Contenedores: TCP ya superó el nivel de actividad de todo 2021

“Creo que están dadas las condiciones para que TCP muestre para lo que fue creada, para tener muchos ingresos, dar productividad y competitividad a la carga y trabajo”, señaló el ejecutivo.

Récord

Este año, probablemente el crecimiento de los ingresos de TCP dé un salto mayor. Es que entre enero y agosto la terminal movilizó 287.850 contenedores, que equivalen a unos 495.102 TEU, según cifras informadas por la empresa. Eso fue 2.642 contenedores más que los movilizados en todo 2021 (unos 4.544 TEU).

El aumento de la operativa de la concesionaria de la terminal especializada de contenedores de Montevideo se sustenta en el convenio que el gobierno suscribió en febrero de 2021 con el grupo belga Katoen Natie, propietario del 80% de TCP. Como el polémico acuerdo —que extendió hasta 2081 la concesión— implicó un nuevo reglamento de atraque en el puerto que comenzó a aplicarse en noviembre, el incremento de la actividad se reflejará por completo recién en este año.

Correa destacó que en agosto TCP tuvo “récord” de movimientos, con más de 43.000 cajas (unos 74.000 TEU).

Para el corto plazo, estimó que “no debería haber grandes” variaciones en cuanto a la cantidad de servicios que operen con la terminal porque, según como están diseñados los itinerarios de los buques que llegan hasta Montevideo, no se esperan “cambios de ventana” para atender la carga.

Agregó que para marzo del año próximo TCP prevé contar con todos los permisos necesarios —que están en trámite en las distintas oficinas del Estado (UTE, Ministerio de Ambiente, ANP, etcétera)— para iniciar las obras de infraestructura comprometidas y que, una vez terminadas, triplicarán la capacidad de la terminal, ampliando la playa de contenedores y construyendo un segundo muelle para dar lugar a dos nuevos puestos de atraque. Adicionalmente, la compañía incorporará entre ocho y 12 grúas de última generación.

Según la multinacional, la obra comprometida en un principio por unos US$ 455 millones podría terminar siendo por aproximadamente US$ 600 millones. Eso, debido a los mayores trabajos de “dragado en roca” en el área donde se prevé construir uno de los muelles a una profundidad de 17 metros para prever que en dos o tres décadas puedan llegar barcos porta contenedores con 16 metros de calado.

Mientras, el Proyecto Ejecutivo —un plan de negocios— presentado por TCP ante la ANP recibió la semana pasada el voto contrario de la directora por el Frente Amplio en ese organismo, por “vicios de forma”. El senador de ese partido Charles Carrera presentó un pedido de acceso a la información pública sobre ese asunto.

Recurso

El acuerdo que le extendió la concesión a Katoen Natie está cuestionado en varios ámbitos.

Este mes el Ministerio de Economía (MEF) volvió a revocar una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que primero en febrero y luego en junio, había fundamentado la pertinencia de la denuncia presentada por Montecon contra el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte, la ANP y el grupo Katoen Natie; ese acto administrativo fue recurrido por la multinacional belga en ambas oportunidades. Como corolario, el viernes 2 el MEF señaló que “tomando en cuenta la materia objeto de la denuncia de la empresa Montecon, que refiere en síntesis al diseño de la política portuaria y la explotación de los servicios portuarios”, la comisión “no es competente” para dar curso a esa indagatoria.

Frente a eso, en los últimos días Montecon interpuso un recurso de revocación contra la resolución del MEF por entender que le “causa agravio”, entre otras cosas, por “haber sido dictada con desviación y abuso de poder. Las facultades del Poder Ejecutivo para la organización de la actividad portuaria deben ejercerse conforme a los fines establecidos expresamente por la Ley de Puertos 16.246 y la investigación iniciada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia se estaba realizando conforme a la Ley 18.159, entre otras disposiciones”, indicó en el escrito, al que accedió Búsqueda. Alegó que el Ejecutivo y la ANP “no solo deben velar porque los servicios” se presten en régimen de libre competencia, “sino que deben promoverlo. Es un mandato legal; la cuestión no es discrecional; el fin debido de todo acto en la materia está establecido en la ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha hecho todo lo contrario, pactando con la compañía Katoen Netie un régimen de privilegio ilegal”. Para Montecon, al ordenarle a la comisión que desista de investigar el MEF “baja una cortina de hierro que impide todo estudio técnico sobre el acuerdo anticompetitivo”, el cual “no contó ni antes ni después de una celebración con ningún asesoramiento técnico (ni jurídico, ni económico ni logístico) por parte de ningún órgano especializado del Estado”.

Lo “curioso”, para la empresa, es que “ninguna de las partes niega que el pacto” entre el Estado y el grupo belga “ha destruido la libre competencia en los servicios portuarios a los contenedores de Montevideo” y “hasta ahora se han invocado meras generalidades” para justificarlo. En la interpretación de Montecon, el acuerdo que prorrogó la concesión a favor de Katoen Natie y le dio preferencias comerciales a su terminal responde a una “transacción sobre un eventual reclamo” contra el Estado “a cuyo respecto no hay un solo abogado” vinculado al gobierno que “haya sostenido su viabilidad o el riesgo real de su suceso”.

El acuerdo con el actual gobierno con Katoen Natie también derivó en una denuncia en la Justicia por parte de legisladores del Frente Amplio.