Ministro de la Corte cree que debe “predominar” la verdad sobre “la persecución penal” en las violaciones a los derechos humanos

En este contexto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique considera que se llegó a un punto en el que es más productivo el conocimiento de la verdad que el castigo punitivo.

“Algunos militares y policías están condenados por este tipo de delito y se encuentran en reclusión. En esos casos se ha satisfecho la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido y de sancionar penalmente a los responsables”, afirma el magistrado en su trabajo.

Pero “hay un número grande de casos en que se debate si la investigación continúa” y “de no hacerlo no se podrá saber la verdad y obviamente los responsables quedarán impunes”, señala.

“Parecería que frente a los avatares de la persecución penal debería predominar la necesidad de investigación y de conocer qué sucedió realmente”, opina el experimentado juez. Y de inmediato agrega: “En Uruguay, como en otros países, agotada la vía penal no se avizora el camino para conocer la verdad”.

En su trabajo, el ministro de la corporación parece coincidir con la idea lanzada por Vázquez. “Tal vez correspondería dar una última oportunidad a la verdad, más allá de la amenaza punitiva: por ejemplo, nuevas comisiones de verdad que habiliten por fin la reconciliación en nuestras sociedades”, concluye.

“Particularidades”.

Ante el público extranjero, compuesto en su mayoría por magistrados y académicos, Pérez Manrique señaló algunas “particularidades” del caso uruguayo que ayudan a entender la situación que vive el país en esta materia.

“La salida del período dictatorial es producto de una negociación entre los militares en el poder y parte de los partidos políticos”, mencionó el magistrado en referencia al Pacto del Club Naval y las negociaciones que permitieron la transición.

Definió al país como “pequeño” y con un “histórico apego a las formas democráticas” al punto que en todo el siglo XX hubo “solo dos períodos dictatoriales”, lo que constituye una rareza en América Latina. En esa línea indicó que el país también ha demostrado un “fuerte respeto por los derechos humanos”.

“Ha sido un país muy activo en el ámbito internacional, fue uno de los dos de la región que adhirieron al Tribunal de Nuremberg, participó intensamente en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal. Así como con el desarrollo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” y actualmente el uruguayo Alberto Pérez Pérez integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El sistema judicial uruguayo es el más confiable de Latinoamérica según la última edición del Barómetro de las Américas”, destacó.

A su juicio, partiendo de la base que existe “un orden jurídico integrado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional”, los órganos nacionales e internacionales “están obligados por la realidad a interactuar de manera fecunda y coordinada”.

“Es menester conciliar la necesidad de afirmar la dignidad humana a través de la vigencia y el respeto de ese derecho único, con la necesidad de paz y de concordia de las sociedades. El derecho a la verdad y al conocimiento de las violaciones a los derechos humanos contemplando los derechos de las víctimas y de los violadores, constituye un desafío permanente hacia el que confluimos los pueblos y los seres humanos individualmente como aspecto esencial de la dignidad humana”, reflexiona.

En su trabajo el alto magistrado reseña todos los pasos que ha recorrido Uruguay hasta llegar a la situación actual. Desde las primeras citaciones a los militares a la salida de la dictadura, pasando por la “ley de caducidad”, el referéndum y plebiscito que no lograron derogarla, la “comisión para la paz” del gobierno de Jorge Batlle, la sentencia de inconstitucionalidad promovida en el caso de Nibia Sabalsagaray y la inconstitucionalidad de la llamada ley interpretativa de la caducidad.

Con esas idas y venidas menciona que la justicia de transición está en pleno desarrollo actualmente. En ese contexto, a su juicio, algunas causas pueden “demorarse” por las “diferentes interpretaciones judiciales” que ha habido en los tribunales con respecto al principio de legalidad y de no retroactividad de la ley penal.