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La inevitable llegada a Uruguay del coronavirus —Covid-19— está profundizando las consecuencias negativas que ya se estaban sintiendo en semanas anteriores, ante la implosión que este nuevo virus produjo en la economía mundial y en los mercados financieros internacionales.
Los lógicos y prioritarios esfuerzos para tratar de contener —o al menos enlentecer lo más posible— la expansión del Covid-19 alteran de manera significativa la vida cotidiana de la gente, a la vez que los temores, miedos y hasta pánico que se producen tienen un efecto multiplicador negativo a través de las expectativas, ya que, súbitamente, el futuro luce mucho más incierto y complejo.
Las “cuarentenas” obligatorias o voluntarias —sin contar aquellos que no pueden darse el lujo de privarse de un solo día de trabajo (jornaleros, informales) si pretenden seguir cubriendo sus necesidades más básicas—, las fuertes pérdidas de riqueza y la incertidumbre respecto a lo que vendrá conllevan consecuencias diversas: caída en el gasto de consumo y en la inversión; menor nivel de actividad y de empleo; baja de la recaudación impositiva —que junto a los mayores gastos directos e indirectos para combatir la pandemia golpean en el resultado fiscal—; y problemas de flujos de caja en las empresas que afecta la cadena de pagos. Todo un círculo vicioso difícil de cortar, y cuyas consecuencias son, al día de hoy, imposibles de estimar.
Ante el dramático deterioro de la situación en los últimos días, aquellos países con algún margen de maniobra lanzaron medidas para intentar contener el impacto económico del coronavirus y recomponer la confianza. Primero los bancos centrales anunciaron nuevos estímulos monetarios (bajas de tasas de interés, aumentos de liquidez, ampliación de los programas de compras de activos, etcétera) y, complementariamente, varios gobiernos dispusieron apoyos crediticios o fiscales. De alguna manera, se está tratado de reflotar la “caja herramientas” que se usó cuando explotó la crisis financiera global de 2007-2008. Pero ante la crisis sanitaria actual, el éxito hasta ahora ha sido poco, lamentablemente.
Todo este panorama se vuelve mucho más complejo para Uruguay, que a diferencia de algunos otros países no cuenta con margen fiscal para hacer frente a este enorme shock adverso. Es en estos momentos cuando se hace evidente lo necesario de ahorrar para los tiempos duros, como los actuales; otra vez, los uruguayos pagarán caro —con una recuperación mucho más lenta del impacto económico— no haber aprendido esa lección.
En lo inmediato, es claro que los pocos recursos de que dispone el gobierno deben ser volcados a la emergencia sanitaria, y que lo prioritario es lograr frenar el aumento del número de infectados antes de que llegue el frío del invierno, para que no colapsen los servicios de salud. La responsabilidad de la sociedad civil es también crucial en esta lucha, cumpliendo a rajatabla con las indicaciones de las autoridades. Al sistema político todo también le corresponde asumir responsabilidades: no es tiempo de discutir sobre herencias o errores del pasado, ni de eternizar debates ideológicos. Se trata de una emergencia y hay que actuar como lo que es, con madurez y cohesión nacional.
Todo lo demás pasa a un segundo plano en las circunstancias actuales. Con mucha suerte, quizás en dos o tres meses se calme el actual pánico que se está viviendo en la economía mundial y en los mercados financieros globales, sea posible hacer una evaluación de los daños y el gobierno pueda determinar la nueva “situación inicial” sobre la cual podrá operar. Si el 2020 ya pintaba como un año muy complicado, ahora lo será más, y seguramente el 2021 al menos también. Ya nada será igual.
