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En Europa y EE.UU., por lo menos hasta hace un tiempo, los médicos eran reacios a recetar antibióticos (a diferencia de lo que ocurre acá) porque si bien mataban el “bicho”, también destruían la flora.
Algo así está sucediendo en muchas democracias contemporáneas: fuerzas políticas frecuentemente alentadas por otras, de tipo más corporativo, buscan echar mano del Poder Judicial para tratar de liquidar “cuerpos nocivos”.
Se llama “judicializar la política”.
Los ejemplos abundan. Van de los más sofisticados, como las luchas políticas en España y los EE.UU. para incidir en la composición de las cortes supremas, hasta movidas mucho más fuertes, como las ocurridas en Brasil y, más recientemente, en la Argentina.
Los motivos concretos pueden variar, pero los objetivos son similares: conseguir un agente externo al sistema político (y a su funcionamiento por mayorías) para atacar al adversario, alterar el resultado usando otras reglas de juego.
Hace unos días, comentando con un amigo argentino el catereté ocurrido por la intervención de la Corte en la disputa presupuestal Nación vs. Ciudad de Buenos Aires, aquel me decía que la situación político-institucional está tan deteriorada en Argentina que no había otro recurso para parar el atropello. Capaz que sí, pero, como el antibiótico, la judicialización afecta la flora democrática, tiene efectos colaterales sobre el funcionamiento de la democracia.
Acudir a un VAR ajeno al sistema, aparte de significar una admisión de fracaso democrático, provoca inevitables distorsiones.
La primera es que, al acudir a un Solón, ajeno a los actores políticos, estos inmediatamente lo politizan. La ruptura del muro de separación de poderes no solo distorsiona la política sometiéndola a reglas diferentes, sino que también tiñe de politización al supuesto árbitro. Así ocurrió con los protagonistas de Mani Pullire, en Italia, con Garzón en España y con Moro en Brasil. La succión de actores judiciales en las luchas políticas no solo no soluciona los problemas, sino que tiñe políticamente al Poder Judicial, afectando su rol y, frecuentemente, su prestigio. El caso Moro quizás sea el más claro: independientemente del fenómeno político (grueso), que lo gatilló, la resultante fue espantosa, tanto para el sistema político como para el Poder Judicial brasileño. Un deterioro del funcionamiento institucional de la democracia.
Por casa no hemos llegado a esos extremos, pero la jugada de levantarle centros al Poder Judicial en temas políticos se está convirtiendo en una etapa esperada para las comisiones investigadoras parlamentarias. Con lo cual estas van tornándose cada vez más en mezclas de circo con teatro y el desenlace cantado de pasar los antecedentes al Poder Judicial solo sirve para prolongar el desprestigio del Parlamento y el enchastre a personas, al tiempo de recargar inútilmente el trabajo de jueces y fiscales.
A lo primero, al desprestigio del sistema político (cuyos actores, al alternarse en el rol de acusadores, creyendo que su movida perjudica al adversario, no captan que el daño es generalizado) contribuyen también inventos como la Jutep. La gente ve en todo eso señales que confirman sus sospechas acerca de la corrupción en la política.
