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El evento vía Zoom convocado desde París para el lanzamiento de un informe sobre el marco de inversiones en Uruguay mostró a los disertantes —especialistas de esa institución, la Unión Europea (UE), jerarcas del Ministerio de Economía (MEF) y representantes empresariales— alineados en torno a una visión en general optimista sobre el país, que ofrece “estabilidad” aun cuando los gobiernos cambian de color político. Pero también fueron surgiendo recomendaciones y algunos reclamos, como la necesidad de negociar nuevos tratados comerciales y de profesionalizar la gestión de las empresas públicas, la excesiva burocracia para los negocios o la “proliferación” de esquemas de promoción de las inversiones.
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El documento de Revisión de política de la inversión: Uruguay, lanzado el lunes 12, fue una elaboración de la OCDE con el apoyo de la UE que llevó varios años. Complementa el paso dado por el país de incorporarse al Comité de Inversiones del organismo que se inició en el último gobierno del Frente Amplio y se formalizó ya con la administración de la coalición multicolor.
“Una democracia capaz de reformarse y con sólidos fundamentos económicos”, resume sobre el país el informe, si bien acota que en los últimos años “han sido menos impresionantes en términos de desempeño económico” tras acabarse el boom de las materias primas.
“Baluarte”
En la hora y media hubo comentaristas desde París y de Montevideo (ver recuadro).
El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, estaba yendo al Parlamento a presentar el proyecto de Rendición de Cuentas, por lo que dejó un mensaje grabado en el que se refirió a la inversión como una “piedra angular” para la recuperación económica después de la pandemia de Covid-19.
El portugués Antonio Gomes, subdirector de Asuntos Financieros de la OCDE, compartió esa idea. Uruguay “puede seguir construyendo sobre su sólida posición como un destino atractivo y baluarte de la estabilidad, en una región a veces convulsa”, elogió. Y resumió que el examen hecho “mostró importantes avances y esfuerzos para posicionar a Uruguay como referente latinoamericano en atracción y promoción de inversiones”. Entre otras “reformas sustanciales” recientes, mencionó medidas para abaratar trámites al hacer negocios, así como “pasos decisivos para reducir las oportunidades de corrupción y aumentar la transparencia”. El país es percibido como uno de los “más íntegros de la región”, elogió.
Gomes también alentó al gobierno a considerar adherirse a otros instrumentos de la OCDE, como los códigos relacionados con la movilidad de capitales. Sería, dijo, un “paso lógico para posicionarse como hub de servicios financieros en la región”.
El director para América Latina y el Caribe de la OCDE, José Antonio Ardavin, afirmó que Uruguay “siempre ha ido a la vanguardia en la región” y que envía mensajes de “respeto por la democracia” y “apertura” al mundo.
Karl-Otto König, embajador de la UE en Montevideo, fue por un camino similar. Describió al país como “estable y punto de referencia en la región”. Y destacó la relevancia de la inversión europea en Uruguay, con 400 empresas de ese origen instaladas.
No dejó pasar la ocasión para reclamar del Mercosur “señales claras” en materia ambiental, lo que ha sido la traba en los últimos tiempos para concretar un acuerdo de liberalización comercial con la UE.
Examen
Una de las especialistas de la OCDE que lideró la revisión de Uruguay, Mónica Sztejarowska, se congratuló de ver en los últimos trimestres las “primeras señales de recuperación” de la inversión en el país, luego de la caída que se dio en el marco de la pandemia y tras un desempeño “satisfactorio” previo a esa crisis sanitaria.
Como parte de los resultados principales del análisis, dijo que la economía uruguaya es “muy abierta” y, salvo en unos pocos sectores, no hay restricciones de entrada. También dijo que en materia de cobertura de tratados de protección de inversiones hubo “avances importantes”. Elogió también la baja “significativa” lograda en los días que llevan algunos trámites para el comercio transfronterizo, pero los permisos para la construcción son un “campo abierto para reformas a futuro”.
Comentó que las empresas públicas tienen un “notable” peso en la economía uruguaya debido a una “preferencia social” por lo estatal. “En este contexto es importante asegurarse la profesionalización de las juntas directivas” y la “calidad de la gestión”. El documento de la OCDE plantea, en concreto, lo siguiente: “Una posible solución puede provenir de transferir los derechos de propiedad” a una “entidad gubernamental separada que sería responsable de coordinar a todas las empresas públicas; monitorear el logro de las metas de desempeño; nombrar (y despedir, si corresponde)” a los directores; y decidir asuntos estratégicos que exceden la responsabilidad exclusiva de la dirección. También garantizaría que las empresas públicas aborden de manera adecuada y rápida las cuestiones importantes planteadas por los auditores (internos y externos)”. Como ejemplo de instituciones similares menciona a la Corporación de Fomento de la Producción en Chile y al Consejo Nacional de Empresas Públicas en Paraguay.
Respecto de la política relacionada con la promoción de inversiones Sztejarowska destacó reformas favorables en años recientes, aunque cuestionó una “cierta proliferación de esquemas” que puede “crear incertidumbre”. Gioia de Mello, una economista uruguaya que trabaja en el área de políticas de incentivos de la OCDE, profundizó en ese aspecto. Alentó al gobierno a “continuar construyendo un marco regulatorio transparente y coherente”, en el entendido de que la coexistencia de distintas leyes y decretos pueden “generar confusiones a los inversores”, a la vez que dan espacio a “presiones para que haya una política personalizada” de beneficios fiscales. Otra recomendación fue monitorear sistemáticamente los resultados de este tipo de esquemas, más allá de la mejora en términos de transparencia que, según dijo, tuvo por ejemplo el régimen de promoción de inversiones.
Ana Novik, a cargo de la División de Inversiones de la OCDE, clausuró el evento remarcando que la revisión presentada es el “primer paso” de un trabajo para seguir aproximando a Uruguay a las buenas prácticas que promueve esa organización.
