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La Suprema Corte de Justicia “está siendo omisa” al no poner un freno a las “dilatorias” de los militares investigados por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, opinó la ministra Bernadette Minvielle el pasado jueves 13 durante el seminario Partidos políticos y Poder Judicial en Uruguay, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
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Minvielle dijo que los militares indagados, tras la aprobación de la Ley 18.831 que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, “empezaron a tener muchas más estrategias dilatorias alegando su inconstitucionalidad, por goteo”.
“Creo que cuando la Corte dice que esta ley es constitucional, cosa que yo no comparto, lo hace de buena fe, con convencimiento, pero con una visión hemipléjica. Sí noto que hay una falta de voluntad en el sentido de no parar estas dilatorias que van por goteo, que no se condenan por costas y costos, no se hace perder el derecho de cobro de honorarios...”, cuestionó.
La ministra podría tener que apartarse de la mayoría de las causas sobre los delitos cometidos en la dictadura, ya que varios de los militares indagados pidieron su recusación luego de que dijera en una entrevista en En Perspectiva que habían hecho “uso de cuanta dilatoria había” para demorar las investigaciones.
Minvielle rechazó las recusaciones, pero sus colegas de la Corte están divididos sobre el punto. La ministra Elena Martínez y Jorge Chediak se inclinan por admitir el recurso, mientras que Eduardo Turell y Luis Tosi entienden que debe rechazarse (Búsqueda Nº 2.018). Por lo tanto deberá sortearse la integración de un quinto ministro en cada expediente donde se presentó la recusación para que defina la suerte de la ministra.
Durante el seminario, la ministra expresó su “sorpresa” respecto a la posición de sus colegas. “Recientemente, por expresar que se habían cometido dilatorias, resulta que estoy recusada en todos los expedientes de derechos humanos y, para mi sorpresa, resulta que tengo dos compañeros que están de acuerdo con esa recusación”, dijo.
Entonces, siguió, “me parece que tenemos que sincerarnos y decir: hay falta de voluntad política. No en la cuestión de si la Ley 18.831 es constitucional, sino en otras cosas que hacen al meollo del asunto. (Las víctimas) se merecen una solución. Y la Corte está siendo omisa en ese sentido”.