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Un cierto nivel de polémica causó en la izquierda y los medios que responden a ella un spot publicitario de la campaña por no derogar parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Por eso, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dieron su apoyo en redes sociales a la pieza publicitaria que sostiene que con la derogación de determinados artículos (403 y 404) de la LUC se perdería la posibilidad de acelerar los procesos de adopción en nuestro país.
El argumento esgrimido por los opositores es que el artículo (406) en el que se establecen los nuevos plazos para acelerar los procesos adoptivos no está cuestionado y no se pide su derogación. El problema es que la propuesta del gobierno es un combo de medidas incluidas en cuatro artículos de la LUC, que hacen posible que se pueda imponer una reducción de los plazos de cinco años a 18 meses para la adopción. De esos cuatro, se busca eliminar a dos, que son los facilitadores del resultado final. En una palabra: el artículo que propone plazos mucho más cortos no sería más que una expresión de deseo sin los otros elementos de ayuda.
Los voceros de la izquierda que aseguran que tanto Argimón como Delgado están promoviendo un spot engañoso recurren a argumentos que son aún más falaces. Saben perfectamente que el artículo 406 por sí solo aporta poco o nada, como bien dijo la integrante de la Intersocial Feminista Soledad González después de criticar a Delgado por el spot: la población debería saber que votar “una ley que impone tiempos sin destinar recursos humanos y materiales para reducirlos es igual a ¡nada!”.
Los artículos cuestionados dan mayor poder de decisión al Poder Judicial en la adjudicación de las adopciones, permitiéndole en algunos casos desestimar la recomendación del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). Esto sería una especie de pecado mortal para el sindicato de la institución, que había conseguido el monopolio de la decisión durante uno de los anteriores gobiernos del Frente Amplio. No importa que en realidad solo deban ceder una mínima parte de su poder a la Justicia, que en definitiva es la responsable final de las decisiones en cuestión. Siempre van por todo.
Uruguay tiene una de las tasas más altas de la región en cuanto a los niveles de internación de niños en instituciones como el INAU. Esto se debe a la alta burocratización y lentitud de nuestro sistema actual de adopción. Hay mas de 450 niños esperando para ser adoptados y un número similar de familias buscando adoptar, pero el sistema viene muy rezagado en darles el visto bueno a esas familias —menos de 70 casos se concretaron—, a las que probablemente se les exija mucho más que a otras con hijos naturales.
Debemos preguntarnos si “el Estado está siendo eficaz a la hora de procesos de resocialización de menores”, opinó el presidente del INAU, Pablo Abdala. La respuesta es claramente negativa y la LUC intenta dar una tímida mejora a este problema estructural que enfrenta nuestro país. Se establece “una excepción. Si se diera la situación de que el juez deba resolver entre la propuesta del INAU y otra situación de tenencia lícita de ese mismo niño con otra familia a la cual esté plenamente integrado, el magistrado podrá prescindir de la recomendación del INAU y entregar ese niño en adopción a esa otra familia”, explicó Abdala.
Como en casi todo este planteo de derogación de artículos de la LUC, lo que se busca es mantener la omnipresencia del Estado y el poder sindical. La idea es fortalecer mecanismos que con el tiempo ya demostraron su ineficiencia absoluta. En definitiva, se pretende seguir empujando al país a una cultura socialista, que nunca funcionó.
