enfrentados al Poder Legislativo, en una polémica sesión que terminó con la Cámara de Representantes respaldando una serie de recursos interpuestos por ediles frenteamplistas, que acudieron al Parlamento para apelar modificaciones en la normativa departamental que a su juicio violentaban la vigente Ley de Ordenamiento Territorial. En esa oportunidad, la cámara respaldó el reclamo de los ediles, con votos del Frente Amplio y también de Cabildo Abierto.
Lafluf dijo a Búsqueda que espera que el nuevo proyecto facilite la resolución de situaciones como la que enfrentó en esa oportunidad, en la medida en que la Ley de Ordenamiento Territorial vigente afecta el “desarrollo de los departamentos” y resta “autonomía” a las intendencias.
Actualmente, el Congreso de Intendentes tiene un grupo de trabajo con base en el proyecto elaborado por Vivienda. El intendente pidió que este proyecto sea enviado cuanto antes y “sin cambios” del Ministerio de Ambiente al Parlamento.
En esa línea, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, dijo a Búsqueda que el proyecto fue trabajado durante dos años con más de 35 actores involucrados en el tema —incluyendo academia, intendencias, ministerios, actores de la sociedad civil y expertos— y ahora “es momento de que tome estado parlamentario” y “vaya como está al órgano legislativo”, dado que el proceso de discusión “ya se hizo”. Allí, sostuvo, “tendrán todos los actores la oportunidad de plantear los reclamos y modificaciones que entiendan necesarias”.
“Contradicciones”
El proyecto fue remitido al Ministerio de Ambiente a principios de noviembre, cuando su titular, Adrián Peña, solicitó que fuera estudiado por distintas oficinas de la cartera, un proceso de revisión interno que aún no finalizó.
El texto está siendo analizado por el Área Jurídica, que trabaja actualmente en una redacción alternativa de varios de los artículos propuestos por Vivienda, dijeron a Búsqueda fuentes de Ambiente.
Y es que si bien desde la secretaría de Estado afirmaron estar “de acuerdo en simplificar la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial”, al ser “prácticamente inaplicable por su complejidad”, entienden que ciertas ideas del nuevo proyecto “se contradicen” con disposiciones establecidas en la última Rendición de Cuentas.
Peña “podría haber firmado y que siguiera su curso, pero la entidad del tema requería informes de distintas oficinas y es lo que se está recabando”, indicó la fuente.
