Mota, entre fascismo, ajedrez y mentiras

Cuando se pretende quebrar el orden institucional para impedir que la autoridad ejerza su función hay que preocuparse: llega el fascismo. La semana pasada tres centenares de personas irrumpieron en la Suprema Corte de Justicia para imponer con violencia su voluntad e impedir que el Poder Judicial formalizara ese traslado.

Flaco favor le hicieron a Mota: la ubicaron como mártir. Cuando baje el telón, cesen los aplausos y se vacíe el teatro quedará sola frente a expedientes inanimados, en un ambiente hostil, adentro y afuera. Quienes ayer la respaldaron ya estarán en otra “lucha” sin importar cuál ni por qué. Es su razón de existir.

Lo grave es que Mota se la creyó. Se imaginó imprescindible y más capaz y valiente que sus colegas, sin pensar que los imprescindibles están bajo tierra. De haber sido fiel a sus principios debió negarse a asumir como juez civil. Pero el trabajo es el trabajo y nadie —ni sus amigos estadistas, organizaciones sociales o abogados— le ofreció un empleo en otro organismo para que nos deslumbrara con sus “impresionantes” conocimientos sobre derechos humanos y renunciara al Poder Judicial. Lo que pretendía.

Perdió de vista que la vida es un ajedrez y movemos nuestras piezas en el tablero de otros que, en general, nos manejan a su antojo hasta que llega el jaque mate, aunque demore varias jugadas.

Cuando se destaca que “retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de los derechos humanos”, no sólo mienten. Además descalifican a otros jueces y ella lo permite. Sin alharacas y en casos de más relieve, Luis Charles abrió el camino cuando procesó al mayor número de militares violadores de los derechos humanos (2006), Graciela Gatti enjuició al ex dictador Juan Bordaberry (2006) y Rolando Vomero envió a la cárcel al general en actividad Miguel Dalmao (2010), por citar tres hitos en esta materia que ahora nadie recuerda. Mientras esos homicidas, torturadores y violadores de la Constitución eran juzgados, en la puerta de los juzgados nunca hubo más de 30 manifestantes. Pero ni Charles, ni Gatti, ni Vomero son militantes políticos.

Hay que admitir que la Corte compró este lío: debió sancionarla o destituirla cuando arremetió contra el Estado de derecho al desconocer el principio de inocencia, por participar en una marcha política vinculada con temas a su cargo o por descalificar en la prensa al presidente José Mujica. En cambio, optó por esperar que bajara la espuma. Un político especialista en esquives me dijo una vez: “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, porque esa es también una decisión”. Esto demuestra ese error.

Quizá esto conduzca a la Corte a fundamentar sus decisiones administrativas. Algunos de sus integrantes, en el pasado y recientemente, fueron objeto de decisiones sin fundamentar.

Es indiscutible que la designación, ascenso y traslado es de su exclusiva competencia. Si existió desviación o abuso de poder se debe plantear la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero la legitimación de las decisiones administrativas no puede basarse solo en el poder de imperio. Se pierde legitimidad, se abre la puerta a dudas y cuestionamientos, y se fomenta la ignorancia del ciudadano, al que solo se le dan argumentos técnicos, incomprensibles para el conocimiento popular.

La explicación no puede limitarse a “lo hago porque puedo y me ampara la ley tal o cual”. La transparencia republicana exige otra cosa.

Queda por observar el principio de separación de poderes. Ningún senador puede convocar a los ministros de la Corte para que expliquen por qué trasladaron a Mota. Es una injerencia indebida y una violación constitucional. Aunque se la disfrace de invitación.

¿Cómo reaccionarían los senadores si la Corte los convocara para que le expliquen el por qué de sus votos a determinada ley? ¿Qué diría Mujica si la Corte lo invitara a dar explicaciones? Pero cada uno desempeña su función con el bagaje que recibió de la naturaleza y de su sentido democrático.

En el transcurso de las últimas décadas han sido trasladados de penal a materias civiles, entre muchos otros, los jueces Ruben Eguiluz, Zulma Casanova, Gerardo Peduzzi, José Lobelcho, Jorge Catenaccio, Aída Vera Barreto, Jorge Ruibal, Hipólito Rodríguez Caorsi, Daniel Gutiérrez, Leslie Van Rompaey, Graciela Gatti y Julio Chalar. Nadie pidió nunca explicaciones. Por algo será.