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“Este presidente no agravió a la Suprema Corte de Justicia y nunca escuchará un agravio de mi parte”, le dijo tocándose el costado izquierdo de su pecho, en referencia al corazón, el presidente José Mujica al titular de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal Pino, supo Búsqueda de diversas fuentes.
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El encuentro entre los principales del Poder Ejecutivo y Judicial se produjo hace unas semanas, en un momento en el que las críticas a la Corte arreciaban y las palabras del primer mandatario sonaron como un bálsamo en los oídos de Ruibal. No obstante, Mujica advirtió al presidente de la Corte que en Uruguay existe libertad de expresión, por lo que él no puede garantizarle que algunos dirigentes del Frente Amplio o de organizaciones sociales dejen de criticar a la corporación. Ruibal le dijo que eso no es problema porque los jueces saben que sus fallos están sometidas a la crítica pública.
Una serie de decisiones que la corporación tomó tiempo antes de ese encuentro generó un clima hostil en el oficialismo.
En febrero, cuatro de los cinco ministros de la Corte habían declarado inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), impulsado por el sector que responde al presidente en la conducción económica.
A los pocos días, la Corte trasladó de un juzgado penal a uno civil a la jueza Mariana Mota, quien se había convertido en una activista en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Esa decisión implicó que el emblemático edificio de la Suprema Corte fuera ocupado por un grupo de manifestantes que impidió durante más de tres horas que Mota y otros quince magistrados prestaran juramento para ocupar sus nuevos cargos.
Por si esto fuera poco, inmediatamente la mayoría de la Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la norma interpretativa de la “ley de caducidad”.
Esa serie de decisiones generó la irritación de algunos dirigentes oficialistas, que pusieron el grito en el cielo. Trataron a los ministros de la Corte de “oligarcas” y “defensores de la impunidad” y hablaron de la necesidad de “democratizar” el Poder Judicial. Hasta circuló la idea de realizar un juicio político a los ministros, aunque esa posibilidad fue decayendo con el tiempo.
A una concentración en la Plaza de Cagancha en protesta por algunos de los fallos de la Corte concurrieron varios ministros del gobierno, la primera senadora y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, y la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, entre otros dirigentes.
La marcha fue pacífica, no hubo oratoria alguna y solamente se cantó el himno. No obstante, como prevención en esa ocasión, el Palacio Piria se encontraba vallado.
Semanas después, una nutrida delegación del Poder Ejecutivo, integrada entre otros por el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores) Eduardo Bonomi (Interior) y Ricardo Ehrlich (Educación) visitó la Corte para transmitirle a sus miembros que existe preocupación internacional por los fallos de la corporación en materia de derechos humanos.
Al mismo tiempo, cinco fiscales recusaron a Ruibal y a los ministros Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio Chalar por manifestaciones del primero, en las que se refirió a la existencia de una “muralla” en el tema referido a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ruibal se abstuvo de intervenir al sentirse “sospechado” en tanto los otros ministros rechazaron la recusación. Para resolver el punto. la Corte será integrada por tres ministros de Tribunales de Apelaciones ya que Ricardo Pérez Manrique —ministro que votó a favor de la constitucionalidad de la norma y no fue recusado— también se abstuvo de intervenir por razones de “delicadeza y decoro”.
Con este mar de fondo, la Policía y la justicia investigan también un presunto ataque al edificio de la Corte y al Palacio de los Tribunales por un grupo de radicales el día de los festejos del título del Club Atlético Peñarol. No obstante, sobre este punto existen versiones contradictorias ya que un informe de Inteligencia de la propia Policía sostiene que el ataque fue realizado por hinchas y delincuentes comunes.
