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La formalización de la demanda de Zamin Ferrous y la advertencia de parte de Acciona generaron molestia en el Poder Ejecutivo respecto a la “actitud” de las empresas internacionales en los proyectos en los que participan o pretenden participar con y a través del Estado, al considerar que Uruguay brinda un marco legal y una justa competencia entre privados que no respalda ese tipo de acciones. A nivel general el tema fue discutido entre ministros e incluso mencionado por el presidente Tabaré Vázquez, señalaron fuentes del oficialismo a Búsqueda. Algunos integrantes del gabinete creen que estas prácticas “quizás intentan presionar al gobierno” y esperan que, con la jurisprudencia a la vista, en el futuro las empresas “tomen otra postura”.
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El 6 de setiembre, consultado específicamente por el caso Aratirí, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, lamentó que quienes pueden o deben ser socios de un país “acudan a estos mecanismos cuando no pueden cumplir con algunos requisitos y elementos vinculados a la seriedad de Uruguay”.
La minera india Zamin Ferrous formalizó el 3 de julio una demanda internacional contra Uruguay por US$ 3.536 millones ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral, por su sigla en inglés), mientras que días atrás la española Acciona advirtió que está lista para iniciar un arbitraje internacional por quedar descalificada para realizar la obra del Ferrocarril Central. Los reclamos se suman al ya dirimido caso que enfrentó al Estado contra la tabacalera estadounidense Philip Morris y, al igual que en el caso Philip Morris, el gobierno cree en sus posibilidades de éxito ante los tribunales internacionales.
Los reclamos se suman al ya dirimido caso que enfrentó al Estado contra Philip Morris y, al igual que en el caso de la tabacalera estadounidense, el gobierno cree en sus posibilidades de éxito ante los tribunales internacionales.
El grado inversor, la estabilidad institucional y el ordenamiento jurídico son algunos de los factores que dan “mucha tranquilidad” al gobierno en el extranjero, dijeron las fuentes. En el Poder Ejecutivo confían además en la “preparación” del equipo legal que representó a Uruguay contra Philip Morris, comandado por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el embajador ante Estados Unidos, Carlos Gianelli, y el estudio jurídico estadounidense Foley Hoag LLP.
Tras viajar a Washington DC para interiorizarse de los avances en el caso Aratirí, Toma informó a Vázquez que existen “elementos importantes” para que la demanda no prospere. “Estamos convencidos de que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia”, aseguró Vázquez en julio a Radio Sarandí, al anunciar la formalización de la demanda de Zamin Ferrous por la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo (“contraria a las legítimas expectativas de los inversores”), que le impidió desarrollar a la empresa un proyecto de minería a cielo abierto para la extracción de hierro.
Las posibles vías.
El 28 de setiembre, El País informó que la española Acciona, especializada en infraestructuras sostenibles y energías renovables, entregó una carta a Vázquez donde asegura que estudia acudir a un arbitraje internacional contra Uruguay por el incumplimiento del acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con España.
Tras viajar a Washington DC para interiorizarse de los avances en el caso Aratirí, Toma informó a Vázquez que existen “elementos importantes” para que la demanda no prospere.
La empresa obtuvo el mayor puntaje en la licitación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para construir el Ferrocarril Central, la vía de tren que unirá Montevideo y Paso de los Toros con la futura inversión de UPM en mente. Sin embargo, quedó descalificada del proceso por no ajustarse “sustancialmente” a todos los términos, condiciones y exigencias. “Acciona está estudiando en profundidad la resolución del ministerio, que considera injustificada y arbitraria, y ejercerá contra la misma todas las posibles vías de recurso a su alcance conforme al marco jurídico uruguayo y la normativa internacional aplicable a este tipo de licitaciones internacionales”, había adelantado la empresa en un comunicado el 31 de agosto.
A la demanda internacional de Zamin Ferrous y la latente de Acciona, el gobierno debe encarar en lo local el juicio civil que la coreana Hyundai Engineering & Construction (HDEC), empresa de construcción que forma parte del grupo Hyundai, interpuso a UTE por US$ 332 millones. HDEC reclama una indemnización por los daños y perjuicios generados durante la construcción de la central de ciclo combinado en Punta del Tigre, al entender que paros del Sunca (los cuales UTE no procuró solucionar) demoraron las obras. Según fuentes vinculadas a las negociaciones, HDEC y UTE estaban muy próximas a llegar a un acuerdo extrajudicial, sin embargo, “de un día para otro” las conversaciones terminaron y UTE resolvió no aceptar la oferta.
