La joven caminaba con mucha dificultad por un amplio pasillo de lo que hace muchos años fue un convento de monjas. Nublada por la medicación, apenas podía hablar y no lograba comprender lo que las funcionarias del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) intentaban explicarle.
“Se quiso suicidar hace poco”, dijo una funcionaria para justificar por qué estaba medicada. La adolescente está recluida por tráfico de droga y mientras ella se traslada lentamente por los pasillos, algunas de sus compañeros gritan pidiendo agua y un baño. Todas están en el CIAF, el hogar femenino del Sirpa, una comisión delegada del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) encargada de atender a menores de edad en conflicto con la ley.
Paredes húmedas, habitaciones hacinadas, algunos hechos violentos y medicación para dormir y soportar las horas de encierro —que en algunos casos alcanzan las 23 horas diarias—, son parte de la vida de los adolescentes infractores recluidos en dependencias del Estado. Hoy hay cerca de 600 menores privados de libertad, una cifra que supera ampliamente la capacidad locativa del Sirpa.
El miércoles 2 y el jueves 3, dos representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y una delegación del equipo de visita del grupo Privados de Libertad del Comité de los Derechos del Niño, recorrió los principales lugares de detención de adolescentes en la Colonia Berro y en varias dependencias de Montevideo. Búsqueda acompañó parte de esa recorrida.
Un trabajo.
Eric Sottas encabezó la delegación de la OMCT que visitó los centros. Respecto a un año atrás, destacó que se disminuyeron las fugas de los hogares y que se avanzó en la mejora de infraestructura para la atención de los adolescentes. Sin embargo encontró un problema importante: la ausencia de apoyo a los menores una vez que salen de un centro del Sirpa.
“¿Tiene algún trabajo señora?”, le preguntó un adolescente a una representante del Comité ni bien entró en su celda del Centro de Medidas de Contención (CMC), ubicado sobre la avenida General Flores.
La mujer le explicó que integraba una delegación que estaba recorriendo los hogares y que quería saber cuál era su situación. En la celda había seis adolescentes. Uno de ellos estuvo dormido durante toda la charla, que duró unos quince minutos. Había tomado pastillas para dormir, como todos. A quienes realizaron la recorrida les llamó la atención el “alto nivel” de medicación que había, en particular en el hogar femenino.
El joven que preguntó por un trabajo aclaró que además tomaba ansiolíticos. “Me quise ahorcar dos veces”, comentó. Es el que más habla y termina contando que tiene una hija y que quiere cambiar.
Sottas se encontró con una situación similar en uno de los hogares de la Colonia Berro. “Un chico me dijo que ya no quería hacer más tonterías”, contó a Búsqueda. “Estaba muy entusiasmado porque tenía un bebé. Le pregunté a dónde iría. ‘No sé’, me dijo. Me explicó que la familia de su mujer no lo quiere, y en la de él no tiene lugar. ‘Creo que hay hogares para nosotros’, me dijo. Pero no hay lugares así”, dijo Sottas.
“El egreso es lo más problemático”, afirmó el representante de la OMCT. Por eso preguntó a las autoridades si hay algún tipo de ayuda monetaria para los adolescentes que salen en libertad. “Como no hay nada, sugerí que alguien al salir ayude a que el chico se inserte de nuevo en la sociedad”.
En todos los casos el nivel educativo de los jóvenes es bajo. Apenas terminaron Primaria y los que fueron al liceo son muy pocos. De todas formas, algunos van a la escuela o toman algún curso en la UTU.
Como en toda lógica carcelaria, los adolescentes saben cuánto tiempo llevan recluidos y cuándo van a salir. También tienen muy claro que hubo un cambio de normativa hace poco más de un año y que eso prolonga su estadía en los centros.
