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Ministro de la Corte advierte que la baja de la cantidad de presos se debe a los problemas en el nuevo Código del Proceso Penal
Los procesamientos se redujeron casi a la mitad; la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial consideran que el sistema requiere ajustes
imagen de Ministro de la Corte advierte que la baja de la cantidad de presos se debe a los problemas en el nuevo Código del Proceso Penal
Uno de los objetivos que perseguían los impulsores del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) era limitar el uso excesivo de la prisión preventiva y extender la aplicación de medidas alternativas a la cárcel, como los acuerdos reparatorios o el trabajo comunitario. Eso podía tener un impacto en reducir la población carcelaria, algo que, a juzgar por los últimos datos oficiales, efectivamente ocurrió: desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema el 1º de noviembre hay 1.200 presos menos. Sin embargo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak opina que ese resultado no es para celebrar, ya que la baja se produjo porque el sistema está funcionando mal y no porque haya sido exitoso.
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Es que aun con diferencias acerca de cuánta gravedad atribuyen a los problemas en el funcionamiento del CPP, autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior coincidieron en que el nuevo sistema debe recibir ajustes y expresaron su disposición a elaborar proyectos de ley que resuelvan las dificultades.
El martes 3 por la tarde, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio a pedido del senador Pablo Mieres (Partido Independiente). El legislador había hecho la convocatoria después de que las autoridades de los tres organismos cruzaran críticas sobre el CPP y su eventual impacto en el aumento de la delincuencia.
El primero en ingresar a sala fue el ministro Eduardo Bonomi, quien advirtió que “ha habido distintas visiones entre los jueces, entre los fiscales y en la Policía” sobre cómo aplicar el código, por lo que es necesario realizar ajustes. Según el ministro, por ejemplo, hay fiscales que entienden que los policías pueden detener a un sospechoso sin una orden expresa, pero hay otros que no, por lo que considera necesario mejorar la redacción del CPP.
Respecto a la posibilidad de otorgar la libertad anticipada a los “reiterantes y los reincidentes” del delito existe más de una interpretación en el ámbito judicial, cuestionó. Hay jueces que creen que el CPP derogó la ley, de aprobación reciente, que prohibía otorgar el beneficio de la libertad anticipada a quienes tienen antecedentes, dijo. Y agregó que para su cartera no se derogó, pero sería bueno aprobar una ley que lo dejara claro.
El ministro dijo que si bien el código plantea “como norma” que las personas deben “esperar en libertad” que se las condene, esa posición no debería incluir a los “reiterantes y reincidentes”, quienes en cambio tendrían que estar bajo “prisión preventiva”. Denunció que muchas personas mientras esperan en libertad el proceso, “continúan delinquiendo”.
Bonomi también cuestionó otro de los aspectos clave del nuevo sistema: el juicio abreviado, es decir, la posibilidad de que el fiscal acuerde con el abogado defensor una pena sin enfrentar a un juez.Ese castigo tiene que ser menor a lo que pediría el fiscal en un juicio regular. El ministro está de acuerdo con el instrumento, pero no comparte que los delincuentes que acuerdan con el fiscal después obtengan el beneficio de libertad anticipada. “Eso debería estar establecido y ahora no lo está. Esto sería el cumplimiento efectivo de la pena”, añadió.
El secretario de Estado afirmó que a partir del nuevo código hubo una caída de la población carcelaria, que se redujo en 1.200 personas en los últimos siete meses. “En lo personal quiero que este tema se ajuste”, dijo.
El Fusca.
A su turno, la presidenta de la Corte, Elena Martínez, hizo una breve introducción y dio la palabra al subdirector general del Poder Judicial, Marcelo Pesce.
De acuerdo con los datos que proporcionó Pesce a los legisladores, en febrero del 2017 el Poder Judicial tramitó 4.909 expedientes penales y dictó 956 procesamientos, mientras que en el mismo mes del 2018, con el código nuevo, los expedientes tramitados fueron 1.123 y 509 los autos de formalización (equivalentes a los procesamientos del código viejo).
Después de esa intervención, Chediak pidió la palabra para dar su opinión personal sobre el sistema. El ministro de la Corte dijo que la puesta en marcha del CPP fue como cambiar un Volkswagen de 1962 que funcionaba por “un auto mucho más moderno pero que todavía anda en segunda, aunque seguramente tenga quinta y sexta”. Y añadió: “Sin duda que esto se soluciona con el tiempo, pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que la recuperación numérica de la justicia penal, que en todos los países que han afrontado esta reforma ha llevado su tiempo, está siendo lenta” en Uruguay.
Bonomi cuestionó otro de los aspectos clave del nuevo sistema: el juicio abreviado, es decir, la posibilidad de que el fiscal acuerde con el abogado defensor una pena sin enfrentar a un juez
Chediak dijo que el hecho de que los fiscales hayan quedado a cargo de la investigación, algo que antes hacían los jueces, trajo aparejadas algunas dificultades. “Cambiar la dirección de la investigación penal inicial, de un grupo de abogados con vastísima experiencia para dársela a otros —tan abogados como nosotros— sin experiencia, por sí no podía generar mágicamente que todo funcionara mejor”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que “quizás esté faltando experiencia, oficio, sintonía fina en el funcionamiento y soltar un poco a la Policía”.
Chediak atribuyó la baja de la población carcelaria registrada en los últimos meses a que “el sistema funciona más lento”.
El ministro dijo que si bien el juicio abreviado es bueno, habría que ajustarlo. Opinó que se debería “acotar las posibilidades de la transacción, esto es, fijar límites, decir se transa hasta acá y después el menú que se pagó a mitad de precio hay que cumplirlo”. Además, expresó que está de acuerdo con Bonomi en que quienes negocian una pena reducida después no pueden recibir un beneficio de libertad anticipada.
Error de cálculo.
El fiscal general, Jorge Díaz, fue el último en ser recibido por los senadores. El jerarca sostuvo que para el organismo que preside el nuevo código es “un triple salto mortal al vacío y sin red porque se trata de la institución y de los operadores del sistema que sufren los cambios más profundos”. Pese a ello, hizo un balance positivo del desempeño de la Fiscalía, aunque reconoció errores e identificó mejoras que se deben instrumentar.
Para Jorge Chediak la puesta en marcha del CPP fue como cambiar un Volkswagen de 1962 que funcionaba por “un auto mucho más moderno pero que todavía anda en segunda, aunque seguramente tenga quinta y sexta”
Díaz dijo que una “gran dificultad” es la “carga de trabajo” que tienen los fiscales, la cual es mayor a la que habían previsto. Sostuvo que habían calculado que recibirían unas 18.000 “noticias criminales” —lo que incluye desde delitos hasta denuncias por la pérdida de una cédula— cada mes, pero que el promedio actual son 28.000.
El jerarca dijo que hubo problemas en la relación de los fiscales con los policías. Al respecto, opinó que habrá que aprobar cambios a las normas para erradicar “definitivamente del discurso de la autoridad policial esta cuestión de que se tiene las manos atadas y de que no se puede hacer nada sin intervención del fiscal”.
Díaz apoyó la idea de fijar por ley que la libertad anticipada no es un beneficio que puedan recibir aquellos que recurrieron al juicio abreviado.
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