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Orientación y convocatoria al pueblo uruguayo. La necesidad de un gran cambio de rumbo en la acción pública es el punto de coincidencia de todos los orientales responsables. Definir su contenido y convocar a su realización es el objeto de este mensaje.
La crisis económica, reflejo de un problema más hondo. Los problemas económicos y sociales, impresionantes por su palpable dramatismo —índices perversos de desempleo, distribución del ingreso y exclusión— no son, sin embargo, más que la consecuencia de una crisis política y por lo tanto ética. Si esta no se supera, las más ingeniosas recetas económicas serán en vano.
El sentido común del pueblo se adelanta a las elucubraciones pseudo-intelectuales. Gravemente injusto sería culpar a los jóvenes por su desafección por la política. No es en ellos egoísmo ni falta de solidaridad social, sino simple percepción de la realidad y sentido de su dignidad personal el que rechacen un estilo de hacer política impotente para erradicar la corrupción, errático en lo económico, dócil a las consignas globalizadoras, escandalosamente demagógico, perversor de la cultura tradicional de nuestra estirpe, en que realidades monstruosas como el desempleo —¿cómo puede haber desempleo en un país en que todo está por hacerse?— o la indigencia oficializada (las clases pasivas no reciben otra “solución” que financiar a costa de los productores de riqueza real, vía una imposición confiscatoria, el “desarrollo social”, léase el ocio rentado de la clientela del régimen socialista).
Se provoca en el ciudadano común desconfianza de la democracia, porque comprueba cotidianamente que las desigualdades aumentan, y que en lugar de avanzar hacia la integración, se progresa hacia la descomposición social. En lugar de crecer la solidaridad, se impone el egoísmo. Lejos de promoverse una movilidad social ascendente fundada en el trabajo honesto y la jerarquía legítima de los mejores, se fomenta el desaliento y la sumisión, y el Estado, en lugar de ser el custodio de la Nación, intenta dar el golpe de gracia al ser colectivo “legalizando” los vicios sociales, irrumpiendo sin derecho en los fueros de la institución familiar y osando promover la impune eliminación de la vida de los más débiles e inocentes de nuestros compatriotas.
El pueblo común no es culpable. Los blancos “de a pie” rechazamos la falacia de que nuestro pueblo “ha perdido” valores, como si se tratara de una degradación espontánea; del extraño fenómeno de una generación que opta por el suicidio colectivo. La realidad es que a través de la destrucción de nuestra soberanía económica, el desconocimiento de los derechos constitucionales al trabajo y la justa remuneración, los impuestos criminales sin otro fin que mantener la cadena de pagos y asegurar el reembolso de los intereses de una deuda externa canallesca —que aumentó a razón de mil trescientos millones de dólares por año desde que comenzó el gobierno progresista— se aniquila también la soberanía política del país, y para inhibir la capacidad de reacción, se “deseduca” a las nuevas generaciones falseando la historia e inculcándoles el ideal bastardo del comunismo desenfrenado (además ridículo, en cuanto insatisfecho). No fue el pueblo el que preparó esta catástrofe: la catástrofe se perpetró contra el pueblo.
El infalible criterio de eficacia de un estadista es que responda a las acuciantes necesidades de hoy, en lugar de disipar las energías nacionales en nebulosos proyectos de futuro. Nuestros hijos tienen que comer ya, estudiar ya; si enferman, ser atendidos por un médico ya. Hoy debemos pagar el alquiler, la luz, el agua, el transporte. El político que supedite la atención efectiva e inmediata de esas necesidades a más y más “diagnósticos” que devoran los préstamos internacionales que contraen en contra del país y del pueblo, sencillamente defrauda. Un plan económico será acertado no porque coincida con cierta escuela de abstracta economía, ni porque nos “reperfile” la deuda para que esta crezca sideralmente y se haga matemáticamente impagable, sino porque en los hechos, y sin dilación, mejore la suerte de las personas de carne y hueso y cree mejores condiciones para que el Uruguay sea económicamente soberano y su sociedad viva en la armonía que solo surge de la Justicia. “La economía es la ciencia del amor a la Patria” (Giuseppe Pecchio).
El Partido Nacional es la comunidad política que está en condiciones de producir ese fundamental cambio de óptica, porque su esencia inmutable reúne dos atributos que sintetizan todo un programa político: nacionalismo popular. Nacionalismo como sustento imprescindible de la existencia y subsistencia del orden público. Y su obligado complemento, un trato de honor a todo el que prodiga su trabajo, manual o intelectual, por el bien común intergeneracional. Sobre esos dos pilares descansa el Ser de la Patria.
Por haber nacido como heredero de esos principios, que son los de Artigas, y por ser, además, el defensor de la legislación social del país, el Partido Nacional tiene una capacidad de autodepuración que desafía cualquier conato de degeneración demagógica. El pueblo nacionalista responde siempre con un “Disculpe, que no lo entiendo” al dirigente que intente llevarlo por la senda de la alienación de nuestros recursos, el cipayismo, el materialismo o la explotación del trabajador.
Unidad Nacionalista es ese nacionalismo popular proyectado en la modernidad. El que convoca al pueblo al relevo generacional que haga viable una democracia participativa que gire en torno a quienes trabajan y producen, quienes se proponen servir y no los parásitos, quienes quieren un país que no ofenda ni tema ni se despoje de los medios espirituales y materiales de defensa de su soberanía política y económica. Cuando estos elementales pero irrebatibles principios nuevamente guíen el pensamiento y la acción de los responsables de la cosa pública, el Uruguay volverá a ser grande, como en sus mejores tiempos. Y se verá entonces cómo todos los beneficios materiales que obsesionan a los demagogos —sin que tengan la menor intención de promoverlos realmente— fluyen natural y espontáneamente de una gestión pública que buscará primero lo primero: ese bien de la Patria que Artigas proclamó —y vivió— como único objeto de sus esfuerzos.
Esta lucha de hoy por el bien común de los orientales, desafiando los errores de las ideologías materialistas que comprometen la independencia nacional y el torpe talante del agnosticismo que menosprecia la grandeza y el desprendimiento, es una lucha digna de orientales. Fue también el Jefe de los Orientales quien nos dejó al respecto un desafío para esta hora, con esta severa y paternal admonición: “Los males se perpetúan si cada individuo no se manifiesta interesado en la defensa del país y si no hacemos un esfuerzo digno de nuestra grandeza y propio de unos pueblos que aman su libertad”.
