Lo que sigue es una síntesis de la entrevista de Fynn con Búsqueda.
—A dos años de estar operativo el centro carcelario de Punta de Rieles, ¿cómo evalúa la experiencia?
—Fue la primera experiencia PPP; un proyecto que nació como idea en 2010-2011, se licitó en 2013, fue adjudicada en forma definitiva en 2015 y la obra finalizó a fines de 2017. La operación comenzó en enero de 2018. Fue una experiencia muy buena porque en dos años se logró llamar a licitación, desarrollar el primer contrato PPP, los primeros contratos de financiación mediante la emisión de obligaciones negociables, etc.
—¿Qué tal resulta tener de socio al Estado?
—Bien. Uruguay es un país donde le asignamos una gran importancia a cumplir los contratos. Estos son equilibrados, razonables, financiables y se han logrado cumplir de forma bastante rigurosa y con un nivel de relacionamiento acorde. Es imposible pensar en un matrimonio de 27 años y medio (plazo del contrato PPP) con una relación muy tensa, así que ha sido positivo.
—El contrato es joven aún. Pasada la “luna de miel”, quizás puedan presentarse dificultades…
—No; justamente, es al revés. Con el paso del tiempo la relación se hace más positiva y colaborativa. Por ejemplo, en el establecimiento hay unas 400 personas del INR (Instituto Nacional de Rehablitación) que están a cargo de la cárcel. Ellos venían acostumbrados a gestionar determinado tipo de instalaciones carcelarias con una cultura. Para esta gestión se tuvo que incorporar un modelo que involucra un cambio sustancial en el paradigma de las cárceles en Uruguay, donde los factores de sistematización, locales adecuados de alimentación, de limpieza, mantenimiento, etc. son totalmente diferentes a los que venía siendo en la historia del país. Hubo algunos niveles de tensión que se han ido superando, hay un nivel de colaboración razonable, un estilo de relacionamiento fluido.
—Este modelo de gestión PPP, ¿genera ahorros para el Estado? ¿Qué ventajas tiene?
—Habría que poner un establecimiento de las mismas características, gestionado 100% de otra manera para hacer las comparaciones. Pero fue un proceso licitatorio a mejor precio, este sistema asegura que la construcción se desarrolle y finalice como estaba prevista y en los plazos previstos, y además el mantenimiento y el estándar de prestación de servicios prefijado, todo ello penalizable si no se cumple. Ademas, intervienen terceras partes como financiadores de largo plazo que están observando la calidad de los servicios y las instalaciones.
Pasando raya, en las PPP el Estado, como responsable de buena parte de la infraestructura, da participación al sector privado para que pueda sumar su expertise, aportando eficiencia y eficacia en algunos sectores, sin relegar sus funciones.
Otro ejemplo, sin ser PPP, se ve en los parques eólicos, que fueron un éxito, porque logramos incorporar al sector privado compitiendo con sus mejores precios y sistemas de financiación, y eso redunda en que Uruguay disponga de una matriz energética mucho más barata.
El país viene con una larga tradición, muy lenta, primero con algunas concesiones, después se incrementó con los contratos de energía, y con el mundo de las PPP vino una cantidad importante de oportunidades.
—¿Qué resguardos o mejoras haría en un próximo contrato PPP?
—Del proceso que vivimos con la unidad Punta Rieles es algo que las autoridades actuales y las que vienen también ven, y es la necesidad de agilizar los procesos. Es importante ver qué aspectos de la ley se pueden ajustar para evitar dobles chequeos dentro de las oficinas del Estado o procedimientos o plazos innecesariamente largos. Además, es importante el camino de unificar, de no tener que desarrollar un contrato o un pliego según la unidad que está convocando a la PPP o la licitación. En nuestro proceso participó la CND, que funcionó muy bien. Innegablemente hay que aprovechar todas las experiencias vividas hasta ahora para ver qué ajustar. Vemos que en el caso del MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) se cambió la remuneración de unidades indexadas (a la inflación UI) por una mezcla entre UI y dólares para tratar de buscar no solo el mercado de las Afaps sino otras fuentes de capital.
—¿La concesión es mejor negocio que la PPP?