A fines del año pasado, el Parlamento sancionó una ley que modificó el Código de la Niñez y Adolescencia. Uno de los cambios sustanciales es que para los delitos gravísimos la pena de privación de libertad no puede durar menos de doce meses. Son delitos gravísimos el homicidio intencional, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad, secuestro y cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a los doce años de prisión.
En las conversaciones los adolescentes relatan que tienen muy poco contacto con sus abogados. La gran mayoría tiene defensores de oficio y no están al tanto de en qué están sus causas; los casos de abogados pagos son la excepción. “Hay cuatro abogados de oficio y no pueden seguir tantos casos. No hay una relación abogado-cliente”, dijo Sottas.
Sanciones.
Una de las primeras preguntas de los visitantes durante la recorrida es sobre la calidad de la comida. En la mayoría de los casos los adolescentes destacan que es muy buena.
Cómo pasar las horas de encierro es otro tema. Mientras en la Berro hay hogares que permiten salidas para cultivar en la huerta, en la mayoría de los centros de Monteideo hay una hora de salida diaria, que se usa para hacer ejercicio, jugar al fútbol o cantar.
Dentro de las celdas los criterios son dispares. En el hogar femenino no se permite televisión y ese es un reclamo constante de las adolescentes. Pero en otros centros, los varones tienen tele y juegos de Play Station. Incluso, en el Centro de Privación de Libertad, ubicado en Burgues, hay televisión por cable. En este caso las celdas son húmedas, no hay privacidad para ir al baño y alguno de los adolescentes tienen que dormir en el piso. Por eso la única distracción termina siendo la tele. El jueves por la mañana, mientras contaban la historia de sus vidas, tres adolescentes volvían a ver un partido de la Liga de Campeones de Europa del día anterior.
En cada charla la delegación intenta saber cómo es el trato de los funcionarios hacia los adolescentes. En muchos casos los jóvenes cuentan que las sanciones pasan por perder por unos días algunos “privilegios” como la televisión, los juegos o las salidas al patio. Algunos, con el paso de la entrevista, aseguran que han sido golpeado.
“Este es otro asunto problemático. Hay denuncias, pocas porque los chicos no se atreven a denunciar, de violaciones graves, de palizas. Hubo un chico al que le pegaron de manera muy dura y lo llevaron al hospital de Pando. En la Berro nos contaron de un caso en el que los obligaron a limpiar desnudos”, comentó Sottas. “Hay pasividad del Poder Judicial frente a algunos casos, porque los chicos están muy preocupados por si dicen algo y lo que les pueda pasar después. Hay que dar un seguimiento serio porque no tienen posibilidades de denuncia”.
Respecto a su visita del año pasado, Sottas dijo que notó un cambio respecto a los planes de mejoras para evitar el hacinamiento. “Pero para mí no hay que repetir los mismos errores en los nuevos centros. No solo es un tema de estructura, sino de funcionarios. Si se repiten situaciones de violencia, no se los permite salir y están encerrados gran parte del tiempo sin hacer nada, no hay mejora”, sostuvo.
“Se sigue una tendencia de mano dura. Se han llenado los centros, dificultando que las nuevas construcciones puedan desarrollarse porque el número casi se ha duplicado. La obsesión es espacio para los que entran, pero eso va a dificultar el trabajo para la separación de los distintos perfiles. La lógica sería que cada centro siguiera su filosofía”, afirmó.
Sottas evaluó que el gobierno está haciendo un “esfuerzo para mejorar la infraestructura, terminar con lugares inhabitables”, pero que “no hay coherencia de una política sobre qué se hace con los chicos”.
Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño, dijo que se vieron avances en inversión en infraestructura, aunque “quedan cosas por corregir”. “La privación debe ser la excepción y no la regla”, afirmó.
Pedernera comentó que vieron “temor” en algunos adolescentes a la hora de denunciar malos tratos. Por eso planteó que se deben desarrollar “mecanismos para proteger a quienes denuncian” y que “quede claro que la cultura del maltrato se va a perseguir”.
