Naciones Unidas: un aliado para la agenda del futuro del Uruguay

Este año, el aniversario nos encuentra inmersos en un contexto internacional preocupante, marcado por la desaceleración económica y las guerras comerciales, pero sobre todo encuentra a Uruguay en un vecindario dominado por crisis sociales, políticas e institucionales, por migraciones de gran magnitud y por los efectos de los desastres climáticos.

Pero a cuatro años de su aprobación, tenemos el reto adicional del cuestionamiento del multilateralismo como herramienta para alcanzar soluciones consensuadas a los conflictos, preservar la paz y promover el desarrollo. Y como hay que empezar por casa, y la crisis del multilateralismo no se resuelve sino estando mejor equipados para que los resultados del desarrollo lleguen a quienes más lo necesitan, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, puso en marcha en 2017 una ambiciosa reforma del sistema que, entre otros objetivos, busca fortalecer su presencia en todos los países brindando respuestas pertinentes, y de alto impacto.

Según el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Uruguay es uno de los pocos países de la región que forman parte del grupo de “muy alto desarrollo humano” y de “alto ingreso per cápita”. Según datos de la Cepal, Uruguay es el país con más baja pobreza y uno de los menores niveles de desigualdad de América Latina. Estas características responden, desde luego, a la evolución reciente del país, pero también a su historia de desarrollo y a la apuesta por los derechos y la protección social a lo largo del siglo XX. A esos rasgos se suma el de la calidad de sus instituciones democráticas y el alto nivel de apoyo a la democracia que expresa la ciudadanía uruguaya, como muestra desde hace más de veinte años el Latinobarómetro.

Sin desconocer esos activos, resulta evidente que Uruguay aún debe superar retos clave para alcanzar un mayor estadio de desarrollo, atendiendo nudos críticos en las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo.

El país deberá resolver la deuda pendiente de la productividad e insertarse en eslabones de las cadenas de valor globales que le permitan alcanzar un crecimiento sostenido y sustentable, y ser así más resiliente a los avatares del comercio internacional.

En particular, Uruguay deberá enfrentar al reto de profundizar la agenda de derechos y equidad en un contexto de menor crecimiento, ya no solo con acciones de política social sino encarando los procesos que generan o perpetúan la discriminación y la desigualdad en los ámbitos económicos.

En lo ambiental, Uruguay deberá resolver cómo seguir creciendo sin impactar su capital natural, descarbonizando la economía, y así aportar a resolver la crisis climática global.

A esos retos se suma el de erradicar la pobreza, que hoy afecta principalmente a las generaciones más jóvenes. La concentración de la pobreza en estos sectores –en particular, en algunos grupos como la población afrodescendiente– se asocia a otros procesos preocupantes, como la segregación socio residencial y la cronificación de algunas expresiones de exclusión social. La concentración de la pobreza en las generaciones más jóvenes –en una etapa clave en el desarrollo de las capacidades de las personas– y la persistencia de fenómenos de exclusión social comprometen la formación del capital humano que Uruguay requiere para sostener su crecimiento y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

Uruguay se halla en un momento clave y cuenta con antecedentes valiosos para enfrentar estos retos: su histórico compromiso con el multilateralismo, los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo.

El país sigue siendo un pequeño gran líder en nuestra organización, ratificando estándares laborales, acuerdos medioambientales y tomando iniciativas antes que nadie, mostrando el camino desde el Cono Sur al mundo.

La transición de gobierno que se avecina abre un espacio para pensar estos desafíos. En este nuevo ciclo de gobierno tendrá, nuevamente, la oportunidad de liderar desde el ejemplo esta compleja construcción que es el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 es un marco óptimo que esperamos contagie a los nuevos líderes, tanto a los políticos como a los de la sociedad civil y el mundo empresarial, e inspire una nueva generación de intervenciones de política pública que definan este nuevo ciclo.

El Estado y la sociedad uruguaya cuentan en el país con unas Naciones Unidas que en los próximos años va a enfocarse en promover la integralidad, la coherencia y la innovación en la política pública, poniendo a disposición nuestras redes globales de conocimiento y las de nuestros socios.

Nuestra cooperación debe acompañar los esfuerzos de los próximos gobiernos para encarar transformaciones estructurales que permitan a Uruguay no solo ser un país de alto ingreso sino también —y más relevante aún— un país que puede alcanzar el desarrollo sostenible con equidad. Esta redefinición de la cooperación de las Naciones Unidas en el país demanda, además, una relación virtuosa con el mundo empresarial y una estrategia integral para el financiamiento de esta nueva mirada país que permita trascender el espacio fiscal actual.

Los objetivos de la Agenda 2030 son ambiciosos y desafiantes, pero Uruguay tiene todas las condiciones para alcanzarlos. El histórico compromiso de Uruguay con las Naciones Unidas, su temprana adhesión a la Agenda 2030, sus capacidades institucionales, sus recursos públicos y privados (financieros y técnicos) y la posibilidad de construir amplios acuerdos políticos y sociales en una democracia sólida son los elementos que permiten ser optimistas en relación con el logro de los ODS en 2030, sin desconocer que para alcanzar esos objetivos y sus metas nos toca acelerar y profundizar los cambios en los próximos 10 años. Tengan la certeza de que, en este recorrido, tendrán en las Naciones Unidas a su primer aliado.

(*) Coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay.