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Para la organización no gubernamental Proderechos el domingo 3 de julio fue un “día histórico”. Por primera vez se había realizado un análisis de las drogas sintéticas que se consumían en una fiesta electrónica. La idea había tenido amplia exposición en los medios y, según la organización, era un plan piloto que se enmarcaba en la política de “reducción de daños” en el uso de sustancias ilegales. “Porque como está demostrado —escribió Proderechos en un comunicado emitido ese día— el prohibicionismo y la hipocresía matan”.
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Pero no todos estaban de acuerdo con la idea. Entre los que se molestaron con lo que había ocurrido estaba el presidente Tabaré Vázquez, quien en el Consejo de Ministros del lunes 4 de julio solicitó al Ministerio del Interior que investigara el episodio, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Vázquez quería saber si la medida había contado con aval oficial y si se había cometido algún delito, explicaron los informantes. En el marco de la investigación, Interior armó un expediente y consultó a la Intendencia de Montevideo, la Junta Nacional de Drogas (JND) y al Ministerio de Salud Pública.
El tema generó un enfrentamiento entre el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el prosecretario de la Intendencia, Christian Di Candia. Es que en la Torre Ejecutiva consideraron que el jerarca municipal había avalado la medida de manera inconsulta, dijeron fuentes del gobierno.
Regulación y control.
Los días previos a la fiesta electrónica que se organizaba en La Terraza, el domingo 3 de julio, Proderechos hizo una rueda de prensa para anunciar que se instalaría un sistema voluntario que permitiría controlar el contenido de las drogas sintéticas que se consumieran en el evento. Las pruebas serían realizadas por Energy Control, una organización con experiencia en el tema.
La idea surgió después de que, en abril, en Argentina cinco jóvenes murieran en una fiesta electrónica por haber consumido sustancias adulteradas.
El día de la fiesta en La Terraza la organización instaló un laboratorio en una carpa dentro del predio, a la que concurrían los jóvenes que querían controlar sus pastillas. “Esta intervención es un dispositivo de reducción de daño y una estrategia de prevención y mitigación de riesgos en consumo de drogas”, declaró Proderechos a través de un comunicado emitido después del evento. Explicó que se habían capacitado a 20 personas y que durante el evento realizaron 135 testeos de pastillas, ketamina, LSD y cocaína. En cinco casos encontraron adulteraciones.
Para Proderechos, que tuvo un papel importante en el proceso que desembocó en la aprobación de la ley que regula el mercado de marihuana, “conocer la composición de las sustancias es una clara política de cuidado y de abordaje serio de una política de drogas que opta por dejar de barrer bajo la alfombra”.
“La construcción de una política de drogas integral asociada a la regulación y el control es una necesidad”, opinó. “Una política que asuma las elecciones de las personas y las aborde de forma responsable, promoviendo el cuidado de la salud, la información y el respeto”.
Unos días después, el entonces secretario general de la JND, Milton Romani, declaró al programa “En la Mira”, de VTV, que valoraba lo hecho por Proderechos. “Es una metodología” a “tener en cuenta”, pero hay que ver “hasta dónde” la puede hacer el Estado.
“No corresponde”.
Vázquez y su entorno se enojaron con la medida, que tuvo amplia cobertura en los medios. En el Consejo de Ministros posterior a la fiesta el mandatario solicitó que se investigara la situación.
Sin mencionar el pedido del presidente Vázquez, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dio algunos detalles de esa investigación el 13 de julio durante una comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.
El diputado blanco Sebastián Andújar le preguntó a Bonomi su opinión sobre la actividad de Proderechos “teniendo en cuenta la permanente lucha del Ministerio contra el narcotráfico, la comercialización de drogas y distribución”. Lo ocurrido en la fiesta “supone admitir la comercialización, distribución y consumo de sustancias ilegales, como LSD, éxtasis, pastillas o las conocidas pasti, algo que no puede ocurrir en este país”, añadió.
El secretario de Estado respondió que no tuvieron “nada que ver” con eso. Y agregó que pidió información al Ministerio de Salud Pública, a la Junta Nacional de Drogas y a la Intendencia de Montevideo. Los dos primeros “contestaron que ellos no autorizaron eso”, mientras que estaba “pendiente” la respuesta de la Intendencia.
En opinión del ministro, la actividad no debía haber ocurrido porque en Uruguay “está regulado el consumo de cannabis, pero no el de las demás sustancias”. Y agregó: “Si bien el consumo no está prohibido, sí su venta y distribución. Por lo tanto, no corresponde que un laboratorio analice la calidad del producto. Estamos esperando la respuesta de la Intendencia. Entendemos que lo que se ha hecho está mal; veremos qué hacemos. Suponemos que la respuesta de la Intendencia también será negativa”.
