La relación con El Observador “va a cambiar”. El augurio lo lanzó un funcionario de confianza del gobierno, con llegada a la Torre Ejecutiva, meses atrás, cuando ese medio estaba procesando cambios a nivel de sus accionistas. Uno de los interlocutores del funcionario recordó aquel episodio esta semana, después de que periodistas de El Observador tuvieran que sortear la prohibición interna de difundir información que consideraban de claro interés público.
El martes 20 a última hora de la tarde varios editores y periodistas de ese medio publicaron tuits con el mismo texto e imágenes. “Astesiano pidió información personal sobre Lorena Ponce de León a Jorge Berriel, tres del Ministerio del Interior. Lo pueden leer acá”, decían, y estaban acompañados de dos capturas de pantalla que contenían un artículo periodístico.
La nota detallaba el contenido de mensajes de WhatsApp que intercambió en julio el entonces jefe de la custodia presidencial Astesiano, por separado, con Berriel y con la persona encargada de la seguridad de Ponce de León.
Astesiano quería obtener información sobre el itinerario de un viaje que estaba por realizar la esposa del presidente Luis Lacalle Pou, a dos meses de su separación. En el mensaje que le escribió a Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía, le aclaró que la solicitud debía ser manejada con reserva “total”. En paralelo, le pidió al custodio de Ponce de León que también intentara averiguar el destino del viaje.
Mientras gestionaba la información, que obtendría por Berriel, Astesiano estaba de viaje con el presidente en Colombia.
La información estaba en poder de El Observador desde el martes 20 por la mañana. Su equipo periodístico había sopesado la información, su interés público y había resuelto que valía la pena publicar el contenido en el sitio web. Pero el procedimiento periodístico normal comenzó a enfrentar dificultades.
Lacalle Pou minutos antes de partir a Colombia. Detrás de él, Alejandro Astesiano. Foto: Presidencia
La primicia sobre el contenido de los intercambios con Berriel la difundió MVD Noticias, el informativo de TV Ciudad.
De esa manera, además de la polémica que suscita la propia noticia, se abrió otra que incluyó denuncias de presiones del gobierno, acusaciones de censura y cuestionamientos porque quisieron “meterse” en la vida privada de la familia presidencial para enlodar a Luis Lacalle Pou. También expuso una situación compleja provocada por la llegada a El Observador de un grupo inversor que incluye a los empresarios argentinos Gabriel Hochbaum y Gerardo Werthein, y al abogado uruguayo Jean Jacques Bragard.
En Perspectiva informó el miércoles 21 que “hubo una decisión editorial de El Observador de no difundir esa información, salvo que los periodistas la verificaran con el propio Lacalle Pou y que la fiscal que investiga la causa, Gabriela Fossati, confirmara la existencia de esos intercambios y afirmara que la consulta sobre el itinerario de Ponce de León era una línea de investigación a seguir”.
Los chats mencionados en el artículo son parte de los mensajes que tenía el celular de Astesiano y que integran la carpeta fiscal del caso que lo investiga. El excustodio fue detenido en setiembre luego de que la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno, a cargo de Fossati, lo acusara de ser parte de una red que gestionaba pasaportes uruguayos de manera irregular. La fiscal decidió después abrir otras investigaciones a partir del contenido del teléfono incautado a Astesiano.
Los periodistas de El Observador no pudieron sortear el escollo de la consulta a Presidencia.
El conductor de Desayunos informales y periodista de El Observador, Leonardo Haberkorn, dijo el miércoles 21 durante el programa de Canal 12: “En el episodio puntual este, me consta que hubo intentos desde la Presidencia de que la noticia no saliera”.
El asesor del presidente Roberto Lafluf fue quien habló del tema con la editora jefa de El Observador, Natalia Roba, según fuentes de Presidencia. Añadieron que no hubo “presión”, sino que Lafluf argumentó que no debía publicarse porque se trataba de información privada de la familia del mandatario, y que el pedido de datos del viaje respondía a cuestiones de seguridad. El asesor no profundizó mucho en las explicaciones.
Con esas cartas sobre la mesa, la decisión de no publicar la información fue de los dueños del diario y no del equipo periodístico, que consideraba que había buenos argumentos para seguir adelante y ante la imposibilidad de hacerlo recurrió a sus cuentas de Twitter.
Una fuente vinculada a la nueva administración del diario, consultada por Búsqueda, dijo que “no hubo presiones de Presidencia” y que las llamadas hechas fueron las normales para chequear información. El consultado prefirió no responder a la pregunta de cuál fue el criterio que primó para decidir no publicar, ni si respondió a cuestiones periodísticas o empresariales.
Otras fuentes dijeron que sí hubo una llamada desde la Torre Ejecutiva a accionistas del diario.
Redacción de El Observador
La preocupación
En los titulares de la mañana del miércoles, En Perspectiva informó que el martes los periodistas de El Observador “decidieron divulgar la noticia por su cuenta y hablan de ‘censura’”.
De acuerdo con la información de Búsqueda, la medida de los periodistas de El Observador respondió también a un contexto en el que han aumentado las discrepancias con los nuevos accionistas sobre decisiones periodísticas, algunas que se han resuelto de manera favorable y otras no.
Varios colegas destacaron en esa red social la valentía de los periodistas por dar ese paso de informar, pese a que podría poner en riesgo su estabilidad laboral. Noticias sobre el interés de Astesiano en conseguir información del viaje de la esposa del presidente también fueron publicadas por otros medios, entre ellos, la diaria, Montevideo Portal y Telemundo.
La Asociación de la Prensa Uruguaya emitió un comunicado en el que expresó su “solidaridad” con los trabajadores de El Observador y consideró el episodio como “grave”. Amnistía Internacional en Uruguay también expresó su preocupación por la posible censura.
No es la primera vez que el gobierno queda enredado en una acusación de tratar de incidir en el contenido de los medios. La decisión de Canal 10 de echar al coordinador de sus noticieros Eduardo Preve desató una ola de rumores sobre presuntas presiones de la Presidencia y provocó la respuesta directa del presidente Lacalle Pou, quien aseguró no realizar ni ordenar exigencias de ningún tipo.
La oposición acusó al gobierno de emplear recursos del Estado para desarrollar acciones de “espionaje”. “Atrás quedó el país de Libertad que tanto se habló y fuimos ejemplo de democracia. Hoy se vulneran derechos, espían opositores, exesposas, y presionan medios para no publicar información de interés público”, tuiteó el senador frenteamplista Charles Carrera.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó que se informe sobre el pedido de información que hizo Astesiano acerca del viaje de Ponce de León. “Me parece que estamos muy lejos del objetivo. Me da la sensación de que ha virado el tema a un tema que es de la vida privada del presidente. ¿Qué tiene que ver eso con los pasaportes rusos?”, dijo Heber el miércoles 21 en una conferencia de prensa. “Concentrémonos en lo que estábamos investigando, porque si no, se quiere hacer daño a la figura del presidente”.