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En una nota enviada a la Fiscalía Penal, Montecon anexó información “técnica” sobre las consecuencias económicas que le genera el acuerdo por el cual el gobierno extendió la concesión a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta el 2081.
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Para la empresa, que opera en los muelles públicos del Puerto de Montevideo, la documentación remitida demuestra la “falta de justificación técnica, jurídica y económica que llevaron a la eliminación del régimen legal de libre competencia” en la terminal a favor del grupo belga Katoen Natie, accionista principal de TCP.
Según la empresa, la documentación remitida a Fiscalía es “prueba de la ausencia de todo soporte técnico para el sustento del monopolio de hecho creado” en el puerto.
“No hay un solo lugar donde se haya discutido técnicamente este asunto”. Por la naturaleza de este, “el lugar para hacerlo era en la Comisión” de Defensa de la Competencia, dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa.
Uno de los informantes aclaró: “No hemos denunciado a las autoridades, no somos denunciantes penales, estamos complementando información que en su momento la Fiscalía nos solicitó, a pedido de la parte denunciada, balances, etcétera, y en ese marco, ahora, damos más información”.
“Queríamos discutir cuestiones técnicas en la comisión, hoy las únicas vías que están abiertas son el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (por los decretos 114 y 115) y la sede penal”, si bien se discuten cosas diferentes, añadió la fuente.
Montecon solicitó ser recibida por la Comisión de Hacienda de Diputados, que según publicó la diaria el jueves 15, citará a las autoridades del MEF y del órgano de defensa de la competencia para que informen acerca de las últimas decisiones sobre el tema.
“Puede interesar”
Además de informes jurídicos y económicos contratados por Montecon para fundamentar la “falta de justificación económica” y el “daño” que el acuerdo ocasiona y los “efectos negativos a mediano y largo plazo para los usuarios” del puerto, la empresa anexó otra documentación que “puede interesar” al fiscal.
Incluyó, por ejemplo, la traducción de una nota enviada por el armador marítimo Mediterranean Shipping Company (MSC) en donde le comunicó a Montecon la decisión de trasladar desde el 1º de mayo un servicio (de la ruta costa este del Mediterráneo hasta América del Sur) que operaba en el muelle público a TCP, debido a las “incertidumbres existentes” en el puerto montevideano a consecuencia de las “nuevas normas de muellaje firmadas” y considerando que deben continuar con las actividades y “cuidar” el negocio. Esa decisión, detalló, implicará una baja de 20% en la cantidad de movimientos de contenedores operados por la firma, sin considerar los trasbordos. A esa pérdida de actividad en 2022 se suma otra del orden del 19% que Montecon tuvo por el traspaso administrativo del servicio GS1, que desde noviembre de 2021 opera en TCP por la aplicación del nuevo reglamento de atraque.
Entre la documentación enviada al fiscal, se incluyen folios de expedientes entre la ANP y el Ministerio de Transporte para acreditar la “carencia absoluta de informes técnicos” y asesoramientos de parte de esas oficinas a propósito del acuerdo y el dictado de los decretos 114 y 115 por los que el Poder Ejecutivo lo llevó a la práctica.
