Obesidad y políticas públicas

En la nota sugiero tres tipos de políticas públicas para combatir la epidemia de la obesidad: a) políticas educativas, en particular un mayor énfasis a nivel de las escuelas y liceos en la importancia de una alimentación saludable (con el agregado de coherencia con lo que se consume en comedores escolares y cantinas); b) políticas informativas que sean de fácil acceso al consumidor, como el etiquetado de alimentos, que permite reconocer con facilidad qué alimentos se exceden en la cantidad de grasas, azúcares o sodio por porción; y c) impuestos que graven el consumo de alimentos que provocan obesidad, por ejemplo impuestos a las bebidas azucaradas o a otros alimentos no saludables.

Vayamos ahora a los impuestos a las bebidas azucaradas o a otros productos no saludables. En mi columna comentaba que el consumo excesivo de alimentos no saludables tiene consecuencias no solamente para el individuo que los consume, sino también para otros individuos de la sociedad, que deben hacerse cargo de los costos que ese consumo impone en el sistema de salud en general. La obesidad aumenta la probabilidad de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, o el cáncer, y, por lo tanto, aumenta los costos del sistema de salud, que en sociedades como la nuestra son pagadas por todos. Esto se conoce en microeconomía como una externalidad. El problema es que la persona, cuando toma su decisión de consumo (por ejemplo, comerse unas papas chips o tomar refrescos con azúcar) no está tomando en cuenta los costos que ese consumo está imponiendo en el bienestar de los demás. Esto lo lleva a consumir papas chips o refrescos con azúcar en cantidades mayores a lo que sería socialmente óptimo. En ese caso, la teoría económica sigue respetando la libertad de elección del individuo. Lo único que propone es que el individuo se haga cargo de los costos que impone sobre otros. Que al decidir cuánto consumir no solamente tome en cuenta los costos privados (los costos para sí mismo), sino también los costos que su acción impone en otros (los costos sociales). Es el concepto clásico de que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad del otro. ¿Y de qué forma se le hace asumir estos costos? Por ejemplo, a través de impuestos. El impuesto es el sobreprecio que se cobra para que el individuo “internalice” los costos que impone sobre los demás. Nadie le impide al individuo elegir cuánto y cómo consumir. Hay personas a las que un refresco azucarado le pueden dar mucho bienestar y eso no está bien ni está mal. Son sus preferencias y son absolutamente respetables. Solamente que se le impone un costo adicional para que cuando decidan si consumir el refresco, tomen en cuenta que su acción también afecta a los demás. Este costo adicional no debe ser arbitrario, sino que debe capturar cuantitativamente los daños que causa en otros. La evidencia muestra, además, que muchas veces el costo no lo asume totalmente el consumidor, sino que son las empresas productoras de alimentos las que deciden reformular y bajar la cantidad de azúcar o de grasas para que sus productos no tengan el impuesto o la etiqueta.

Comparto filosóficamente la importancia crucial de la libertad de elección. Pero abogo por una sociedad en que esa elección sea bien informada, en que los ciudadanos realmente estén pudiendo elegir y no decidan como consecuencia de manipulaciones o simplemente de la ignorancia (en particular cuando hay tanta evidencia que demuestra las consecuencias negativas de una mala alimentación). Y abogo por una sociedad en que los individuos internalicen los costos que sus acciones tienen en los demás. Nada más lejos de identificarme con el burócrata paternalista que le dice a la gente lo que está bien y lo que está mal. Pero sí considero que las políticas públicas deben informar y educar sobre las consecuencias de sus acciones y contribuir a que las personas asuman los costos cuando estas acciones afectan a terceros. Y así poder maximizar el bienestar social.

Ana Balsa