—Según, no necesariamente. Creo que no hay una antinomia entre concesión y PPP, son simplemente instrumentos con diferencias entre sí. Inclusive ahora se habla de cómo mejorar en forma conjunta las PPP y las concesiones. Circunstancialmente, para un tipo de actividad puede ser más rápido una concesión, cuando son inversiones importantes pero de un control o gestión más sencilla; por ejemplo, para una ruta con el paradigma básico de una ruta y un peaje.
—El futuro ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, viene señalando que las PPP tienen problemas de diseño, y que son caras. ¿Qué opina? ¿Cómo ve los cambios incluidos en el proyecto de urgencia para el régimen?
—Los contratos que se han hecho son razonables y han funcionado. Hasta ahora la experiencia es que de acuerdo a la unidad u organismo hay una tradición y manera de hacer las cosas… ¡No hagamos tan farragoso el camino para llegar al punto que esto sea financiable, un proyecto viable y haya inversores!
Todos los que participamos de este proceso hablamos de ir capitalizando las lecciones aprendidas. Querrán ajustar algo, pero conceptualmente —en términos prácticos— vayamos hacia contratos y pliegos estándar. Que cuando nace un proyecto sea más expeditivo su tránsito dentro del Estado. Y en esa línea entiendo que se quiere encaminar las mejoras: cómo logramos apurarlas, ir a contratos únicos, sencillos, pliegos únicos y claros, donde las cláusulas y puntos clave de cualquier estructura de financiamiento a escala internacional (requeridas por los grandes inversores y buffets de abogados) estén, porque no vamos a inventar nada nuevo.
No hay antinomia entre ambos instrumentos, la sustancia es la misma, la participación del sector privado y fondos de financiamiento privado para el desarrollo de una infraestructura pública. Ya vimos que con la del Ferrocarril Central, más allá de las necesidades y los tiempos, hay una capitalización de experiencias y mejoras en la marcha. Hay que ser pragmático.
—¿Cuán relevante es el sector público en los ingresos de Teyma?
—En el área construcción en el orden del 70%, es relevante. Esperemos que con UPM2 cambie ese porcentaje y que dentro de un año el sector público sea 50% o 40%.
En esa línea, las perspectivas son buenas, hay mucha expectativa para el segundo semestre del año, porque las empresas constructoras hemos desarrollado capacidades no solo de cantidades, sino de gestionar contratos de otro porte. Hay una capacidad instalada de técnicos, operarios, etc. para iniciar nuevamente un proceso de crecimiento.
Después, obviamente, la competitividad pasa por el lado de los costos y los precios, las empresas locales tienen la ventaja de conocer el mercado. En las obras civiles y montajes, las empresas locales tienen firme chance de quedarse con una buena parte (de los contratos de UPM2).
—Es probable que la próxima negociación salarial traiga mayores costos y conflictividad. ¿Cree posible lograr acuerdos ecuánimes y —además— incorporar la productividad como se plantea?
—La construcción ha sido la referencia de tirios y troyanos sobre que es un sector estable, maduro, con capacidad de diálogo y de arribar a acuerdos durante décadas. No tiene por qué ser la excepción justo ahora. Podrá haber mayor nivel de tirantez, pero vemos con optimismo las negociaciones y cada uno intentará quedar lo mejor posicionado que pueda. Pero no vemos un condimento extraordinario.
La productividad es un camino a recorrer, que tiene que estar arriba de la mesa en este convenio y en el siguiente también. Seguramente, no es un partido de una jugada, pero hay que hacerlo para asegurar que se reconozcan remuneraciones adecuadas con niveles de costo final que faciliten la inversión, si no no vamos a tener inversores.
—El próximo gobierno asumirá con un frente fiscal complicado, obras comprometidas y poco espacio para aumentar la inversión pública. Con ese panorama, ¿qué nivel de actividad prevé para el este año?
—No es nuevo para nosotros que pueda darse ese tipo de apriete del sector público, por suerte tenemos en el sector privado inversiones importantes, que van a dinamizar, como todo lo que rodea a UPM2. En 2019 tuvimos un volumen de actividad algo menor a los US$ 100 millones y para 2020 proyectamos un crecimiento de 15% del total del negocio en Uruguay.
